Han de acabar los retrasos en los pagos a centros de atención a menores. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas debe pagarles en el momento comprometido, no varios meses más tarde. Las consecuencias de estos retrasos las sufren quienes cumplen su parte del contrato: las entidades, cuyo esfuerzo económico tiene un límite, y sus trabajadores/as, que siguen atendiendo a los niños y niñas acogidos, aunque lleven meses sin cobrar. Es una situación insostenible que la UGT exige que acabe cuando antes.

Estos contratos incluyen muchas obligaciones para estas entidades: mantener el centro en condiciones y tenerlo abierto todos los días (los residenciales), asumir todos los gastos para la atención integral de los niños/as, suscribir pólizas de seguros, disponer del personal cualificado (y pagarles sus salarios y cotizaciones), mantener el nivel de calidad en la prestación asistencial, colaborar con la intervención familiar del equipo de servicios sociales municipales, etc.

La Generalitat tiene la obligación de abonar el importe de las plazas, y hacerlo a mes vencido, no con cuatro meses de retraso. Estas relaciones con las Administraciones Públicas no son equilibradas, y menos para entidades sin ánimo de lucro, muchas de pequeño tamaño. Pero, tras su fragilidad económica, aportan un valor insustituible e inalcanzable para la Administración: están enraizadas en su entorno, en su vecindario, y llevan ahí, en muchos casos, desde hace décadas. El sistema público de protección de menores necesita estos centros.

Durante los últimos años hemos abierto un espacio de diálogo y colaboración entre la Conselleria y los sindicatos y patronales del sector de infancia, que ha permitido una subida de las retribuciones (los salarios en el sector llevan congelados desde 2011) y pactar la revisión de gastos generales y la subvención del equipamiento de los centros. También hemos hablado de estos retrasos en los pagos, acompañados de expedientes de resarcimiento de complicada tramitación, y hemos abordado la necesidad, lamentable necesidad, de financiación externa, como la del IVF. El impulso político de la Conselleria y su apertura al diálogo social son innegables, se ha incremento el presupuesto y la ratio de profesionales, se ha afrontado el aumento exponencial en la entrada de menores inmigrantes no acompañados y algunas actitudes impresentables ante la apertura de nuevos centros, se ha ampliado la cobertura y consolidado el sistema de protección de menores.

Y queda mucho por hacer. El anhelado concierto social cambia la forma de relación con la Administración, pero ha llegado acompañado de unos retrasos en los pagos que cuestionan las ilusiones que despertaba. Su puesta en marcha en el sector de infancia, el pasado 1 de junio, llega con un efecto perverso: el necesario cambio de capítulo presupuestario provoca unos retrasos en los pagos cuando, precisamente, esperábamos que el concierto social los solucionara. Se trata de un periodo transitorio que debe superarse urgentemente.

Desde la UGT insistimos para que los meses adeudados se paguen inmediatamente y que, desde ahora, se abonen con puntualidad a mes vencido. Y reclamamos que se avance para que el pago delegado, como prevé el Decreto de concierto social, llegue cuanto antes.