Lo cortés no quita lo valiente y aunque uno piense que el conseller Soler lleve años equivocándose en la forma de encarar la gestión de la insostenible situación financiera de la Generalitat Valenciana (GV) hay que reconocer su entereza renunciando a su escaño en las Corts (profundamente desazonado con la actitud de Compromis) y así afrontar más libre, la dura misión que como responsable del dinero de todos los valencianos va a tener que afrontar desde ahora mismo. Cuando mañana regrese de Madrid junto al president tras entrevistarse con la ministra Montero, todos, incluidos los simpatizantes de la vicepresidenta Oltra, vamos a recibir un baño de realidad. Ello aunque consigan una solución «inmediata y legal para la tesorería de la GV».
Durante un conflicto, la prudencia aconseja intentar conocer las razones que pueden explicar la posición del adversario. Este es un ejercicio pertinente este lunes, pues mañana el president Puig intentará conocer si existe algún mecanismo por el cual la GV pueda recibir de forma inmediata 450 millones de euros de entregas a cuenta para el actual año, que figuraban en los non-natos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. Ello, a pesar, de todas las razones expuestas por el Gobierno central respecto a su propia incapacidad jurídica para hacerlo. Tratemos de indagar lo que con razón o sin ella piensan los responsables del Ministerio de Hacienda.
La ministra Montero, y el presidente Sánchez están cogidos en un renuncio de 4.800 millones de euros, podíamos decir, que 'prometidos' a las distintas comunidades autónomas (CCAA) del régimen general (aproximadamente un 10% de los cuales a la GV). Esta 'promesa' en realidad es obligada cada mes de julio cuando Hacienda debe comunicar los recursos que cada CCAA recibirá por el 98% de la recaudación esperada de los impuestos cedidos (el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los especiales). Estas previsiones deben figurar como compromisos en el proyecto de PGE para el año entrante, a lo largo del cual el Gobierno central paga estas cantidades a las CCAA a través de unas entregas a cuenta del cierre definitivo del sistema, que se hace dos años después. El 2% restante hace de colchón. Si fue optimista en sus previsiones en su momento y pagó más de lo que debía, el Gobierno exige a las CCAA una devolución (es lo que ocurrió en 2009 y 2010 en lo peor de la crisis). Si, por el contrario, les pagó menos de lo que debería, procede a compensarles con la diferencia, cosa que se ha dado estos últimos años cuando la recaudación mejoró las previsiones.
Hace un año vivíamos los optimismos de los viernes sociales y de la preparación de unos PGE-2019 optimistas que confirmaban con creces las 'promesas' hechas a las CCAA que prepararon sus propios presupuestos sobre ellas. En el caso de la GV, contando con 450 millones de euros de las entregas a cuenta adicionales a las recibidas a lo largo de 2018, así como 280 millones correspondientes al IVA de diciembre de 2017, cuyas particularidades superan el marco de esta reflexión. Con los optimistas Presupuestos de la GV aprobados en València, los PGE 2019 llegaron al Parlamento y la sucesión de noticias asociados a ellos están en la memoria reciente: el 13 de febrero se rechazan sin que el Gobierno tenga nada que decir y automáticamente se mantienen los PGE del 2018; el 4 de marzo se convocan elecciones generales que tendrían lugar el 28 de abril junto con las de la GV, seguidas el 26 de mayo por las municipales y las de un buen número de CCAA. Los españoles habíamos votado.
Aunque ahora surgen los grandes lamentos, recordar que hace medio año fue muy mal acogido en el entorno del entonces Botànic I, el aviso que no tenía efectivo para llegar a fin de año y que sería bueno que pensaran en devolver alguna competencia.
Las razones de la ministra para mantener la quietud pueden ser discutibles, pero no incomprensibles. Cuando PP, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Coalición Canaria y Foro Asturias juntaron 191 votos para rechazar los PGE-2019, sólo se pensó en elecciones (generales y autonómicas) y no en retrasar las primeras unas semanas para intentar resolver los problemas para las CCAA derivados de la pervivencia de los PGE-2018. No hubo ni previsión, ni prudencia; sólo olor a sangre electoral.
La ministra no quiere volver a meter la pata y espera como agua de mayo, como muchos españoles, que antes del próximo día 23 haya algún tipo de gobierno en España. Puedo entender que estar al frente de un Ministerio de Hacienda en funciones, sin Presupuestos, con 'promesas' incumplidas, con la probabilidad de unas nuevas elecciones en quince días y con la UE diciendo que la deuda-país crece demasiado rápido, es una situación que invita a la mayor discreción y prudencia.
Desde fuera de la GV, el problema de retraso se puede ver como algo que puede ser digerido, pues en el fondo estamos hablando de una cifra del orden del 3,5 %. Sin embargo, todos sabemos que en el problema financiero de la GV existe mucho más que un retraso en los ingresos. Hay que suponer que esta situación de una simple alarma naranja es la que está encendida en los despachos ministeriales.
Como en toda situación de pre-quiebra (término poco académico, pero que sirve para que los ciudadanos normales podamos entendernos), siempre suele aparecer una contrariedad poco vistosa como causante inmediata del terremoto que viene anunciándose. La causa contable verdadera es una deuda acumulada del orden de 45.000 millones y los sucesivos déficits (reivindicativos, los llaman) cuya gallardía poco cuenta. Que la causa de fondo sea el modelo de financiación es una cuestión que pone a la España de las autonomías en un brete, que más pronto que tarde saltará a la cara de la democracia y para el cual nadie parece prepararse.
