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Salvar vidas no es delito

En la cultura occidental, el significado de "samaritano" es el de una persona generosa y dispuesta a ofrecer ayuda a quien sea que lo requiera; este significado proviene de la parábola del Buen samaritano, una de las más famosas del Nuevo Testamento. El Buen samaritano es la historia de un hombre que fue robado y golpeado y dejado por muerto, al que no atienden personas, religiosas y de su mismo grupo étnico, mientras que es ayudado por alguien humilde y totalmente ajeno a su comunidad. El "buen samaritano" se convirtió en símbolo de la fraternidad humana y del humanitarismo. Sin embargo, actualmente, sería encarcelado y juzgado por sus actos.

Y así Scott Warren, profesor de geografía volcado en cuerpo y alma con la ONG "No más muertes", se enfrenta a 20 años de cárcel por ofrecer presuntamente "refugio" a dos personas migrantes indocumentadas al proporcionarles ayuda humanitaria en forma de agua, alimentos y ropa limpia, en la localidad desértica de Ajo, en Arizona, donde él vive. Scott, junto con más activistas de su organización, deja bidones de agua en el desierto y medicinas con un objetivo claro: evitar las muertes que tienen lugar en esta zona de la frontera.

En Italia, Carola Rackete, capitana de barco que trabaja para la organización alemana de rescate marítimo Sea-Watch, en junio de 2019, rescató a unas 50 personas (refugiados y migrantes) que iban a la deriva en alta mar frente a las costas de Libia e intentó llevarlos a un puerto seguro en Italia. El gobierno italiano le denegó el acceso, y fue detenida al atracar sin permiso en la isla de Lampedusa, después de haber estado esperando dos angustiosas semanas. Las acusaciones contra ella conllevaban penas de entre tres y diez años de prisión.

Por su parte Helena Maleno Garzón, defensora de Derechos Humanos, periodista, escritora e investigadora española, especialista en migraciones y trata de seres humanos y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, fue citada por la justicia marroquí en diciembre de 2017, acusada, a instancias de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif) de la policía española, por un presunto delito de "implicación con las redes que organizan la inmigración ilegal" desde Marruecos a España, enfrentándose a pena de cadena perpetua; el motivo: sus llamadas a los servicios de rescate cuando hay personas cuya vida corre peligro en el mar, ya que, desde 2001, año en el que se trasladó a vivir en Marruecos, avisa diariamente de las pateras a la deriva.

Aunque en los tres casos en un primer juicio el fallo ha sido a favor de los activistas acusados, sin embargo para Scott Warren la fiscalía estadounidense tomó la decisión de volver a juzgarlo, y Carola Rackete sigue estando sometida a investigación por supuesta facilitación de migración irregular.

Estos casos se enmarcan claramente en el contexto de persecución y criminalización que viven los defensores y las defensoras de Derechos Humanos en todo el mundo. Amnistía Internacional ha constatado los intentos de los Estados por legislar unas políticas cada vez más represivas en materia de inmigración, a la vez que se somete a las ONG y a las personas que se agrupan para defender y exigir derechos humanos a vigilancia, acoso y a la amenaza constante del encarcelamiento, en un intento de silenciarlas e impedir que lleven a cabo su labor .

En Estados Unidos Amnistía Internacional ha documentado, en un reciente informe, que la criminalización del Dr. Warren no es un incidente aislado, sino que, en 2018 y 2019, bajo la Administración de Trump, el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo una campaña ilegal y de motivación política para someter a intimidación, amenazas y hostigamiento jurídico a personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en la frontera mexicano-estadounidense.

En Italia Carola Rackete se convirtió en la primera víctima del nuevo y estricto decreto de seguridad: "Segundo Decreto Salvini" que incluye nuevas facultades para que el ministro del Interior restrinja el acceso a las aguas territoriales por razones de seguridad pública o en caso de que el barco transporte migrantes en situación irregular. En caso de incumplimiento, el capitán o la capitana del barco y el propietario de éste pueden ser objeto de multas administrativas de entre 10.000 y 50.000 euros, y el barco puede ser confiscado.

En España, aunque la modificación del Código Penal (artículo 318 bis) y la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se presentan como una defensa a los "no nacionales" penando, únicamente, los delitos relacionados con la trata de persona (la ayuda no será punible "cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate"), en la práctica, la principal preocupación del legislador es el control de los flujos migratorios quedando abierta la posibilidad de sancionar, de la manera más dura posible, la ayuda a las personas "sin papeles".

Por ello, Amnistía Internacional hace un llamamiento para que todos y todas aunemos fuerzas y que nuestras voces pueden sonar más fuerte que nunca mostrando apoyo a esas personas que dedican su vida a ayudar a aquellos colectivos más vulnerables, como son los migrantes y refugiados. Salvar vidas no puede ser un delito.

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