El final feliz -de momento y dentro de lo que cabe- de la pesadilla de los inmigrantes rescatados por el «Open Arms» ha llegado gracias a que el fiscal italiano Luigi Patronaggio se puso firme ordenando el desembarco de los refugiados. Falta mucho para que en realidad el drama concluya para ellos porque sobre las cabezas de quienes arriesgaron sus vidas en busca de un futuro mejor penden todavía demasiadas incógnitas. Pero el episodio ha servido al menos para dejar claras algunas cosas.
La primera, que es la justicia la que saca las castañas del fuego a los políticos cuando éstos no hacen el trabajo por el que cobran, y muy bien. Ya sea en cuestiones de soberanía dudosa o de inmigración ilegal, es evidente que por mucho que se llenen la boca de frases rimbombantes, reclamando diálogo, los responsables de más altura de la gestión política son incapaces de arreglar apenas nada. Por suerte, la separación de poderes en los Estados de derecho permite que haya otras soluciones que deberían ser excepcionales pero se están mostrando como las únicas viables. Lo que sucede es que por la vía de resolver desde las fiscalías y los tribunales lo que debería ser arreglado en los ministerios y gobiernos se está produciendo la fosilización de los problemas. Porque por esa vía cabe tratar los síntomas pero no la enfermedad.
La segunda cuestión es la humanitaria. ¿Le cabe a alguien duda alguna acerca de que lo más importante era desembarcar cuanto antes a los refugiados? Pero como se ha apresurado a afirmar la extrema derecha, que a veces, pocas veces, tira del sentido común, el problema de los inmigrantes ilegales no puede resolverse convirtiendo la acogida excepcional en norma. Con lo que entramos en el tercer asunto: el del papel de las ONG como Open Arms. Que llevan a cabo la tarea crucial de salvar vidas en la mar como ordenan los códigos tanto morales como administrativos, haciendo el trabajo que deberían llevar a cabo los Estados, es obvio. Sin embargo, una vez más son inútiles las generalizaciones. La Cruz Roja es una ONG desde antes de que existiese el término, y que es tan necesaria como irremplazable resulta difícil de negar. Pero ¿sucede lo mismo con todas esas organizaciones? Las palabras del fundador de Open Arms al ser entrevistado con motivo de la crisis de Lampedusa no tienen desperdicio: cargó contra el Gobierno español por exigirle el volver a casa cuando le había negado el permiso para navegar porque, como él mismo reconocía, su barco tiene casi medio siglo y es muy peligroso. Pero siendo así, ¿se debe permitir que haya quien ponga en riesgo una segunda vez la vida de quienes son rescatados en la mar? La moraleja es evidente: mientras los gobiernos europeos no hagan su trabajo y resuelvan el problema, mal nos irá.
