Por principios y eficacia, soy de los más fieles defensores del Estado autonómico que empezó a gestarse en España justo ahora hace 40 años como consecuencia de la Constitución de 1.978. El encaje en la realidad de esos años de la transición, la visión de futuro sobre la evolución de nuestro país y el desarrollo que ha supuesto para nuestra sociedad son para mi incuestionables.
Es por eso que llevo bastante tiempo preocupado con la deriva que ha tomado su credibilidad amenazada en varios frentes. No solo me estoy refiriendo a los partidarios de la autodeterminación, sobre todo, en Catalunya y País Vasco ni a las propuestas recentralizadoras que siempre han tenido un cierto predicamento y que últimamente intenta capitalizar Vox. Me inquieta todavía más la sensación cada vez más generalizada del agravio permanente hacia el Estado y el gobierno central de turno, sea del signo que sea, como fórmula mágica para que los distintos gobiernos autonómicos rehuyan sus propias responsabilidades, intentando rentabilizar políticamente todas sus acciones e inversiones y culpando «a Madrid» de todas sus carencias e incumplimientos.
Como ya he escrito en esta misma columna, en más de una ocasión, objetivamente la Comunitat Valenciana tiene motivos fundados para singularizar su protesta y reclamación en materia de financiación para no ver deteriorados sus servicios públicos. Sin embargo, viendo la actual coyuntura política y económica no se puede ser muy optimista en ver reconocida nuestra particularidad en el agravio y máxime observando los poderosos movimientos tácticos de otras autonomías con intereses muy contrapuestos a los nuestros. No obstante, esto ni puede ni debe servir de excusa a ningún dirigente político nacional o autonómico porque todos, absolutamente todos, han comprometido su palabra con dar una solución urgente al tema. Eso sí, hoy por hoy, la máxima responsabilidad es para los que mandan aquí y en Madrid, Ximo Puig y Pedro Sánchez.
A diferencia de lo que piensan muchos, creo que este clima de incertidumbre política debería ser el idóneo para hablar claro de las cosas importantes como ésta. No soy de esos que, con todo tipo de argumentos y, sobre todo, de excusas nunca encuentran el momento adecuado para protestar menos y actuar más. Si no queremos ver caer en picado esa cifra del 43 por ciento de los españoles que, según el CIS, todavía apuestan por mantener el actual Estado autonómico, debemos repensarlo a partir de un nuevo modelo que, teniendo en cuenta la experiencia de estas cuatro últimas décadas, reorganice competencias entre las diferentes administraciones, clarifique los recursos financieros que cada una tenga, evite los agravios entre comunidades, corrija los que ahora existen con deudas históricas incluidas y, además, les comprometa a una corresponsabilidad fiscal para que den la cara ante sus votantes más directos no solo en gastos sino en ingresos. Para redondear el nuevo escenario, debería fijarse un plan inamovible de grandes infraestructuras como mínimo a 20 años que impidiera estar improvisando otras nuevas por el simple hecho de que las tenga la comunidad vecina. Puede parecer una quimera pero creo que es la única fórmula de blindar ante potentes amenazas un Estado autonómico que con su gestión cercana ha permitido un gran salto hacia la modernidad y la consolidación de un gran estado de bienestar.
Por cierto, me cuenta una amiga que son muchos los que en Compromís andan de los nervios porque aunque son mayoría los que no quisieran alianzas prelectorales en caso de nuevas elecciones, las ambiguas pero muy medidas declaraciones de Mónica Oltra dejando abiertos todos los escenarios les tienen descolocados.
