Hace unos días el Real Patronato sobre Discapacidad, en un acto presidido por la reina Letizia, presentaba la nueva Guía de estilo para medios de comunicación en materia de discapacidad, un manual con el que se pretende revisar la ya existente de 2006. En especial, y como indica en el prólogo el Director del Real Patronato y Director General de Políticas de Discapacidad, se busca un texto consecuente con las nuevas realidades y cambios que se han experimentado en nuestro país, fundamentalmente tras nuestra ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ya en el informe de 2015 sobre discapacidad, el Defensor del Pueblo apuntaba la necesidad de revisar la guía de estilo editada en 2006, a fin de conseguir una imagen normalizada y ajustada a la realidad actual de las personas con discapacidad en los medios. En ese sentido, todos los que nos dedicamos a esta materia, sabemos que la discapacidad es una realidad viva y muy cambiante, cuya regulación social y legal ha experimentado una voraz actualización, que también debe reflejarse en estos manuales.

La Guía constituye un instrumento imprescindible para caminar hacia la plena inclusión, y en este punto creo que todas y cada una de sus recomendaciones son esenciales y serán asumidas progresivamente por los medios. Sin embargo, me gustaría detenerme en la reflexión que se realiza sobre las nuevas conceptualizaciones que han surgido de forma artificial para amortiguar el término discapacidad, tales como “diversidad funcional”, “capacidades diferentes” o “personas especiales”, unas expresiones que incluso se han traslado a las propias administraciones valencianas. En ese sentido, y coincido complemente con la Guía, nos encontramos ante un léxico que carece de legitimidad y respaldo social amplio, el cual debe ser desterrado, por cuanto sólo generan confusión y ataca el enfoque inclusivo y de defensa de derechos, tal y como recoge literalmente dicho manual.

Creo que los medios de comunicación, más aún aquellos que tienen un auténtico compromiso social, como es el caso de Levante EMV, no sólo ejercen una función pedagógica en esta materia, sino que han servido en muchas ocasiones para dar voz a los derechos de las personas con discapacidad, así como también, en la denuncia de la deficiente aplicación de la llamada Ley de Dependencia, que tanto hemos tenido de pelear social y judicialmente. Gracias a ello, los medios se han convertido en un pilar fundamental en democracia, siendo intérpretes de la realidad, creando opinión, transformando valores y derribando prejuicios, jugando un papel básico en la construcción de una sociedad abierta, plural e inclusiva, algo que indiscutiblemente debemos agradecerles.