El teatro cine Rialto ha acogido esta semana la solemne firma del acuerdo de gobierno entre Compromís y PSPV-PSOE para el Ayuntamiento de València, reedición del Pacte de la Nau de 2015. Mientras en Grecia el primer ministro electo toma posesión y forma gabinete 48 horas después de las elecciones, en España (y en València) los políticos emplean dos y tres meses en dar a luz acuerdos que podrían haber ventilado en pocos días. La costumbre y el gusto por la teatralidad dilatan los plazos para condenación de los administrados, para quienes cada dia sale el sol y se hace hora de salir a procurarse los garbanzos.
Casi dos meses después de los comicios, la maquinaria municipal se despereza y echa a andar con viejos y nuevos nombres al frente de las distintas áreas de gestión. Sandra Gómez ya es vicealcaldesa, aunque a un precio quizás demasiado alto. La solución que Compromís le ofreció para auparla al cargo que su partido anhelaba para ella ha sido nombrar también vicealcalde a Sergi Campillo, el hombre de Mónica Oltra en el ayuntamiento. De este modo, la portavoz socialista ya no tendrá un cargo singular, lo suyo será compartido con otro edil, y eso coloca al alcalde Joan Ribó muy por encima en la pirámide. La bicefalia soñada por los socialistas no será tal. Compromís gana la batalla de la imagen y del poder. Y el despertador marca la hora de la gestión.
Precisamente Sandra Gómez y Sergi Campillo son los llamados a tirar de los carros más cargados, los que marcarán el futuro de la ciudad. Los aspirantes a hereu de Ribó por Compromís, Pere Fuset y Carlos Galiana, se han visto penalizados por su pugna pública permanente y han quedado algo relegados en el nuevo equipo, en el que hasta Giuseppe Grezzi tendrá un papel más relevante que ambos. En el caso de la vicealcaldesa socialista no hay conflicto. Ella es su propia hereua y de su trabajo dependerá su suerte en 2023.
Sandra Gómez cambia el turismo y el emprendedurismo por el urbanismo, lo que sin duda le facilitará una mayor visibilidad y un contacto más intenso con los agentes que construyen y transforman la ciudad. Acelerar y rematar la transformación del barrio del Cabanyal, dar continuidad al proyecto del Parque Central y llevar adelante, tras cuatro años de cacareo infructuoso, la reforma de las plazas del Ayuntamiento, la Reina, Mercado, Brujas y San Agustín, constituyen un ambicioso programa, que podría completarse con la conexión de la Alameda y el Jardín del Turia con la fachada marítima si no dependiera tanto del Gobierno de España y de la Autoridad Portuaria de Valencia.
Campillo, doctor en Biología, no tiene una misión menos difícil que su homóloga. El pacto que toma el nombre del puente más famoso de Venecia, el Rialto (Rivoaltus, terreno firme, libre de inundaciones), le encomienda ni más ni menos que la renaturalización de la ciudad en el marco de la lucha contra el cambio climático. La situación de emergencia que los científicos subrayan obliga a adoptar medidas inmediatas no solo para preservar el ecosistema de l'Albufera: es necesario intentar refrescar la temperatura de la capital, con reforestación en parques, aceras, terrazas y azoteas, implicando a toda la ciudadanía y fomentando especies idóneas frente a factores ornamentales que han marcado la ciudad en los últimos 30 años.
Otras sendas importantes de gestión están ya trazadas: la apuesta por la bicicleta y la movilidad sostenible; la de las oportunidades económicas y de empleo que ofrecen la innovación y la digitalización; el desarrollo de una política de apoyo a la cultura abierta y diversa; y el compromiso con el feminismo, la democracia y la igualdad. Una igualdad que ha de ser aplicada no solo entre hombres y mujeres: también cuenta entre gobierno y oposición, porque no ha entendido nadie todavía cómo es que 8 concejales de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) tienen que quedarse sin la decidación exclusiva cuando hace cuatro años la norma establecida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy se eludió con un sobresueldo para ocho tenientes de alcalde. El recorte retributivo a la oposición, aunque reducido en su cuantía, es un baldón en el curriculum democrático del Rialto.
Entre las 64 medidas del acuerdo entre Compromís y el PSPV-PSOE hay una especialmente difícil de cumplir: el reconocimiento legal de la ciudad como capital de la Comunitat por parte de la Generalitat, un empeño tradicional de la corporación que ha chocado siempre, y ahora también, con las tensiones territoriales planteadas desde Alicante, donde se entona un lamento de agravio permanente de base real opinable. En días en que una de las 12 conselleries, la de Innovación y Universidades, se instala en la capital del Sur y hasta una rectora magnífica se queja por lo incómodo de la medida, uno concluye que hay que descentralizar más y mirarse menos el ombligo. El vicepresidente segundo, Martínez Dalmau, también debía haberse instalado al pie del Benacantil. Dicen que no hay suficientes funcionarios y que los de València no quieren trasladarse. Un reto más en el desafío de la cohesión territorial.
