En la Administración Local existen unos funcionarios altamente cualificados y seleccionados directamente por el Estado con la finalidad de controlar que la acción municipal se ajuste a la legalidad. El papel de estos denominados habilitados de carácter nacional no es fácil, ya que han de ejercer sus funciones en el contexto de un cambio cultural en un entorno digital, de la incapacidad de reacción de la maquinaria burocrática ante las demandas ciudadanas y de un amplio marco competencial y carencia de recursos materiales y personales para hacer frente a las numerosas exigencias legales.
En el año 2013 se clarificó y racionalizó el sistema competencial municipal con la finalidad de evitar la disfuncionalidad que supone el ejercicio de una misma competencia por distintas administraciones o el ejercicio de una competencia careciendo de un título competencial habilitante, así como los recursos suficientes. Actualmente, los Ayuntamientos continúan prestando competencias propias de otras administraciones y lo hacen conscientes de que son la administración más próxima al ciudadano. Esta cercanía posibilita prestar un mejor servicio al ciudadano al conocer de antemano sus necesidades. Los servicios sociales, el empleo… son algunas de las competencias impropias que habitualmente se ejercen por los Ayuntamientos. A cambio perciben de la administración competente una subvención que nunca llega a cubrir la totalidad de los costes directos e indirectos que el ejercicio de la misma genera.
Asimismo, en los últimos años las exigencias legales impuestas a la Administración se han venido incrementado en respuesta a la necesidad de que las administraciones sean sostenibles económicamente, más transparentes y con la finalidad de evitar la corrupción.
Por otro lado, desde el 2012 las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado impiden a los Ayuntamientos crear nuevas plazas de empleados públicos para dar respuesta a esa necesidad de mayor transparencia, control del gasto público, eficacia y eficiencia de la acción pública. Esta carencia de medios se ha solventado mediante un abuso de la figura de los programas de empleo temporal. Estos programas han posibilitado la entrada de efectivos jóvenes muy motivados y formados, si bien el uso masivo de esta figura ha provocado una movilidad de estos efectivos entre las administraciones sin precedentes. Ante este panorama, resulta imperioso acometer la transformación digital de la Administración con la finalidad de que sea más transparente, eficiente y capaz de prestar servicios de calidad.
Igualmente hay que fortalecer la denominada autonomía local. La Administración Local ha de prestar aquellos servicios y competencias con mayor impacto en los ciudadanos por ser la más cercana a estos y la más sensible a sus demandas. Igualmente ha de ser capaz de anticiparse a las necesidades ciudadanas en constante evolución.
La Administración ha de disponer de recursos humanos y para ello deben suprimirse las restricciones a la selección de empleados públicos impuestas por las sucesivas leyes de presupuestos generales del estado. Del mismo modo, la administración local ha de disponer de los medios materiales necesarios para el ejercicio de sus competencias y servicios garantizándose así la suficiencia financiera de la entidad local.
En este contexto, los funcionarios con habilitación de carácter nacional, lejos de acomodarse en la tradición de tiempos pasados y conscientes de la necesidad de reformar la Administración, vienen liderando la modernización de la Administración Local con la finalidad de conseguir que su actuación sea eficaz, eficiente, sostenible, transparente, innovadora y capaz de situar al ciudadano en el centro de sus políticas.
