Aprincipios del mes de agosto el Presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, expresó en nombre del PP su rechazo «frontal, absoluto y para siempre» a la tasa turística. Un lenguaje duro, seco, impermeable a los datos y a las razones. En definitiva, una posición inamovible propia del fanatismo ideológico. Aunque declaraciones como esas, inflexibles y contundentes, pretenden generar una imagen de fuerza, en realidad reflejan una enorme debilidad, la de quien carece de argumentos capaces de convencer y de conectar con el sentido común de la sociedad. Es el no por el no. Un castillo de arena, cerrado y fortificado, pero que se deshace con las olas.
La realidad es más testaruda. Cada vez son más los países que aplican algún tipo de tributo específico que deben pagar los turistas. Decenas. En ningún lugar donde se ha aplicado, se han visto obligados a rectificar y dar marcha atrás. Aunque los lobbies patronales insisten en que «nuestro modelo» no puede compararse con el de otros países europeos como Francia, Holanda, Alemania, Austria o Italia, en realidad hay ejemplos en todo tipo de países: desde Tailandia a Croacia, desde Jamaica a Turquía. La creación o subida de cualquier tipo de tasa o impuesto ha sido sistemáticamente denunciada por la patronal anunciando la llegada del Apocalipsis y el hundimiento de la economía. Nada de eso ha ocurrido nunca y la experiencia de otros países y sumada a la opinión de los expertos desmienten este extremo.
A menudo los grandes debates de fondo sobre los retos que afronta la sociedad, demasiado abstractos y nebulosos, se condensan en cuestiones mucho más prácticas y concretas que se convierten en temas de actualidad. Detrás de la discusión sobre la tasa lo que hay son dos planteamientos distintos sobre el modelo turístico valenciano. Por un lado un turismo al peso, que mide su éxito en batir récords de turistas cada año, por el otro lado un turismo de calidad que se aleja del low cost e incentiva un turismo con mayor nivel de gasto. Por un lado un turismo basado en la depredación del territorio, que genera masificación y cultiva cemento, por el otro lado un turismo basado en la conservación de nuestro litoral y en poner en valor nuestro patrimonio histórico y cultural. Por un lado un turismo que se apoya en la precariedad y la economía sumergida, por el otro lado un turismo que genera unas mejores condiciones laborales y que redistribuye los beneficios del turismo en el conjunto de la sociedad. Por supuesto la tasa turística no puede ser, por sí sola, la solución universal que nos permita transitar de un modelo al otro. Y sin embargo es una palanca que nos permite situar un debate fundamental para nuestra sociedad, nos ayuda a plantear muchas otras cuestiones sobre el turismo y al mismo tiempo es una propuesta eficaz que nos ayuda a caminar en la buena dirección.
En Balears un gobierno de coalición presidido por el PSOE puso en marcha la tasa turística en 2016 con resultados positivos. En Canarias un gobierno de coalición presidido por el PSOE tiene previsto aprobarla próximamente. En la Comunitat Valenciana el PSOE se ha negado hasta al momento a aprobarla alineándose con el PP, Ciudadanos y VOX. Se trata de tres Comunidades Autónomas en las que el turismo tiene un peso específico muy relevante y es un sector en auge, en las tres han existido fuertes resistencias por parte de lobbies patronales a aplicar la tasa, solo en la Comunitat Valenciana han logrado imponerse, hasta ahora, al interés general de la sociedad.
Pero incluso quienes rechazan la tasa saben que, con toda probabilidad, acabará implantándose. Y precisamente por eso sería un ejercicio de inteligencia colectiva trascender un debate binario sí/no para pasar a hablar del modo en que se implementa. Desde Podem hemos propuesto un impuesto que sea progresivo en función del precio por noche, que se pague también en los apartamentos turísticos, que se aplique solo en temporada alta y del que quede exento el turismo rural. Podemos hablar del que, del cómo, del dónde y del cuándo. Pero para poder llegar a acuerdos es necesario algo más que un no «frontal, absoluto y para siempre».
Por nuestra parte hemos mostrado nuestra disposición a ser flexibles para lograr mayorías amplias que posibiliten la aprobación de la tasa turística. En 2017 aceptamos todos los cambios propuestos desde Compromís y el PSOE. Aceptamos una regulación autonómica que símplemente permita que los ayuntamientos que lo deseen puedan implantar la tasa y darnos un periodo de prueba de dos años. Si los resultados fueran positivos ampliaríamos su extensión y mejoraríamos su regulación, es decir, una propuesta de implantación gradual que deseche las previsiones catastrofistas. Hoy reiteramos nuestra propuesta y le tendemos la mano a todas las fuerzas políticas y a todos los actores sociales para sacarla adelante.
