La semana que acabamos de pasar ha tenido un cierto y doloroso gusto a tormenta perfecta para la Comunitat Valenciana. La solidaridad es la que debemos tener con las decisiones que nuestros gobiernos, central y autonómico, tomen a la hora de priorizar las ayudas a las víctimas de la gota fría y que, de una manera o de otra, acabarán mordiendo en otras partidas que nuestros impuestos soportan y que por ahora no van a poder ser. Solidarizarse es no oponerse. La caja vacía es la de la Generalitat valenciana (GV) una situación que ya se expresa en forma de facturas sin pagar, proyectos de inversión aplazados sine die, retrasos en determinados incrementos en la nómina de personal, etcétera. Los tres meses, que pueden ser más, se refieren al periodo relacionado con el fundido a negro que supone alargar cualquier decisión relacionada con la financiación del Presupuesto de la GV, no sólo el correspondiente a 2020, sino, y sobre todo, a la forma como podemos acabar este 2019.
Tras la tormenta, toca reflexionar sobre aquellos cambios necesarios para minimizar los efectos sobre nuestro día a día, de los próximos episodios climáticos y financieros. ¡Gota fría y financiación autonómica, tan lejos y tan cerca en nuestra tierra!
Los urbanistas y los concejales del gremio deben hacer su trabajo y erradicar aquellas construcciones que llevan en sus entrañas el signo de la desgracia para quien las habite. El cambio climático está aquí y solo descerebrados como Donald Trump o simplemente los mafiosos, se atreven a negarlo. A la especie humana le aguardan tres fases: mitigar el calentamiento, adaptarse a él y minimizar el sufrimiento que cause. Como ocurre con todos los fenómenos complejos, nadie puede afirmar con contundencia la relación directa entre la crisis climática y lo vivido en la Vega Baja, pero es una imbecilidad ignorar que hoy 23 de septiembre de 2019, el secretario general de la ONU, António Guterres haga un llamamiento en Nueva York a todos los líderes mundiales para conocer los planes concretos y realistas que tienen previstos para mejorar sus contribuciones concretas para 2020, siguiendo la directriz de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 45 % en los próximos diez años y a cero para 2050.
Los últimos análisis indican que, si actuamos ya, podemos reducir las emisiones de carbono de aquí a 12 años y frenar el aumento de la temperatura media anual por debajo de los 2 °C, o incluso a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, según los datos científicos más recientes. Por suerte, contamos con el Acuerdo de París, un marco normativo visionario, viable y puntero que detalla exactamente las medidas a tomar para detener la alteración del clima e invertir su impacto. Sin embargo, este acuerdo no tendrá sentido en sí mismo si no se acompaña de una acción ambiciosa. Esto es lo que ha hecho desde Alemania la canciller Angela Merkel. Algunos progres ya han dado su opinión sobre esta decisión de la derecha, como si en temas de crisis climática no hubiera que olvidar el lenguaje de la lucha de clases. No es una conversión camino de Damasco, es una conclusión tras analizar el futuro.
Deseando fervientemente que la reunión política de la ONU sirva para que los líderes políticos del planeta Tierra asuman la gravedad del momento y por tanto den instrucciones claras, para que la COP 25 de Santiago de Chile del próximo diciembre ponga la letra pequeña a estas decisiones políticas, volvamos a los problemas de caja de la GV.
Resulta especialmente desagradable comprobar que el tema de la financiación de las comunidades autónomas (CC AA) solo ha sido de interés nacional para los medios y los tertulianos madrileños cuando se han enterado de que el Gobierno central no podía pagar, a causa de su condición de ejecutivo en funciones con presupuestos prorrogados, 4.500 millones de euros por los anticipos a cuenta. Un problema que existía mucho antes de que la Generalitat de Catalunya llevara el tema a los juzgados o que el nuevo gobierno de la autonomía madrileña utilizara el evento para meter el dedo en el ojo del gobierno de Pedro Sánchez.
La conclusión es que tal como nos ha salido el actual sistema basado en CC AA, hoy sabemos que no se diseñó con el debido cuidado, siendo «las cuestiones técnicas» del modelo de financiación las que amenazan con la ruptura del sistemas en un marco donde el principio de solidaridad no toma cuerpo.
Aunque el subidón de patriotismo, propiciado por las imágenes de casas destruidas, campos anegados y carreteras inservibles parece mostrar una solidaridad «entre las tierras de España», lo cierto es que poco se ha notado la generosidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Reino de España por parte del conjunto de las CC AA. Hay que desear que la solidaridad y el sentido común que se registren en Nueva York y en Santiago de Chile superen el espíritu propio del autónomo-nacionalismo que ejercen las auotnomías.
Al Consell le aguardan durante los próximos meses las estaciones propias del Calvario del Pobre. Desgraciadamente, alguno de sus consellers no va a resistir la tentación de usar esta situación como arma electoral para el 1oN (estos chicos son así). A tenor de las ambigüedades escritas en los programas electorales, el perdedor de estas elecciones será el sistema autonómico que nadie quiere reformar, porque no sabe qué proponer. La transición, desgraciadamente, no pudo con él y decidió dejarlo para más adelante, pero nada se ha avanzado. Una herida que supura y por donde sale el principal riesgo de nuestra democracia.
