La ausencia de gobierno estable en España y por tanto la imposibilidad de aprobar unos presupuestos generales del Estado, por segundo año consecutivo, provoca de forma real la perdida de una gran cantidad de fondos para las inversiones que nuestra Comunidad necesita, a la par que imposibilita que se abra la discusión al respecto de un cambio en el modelo de financiación que nos pudiese equiparar a la media de las CCAA. Es por tanto necesario explicar que cualquier situación anómala en democracia, como el retraso en la conformación de gobierno, la prorroga presupuestaria o simplemente la falta de acuerdos entre los distintos partidos, provoca consecuencias en la totalidad de las Comunidades Autónomas y por ende en la financiación de los servicios públicos básicos, como son la sanidad, la educación, la dependencia y por supuesto en las inversiones necesarias para el progreso económico de los ciudadanos.

Esto es debido a la dependencia en la gestión de los recursos económicos que las CCAA tienen del Estado, la formula actual en la que las CCAA gestionan los servicios públicos y no tienen competencias en la recaudación para poder hacer frente a las mismas, se ha demostrado un absoluto fracaso, y más aún cuando aparecen turbulencias políticas que impiden que los ciclos democráticos se desarrollen con normalidad con un claro perjuicio para los ciudadanos.

La formula iniciada por Montoro del FLA y de los distintos prestamos, mutualizando en el Estado la deuda de las CCAA, no es otra cosa que una forma de coartar y cercenar la autonomía de los gobiernos en los distintos territorios, y en nuestro caso mucho más aún, debido a la infra financiación existente durante tantos años, esta situación se convierte en insoportable para los valencianos.

Debemos avanzar en un nuevo modelo de gestión de los recursos económicos, avanzar en un modelo de corresponsabilidad fiscal y de distribución equitativa tanto de la gestión de los ingresos como de los gastos, en el que cada Administración tenga capacidad y competencias en los ingresos y gastos de las competencias asumidas, las cuales deberán ser así mismo revisadas de forma consensuadas y acordadas.

En la reforma del Estatuto de Autonomía del 2006, ya dejamos preparado los instrumentos para poder ejercer esta corresponsabilidad en el momento en que se acordara, avanzandonos a lo que necesariamente ha de venir.

No podemos seguir al albur de las desavenencias, turbulencias o falta de acuerdo en el gobierno de España, cuando esto nos afecta de forma directa en nuestro bienestar y en nuestro futuro,