Vamos de cara a un 9 d'octubre . ¿ Qué se va a celebrar? Seguro que no le darán ningún premio Jaume I, a título póstumo, al cardiólogo Javier Haba Ejarque, o a Luis Valero, presidente de la Confederación de Cooperativas, que se lo merecen. Junto a ellos, al presidente de los comerciantes valencianos, Rafael Torres. No dan votos. En desmotivación por la convocatoria de elecciones generales para el 10-N, el panorama político, social y económico inquieta.
Desajustes. La incertidumbre lleva a los mercados a la volatilidad. No se toman decisiones a medio y largo plazo y tampoco se invierte. El mundo sigue zarandeado por las excentricidades de Donald Trump, al borde de la recusación. El derrumbe de Thomas Cook sobrecoge el ánimo del bravo pueblo británico. Los europeos comprueban la cercanía e interrelación entre la UE y Gran Bretaña. La Comunitat Valenciana, tras una legislatura cumplida del Consell del Botànic, sigue tapando agujeros en el intento de revertir la grave situación financiera y de credibilidad que dejaron los gobiernos del PP. Sin acritud.
Valencianismo. La antigua SGR, donde se fraguó una de las mayores estafas al erario público. Por mala gestión y por el consentimiento de operaciones fraudulentas, sigue saneando sus cuentas a cargo de la Generalitat. De 400 a 17 millones de deuda que pagamos los valencianos. ¿Quién se los llevó? Del mismo modo ocurre en Feria Valencia para superar mil millones de quebranto. Con menor intensidad en las Cámaras de Comercio siguen sorteando la debacle. La gestión privada del dinero público triunfa. Conviene insistir en estas horas de fervor electoral, en que los intereses del País Valenciano están desasistidos. Mucho acceso Norte con ampliación del Puerto de Valencia, muchos eternos corredores ferroviarios con comisionado incluido, mucho Intercitrus refundado con Enrique Bellés al frente, mucho control cameral y mucha efervescencia empresarial de pacotilla. Las dos entidades financieras valencianas que subsisten: Caixa Popular, en régimen cooperativo y Caixa Ontinyent, que no tiene accionistas.
Politica de Estado. No se cansen. Ha tenido que ir a la capital del Estado el presidente socialista del Principado de Asturias, Adrián Barbón, para arremeter contra la política fiscal de la Comunidad de Madrid y de su presidenta del PP , Isabel Díaz Ayuso. La política fiscal en Madrid responde a la política centralista del Estado español, que beneficia a unos y perjudica a muchos. A los valencianos porque se añade al permanente contencioso por el déficit histórico en financiación e inversiones del Estado en la CV. Barbón añade que la política fiscal del Estado lleva al uso torticero de los impuestos entre autonomías. Enredadas en una competición visceral que trasgrede la Constitución basada en la solidaridad.
No va más. Los dirigentes empresariales, que han sido inexplicablemente condescendientes con los gobiernos y Consell del Partido Popular, junto con los responsables de los Pactes del Botànic, han de aceptar que, para afrontar el recrudecimiento de la Gran Crisis de 2008, se necesita reparar los problemas estructurales de la economía valenciana. Se debe a la ineficacia política de los distintos mandatarios de los partidos que han gobernado la Generalitat Valenciana desde 1995.
Récord. La Comunitat Valenciana ha llegado al record de presidents de la Generalitat Valenciana procesados, en los tribunales por prevaricación, malversación, fuga de capitales y cohecho. Más claro: por estafar al pueblo valenciano con premeditación y alevosía. Tres seguidos y en presumible continuidad delictiva: Eduardo Zaplana, José Luis Olivas que le sirvió de tapadera y Francisco Camps, que todavía sigue en el Consell Jurídic, con sueldo, despacho, secretaria, coche, chófer y guardaespaldas. ¿Quién protege a los ciudadanos de estos individuos que formaron parte de una amplia red -en parte descubierta y procesada- para delinquir?
Hablamos de Madrid. El segundo alegato, más académico y documentado, es el publicado por Guillem López Casasnovas en el diario La Vanguardia. Para desvelar la sinrazón y la arbitrariedad de la política financiera y fiscal que se ejerce en España. A cuenta de la posición prepotente que se facilitó en su día a la Comunidad y Ciudad de Madrid. La primera con indebido y absurdo reconocimiento autonómico. La segunda, protagonista de un agravio comparativo con el resto de España, por las prebendas que le otorga la canongía de la capitalidad del Estado. Si Clemenceau defendía que los franceses tenían derecho a no ser de París, los españoles pretenden que los conceptos de igualdad, solidaridad y dignidad se transformen en principios constitucionales a cumplir. ¿Si se acusa al proceso independista catalán de insolidario, por qué no se da ejemplo desde el Estado central para armonizar una política fiscal y financiera igualitaria y generosa?
Capitalidad. Madrid, según López Casasnovas, tiene un 14,2% menos de población que Catalunya y más del 50 % de empleados públicos. Madrid se beneficia en los ingresos de IRPF (1,500 millones de euros), en el impuesto de Sociedades (alberga las sedes de las principales empresas), disfruta aportaciones a la capitalidad a fondo perdido y otras muchas ventajas. La única vía de equiparación consiste en aplicar medidas urgentes de reposición, igualdad, solidaridad, justicia y reequilibrio territorial para reducir tensiones y evitar malquerencias.
