Muchos recordarán el intenso debate que se produjo en los meses previos a la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, concretamente sobre el uso de la expresión "violencia de género". La Real Academia de la Lengua fue, y siguió siéndolo a lo largo de estos casi 15 años, especialmente beligerante contra ese término, y en general, contra todo aquello que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, igualitario y no sexista.
Hace unos días conocimos la noticia de que la RAE estaba planteándose incorporar el término en la 24 edición de su Diccionario, reconociendo de forma implícita que se equivocó al emprender esa incomprensible batalla. No cabe duda de que el colectivo feminista, los medios de comunicación, los agentes jurídicos y la ciudadanía en general hemos participado, a través de su uso normalizado y habitual, doblegando así una negativa injustificada e injustificable.
Como bien ha señalado la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, resulta incomprensible que esta institución se haya negado a incluir "violencia de género", cuando no había tenido ningún problema en incorporar otros como "Twitter" o "friki", demostrando que su negativa poseía un trasfondo distinto, más allá de una mera cuestión léxica.
Lamentablemente, qué se podía esperar de una institución ciertamente caduca y que necesita de importantes reformas, empezando por aquellas que tienen que ver con la elección de sus académicos y académicas, estas últimas casi inexistentes, donde la mujer siempre ha estado excluida de sus sillones. Cabe recordar que en 264 años la RAE se negó a tener mujeres entre sus miembros y que en sus tres siglos de historia sólo han habido 11 académicas, siendo la presencia femenina actual de ocho mujeres de 44 miembros.
La polémica generada por la RAE fue del todo artificial y motivada por quienes buscan cualquier argumento para atacar al feminismo y su legítima reivindicación. Cómo sabemos quienes nos dedicamos a esta cuestión, la violencia de género es un concepto absolutamente consolidado en la legislación internacional, tratándose de una construcción jurídica totalmente distinta al sexo como rasgo biológico, la cual abarca una determina concepción histórica donde la diferencia sexual se convierte en desigualdad social.
En unas semanas donde los casos de violencia machista se han convertido en un desgraciado y preocupante goteo, es necesario exigir mayor responsabilidad a determinadas personas e instituciones que desde sus sillones, y quizás sin darse cuenta, están legitimando un discurso anti-feminista que, al final, sólo sirve de excusa para quienes usan la violencia contra la mujer como forma para perpetuar esa situación de desigualdad y discriminación que sufren.
