Cuando vienen mal dadas, ejercer de demócrata también supone hacer piña con aquellos que han sido democráticamente elegidos aunque pensemos que se han equivocado. No hacer este esfuerzo de solidaridad crítica es disparar el riesgo de dejarse llevar hacía el abismo del populismo. La contrapartida que cabe esperar por parte de quienes gobiernan es una explicación de las consecuencias de sus decisiones.
En pleno agosto, tomo prestada de Alfons García. uno de los redactores jefe de Levante-EMV, la expresión de Invierno Financiero aplicada a la Generalitat Valenciana (GV). Cuando el invierno pone en riesgo condiciones vitales, de nada sirve proclamar el hispánico «yo ya lo dije» que solo demuestra que alguien empezó a sufrir antes que el resto de ciudadanos además de proclamar su propia incapacidad para convencer a otros sobre la veracidad de sus pesimistas previsiones.
Los silencios son muy elocuentes. Uno de los resultados más significativos del proceso de la recién investidura fracasada fue el clamoroso silencio de Pedro Sánchez sobre dos temas básicos para el futuro inmediato de muchos españoles, ambos relacionados con los recursos para financiar dos de los puntales de nuestro actual sistema democrático: pensiones y comunidades autónomas (CCAA). Dejando para el Pacto de Toledo la cuadratura del círculo de la financiación del sistema de pensiones, en lo referente al problema de la financiación autonómica cabe insistir en que toda solución pasa, bien por incrementar la deuda del Estado o bien por conseguir que la Administración central y un determinado conjunto de CCAA decidan ceder parte de sus actuales ingresos en beneficio de CCAA menos favorecidas en el actual reparto.
Lo oído y lo silenciado en las Cortes tienen una explicación: la reforma del sistema de pensiones es mucho más prioritaria que la del modelo de financiación autonómica y mientras no se entrevea una posibilidad de enfrentar el primero, el segundo va a quedar amarrado a su actual formato, a menos que la situación de Cataluña devenga hacia situaciones todavía más desagradables. Las solidaridades no abundan. El último episodio viene de la consellera de Salud del Govern catalán, quien ante la petición urgente de ajustes en gasto farmacéutico y sanitario por parte del Gobierno central, ha contestado que su departamento no va hacer «ningún recorte», calificando al Gobierno de «incompetente» por «ceder responsabilidades primero y luego pedir recortes». Ninguna referencia a que aquella Generalitat se comprometió en la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos en los años 2017 y 2018 a una tasa del 2,1 % y 2,4 % respectivamente, cuando acabó con el 3,3 % en 2017 y el 4,7 % en 2018. ¿El FLA proveerá?
Resultó muy hiriente el tipo de debate que se dio en la sesión de investidura desarrollada en el Congreso de los Diputados, donde la gran cuestión no pasó de discutir el precio del cuarto y mitad de los ministerios que había que dar a Podemos, cuando los problemas de verdad son otros. Nada supo o pudo adelantar Pedro Sánchez, pero menos inquirieron los grupos parlamentarios. Compromís no supo plantear la gravedad del problema para España, y habló como si la financiación autonómica fuera un tema exclusivamente valenciano. El diputado Joan Baldoví no supo salirse de la cultura del regateo, con un discurso de mercado popular, como si nada comprendiera acerca de lo que está ocurriendo en el Estado y en el fondo señalando a la Generalitat Valenciana como una singularidad propia de ineficaces.
La GV es sin duda una de las partes más débiles, pero ello no debe impedir ver la ruptura de un sistema, que irresponsablemente nadie quiere reconocer. Hemos pasado del otoño de la deuda al invierno de la falta de dinero a causa de la inexistencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2019 que han llevado a mantener los de 2018 y ello cuando el Consell si tiene unos Presupuestos muy optimistas para el año actual, basados en las previsiones de mayores ingresos provenientes de los Presupuestos de Sánchez que no se han dado: 281 millones del IVA de 2017; mayor capacidad de endeudamiento en 237 millones; aumento de la entrega a cuenta de 450 millones, etc. Sin embargo las CCAA que incumplen sus objetivos de déficit están obligadas a presentar un Plan Económico Financiero (PEF) donde prometen reducirlo. Es un momento en el que las administraciones practican entre ellas una extraña liturgia consistente en autoengañarse conscientemente con planes en los que suponen que van a darse las más favorables de las hipótesis posibles. Se comportan como especialistas en elaborar y aceptar previsiones optimistas en el borde de la mentira.
Pero la mentira tiene poco recorrido tanto en las previsiones del Gobierno central frente a la UE, como en las del Consell con Hacienda. El último dato de 2019, hasta mayo, indica que el déficit conjunto de las administraciones públicas españolas, a falta de las corporaciones locales, es de casi 17.000 millones (1,35% del PIB) un 7,5% más que el año anterior. A pesar de manejarnos con un Gobierno en funciones, Hacienda ha puesto sus ojos sobre nuestro Plan Económico Financiero y ha mandado parar al Consell, quien ahora que ha multiplicado su staff va a decir a los recién llegados que van a tener recursos muy limitados. ¿Deberíamos recortar cargos que no sabemos que van a hacer? Hacienda se ha escandalizado por unos gastos de la GV hasta marzo que han aumentado casi un 8% recordando una vez más que se ha presupuestado con una previsión irreal de 1.575 millones del sistema de financiación que no están garantizados.
Como escribía Alfons García la distancia entre el objetivo de déficit marcado por el Ministerio de Hacienda y el gasto realizado por el Consell se ensancha. Dicho de otra manera, la brecha entre el horizonte idílico impuesto por el Gobierno y la realidad es más grande. En concreto, la inyección de FLA para cubrir el déficit real deberá triplicarse.
El Consell está en el bucle queja-más deuda-queja, cuyo final puede ser una crisis territorial como en Cataluña, o una devolución de competencias que permita hacer un replanteamiento financiero de la España de las CCAA (que uno aconseja humildemente). Mientras, la financiación de las pensiones es prioritaria.
