La festividad del 9 d´Octubre constituye una ocasión propicia para reflexionar sobre cómo ha evolucionado la Comunidad Valenciana, en qué dirección vamos y cuál es nuestra posición en el conjunto del territorio español. Este año, como ya nos venimos acostumbrando, la celebración llega en plena precampaña electoral, con los partidos sumidos en una vorágine de actos que, por desgracia, provocan que en muchas ocasiones dejen en segundo lugar la gestión de lo público para centrarse en sus objetivos políticos.

Lamentablemente no se trata de una cuestión exclusiva de esta etapa del año. En los últimos tiempos estamos asistiendo más a una política de gestos, de reparto de recursos, que de generación de esos recursos. En un contexto económico que se va complicando mes a mes, necesitamos más pragmatismo y efectividad en el gobierno de la Comunidad Valenciana, en el Consell. No basta con quejarse de la infrafinanciación, sino que hace falta construir colegios e institutos, algo que no ha sucedido en la pasada legislatura ni en lo que ha transcurrido de la presente. Tampoco han edificado hospitales. En este sentido, el actual ejecutivo está viviendo de rentas.

Sí, desde luego que el pueblo valenciano sufre una dramática infrafinanciación y resulta vergonzoso que un ciudadano de nuestra autonomía reciba menos que un vasco, un navarro o un cántabro. O que pague más impuestos que quienes viven en otros lugares. Y, por supuesto, hace falta que el gobierno de España, esté quien esté al frente, acometa, de una vez por todas, la compleja reforma de la financiación, de manera que la Comunidad Valenciana tenga lo que le corresponda.

Y, aclarado este punto, me parece triste y, sobre todo, una actitud que dice muy poco de quien la profesa, el hecho de utilizar la infrafinanciación como arma arrojadiza para lanzarla contra el adversario político según convenga. La injusta financiación constituye un tema de primera magnitud y muy preocupante, que requiere de unidad y de cambios urgentes. Necesitamos que tanto los responsables autonómicos como los nacionales se la tomen en serio.

La Comunidad Valenciana se juega buena parte de su futuro en esa reforma; pero también en una gestión eficiente de sus recursos. Y, en la situación actual, resulta inadmisible que el Consell hable de recortes. Y mucho más que puedan afectar a pilares del bienestar que tanto esfuerzo han costado de asentar. Si quieren recortar, donde primero tendrían que hacerlo es en altos cargos, personal eventual nombrado a dedo o ayudas a empresarios o a sindicatos.

La ciudadanía quiere obtener el mejor servicio público y al menor coste, y aquí no puede haber recortes. Ni imposiciones, como la del requisito lingüístico, que nos priva, por ejemplo, de que médicos cualificados de otros lugares puedan venir a trabajar a la Comunidad Valenciana a pesar de que disponemos de insuficientes facultativos. La salud, la educación y el bienestar social, están por encima de recortes, de imposiciones y de ideologías.