El líder de la oposición en España, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya sabe lo que es el 9 d’Octubre, día de la Comunitat Valenciana. Participó en los actos festivos en primera fila y en primera persona por vez primera desde que ostenta tan alta dignidad. Ahora quizás no piense ya que las autonomías están para ser recortadas y sus competencias deben ser recentralizadas por exceso de gasto y falta de control, como pregonaba hace meses, antes de dejarse la barba y suavizar sus discursos y sus formas.
En 2018, fue Pedro Sánchez, ya como presidente del Gobierno, quien participó en el acto institucional del 9 d’Octubre sobre la misma tarima en la que se sientan el Consell al completo y la Mesa de las Corts Valencianes. Y este año los servicios de protocolo de la Generalitat sentaron a Casado en primera fila, junto al ministro José Luis Ábalos y no junto a la presidenta de su partido, Isabel Bonig, para que no se perdiera lo que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tenía que decir en su discurso, una intervención que pareció hecha a medida de los oídos del líder conservador.
«Las paredes hablan», señaló el presidente mientras invitaba a los presentes a recorrer con la vista las 102 figuras reflejadas en los frescos del Saló de Corts del Palau de la Generalitat, representantes de los brazos militar, eclesiástico y civil del Antic Regne de València, una prueba fehaciente e histórica de que el autogobierno valenciano no es producto del «café para todos» que se gestó en la Transición, como piensan muchos de los que viven y trabajan en la almendra que circunvala la M-30, en el ámbito del ex Madrid Central, y también muchos vecinos del Norte, que miran por encima del hombro desde una superioridad injustificada.
La visita guiada por la historia valenciana que Puig ofreció a Casado no se regodeó, sin embargo, en la época de finales del siglo XVI. Muy al contrario, después de presumir de pedigrí histórico se detuvo en subrayar que aquella sociedad «homogénea, cerrada y excluyente», vetada a las mujeres y dirigida por varones blancos de edad avanzada tiene poco que ver con la Comunitat Valenciana del siglo XXI, en la que residen personas procedentes de 183 países diferentes «tan valencianas como las nacidas aquí», en una tierra que ha asumido el legado de íberos, romanos, fenicios o musulmanes y que intenta convertir esa diversidad del pasado y del presente en una fortaleza para el futuro, levantando la bandera de la variedad y el respeto frente a quienes se sienten más cómodos en la uniformidad y la homogeneización.
El derecho a la diversidad, a la diferencia, no ha de estar reñido con el derecho a la igualdad de trato. Eso parece que sí lo entendió Casado, quien al tiempo que conocía el extraordinario poder de otorgar premios que el Govern del Botànic tiene (una media de 30 galardonados en cada 9 d’Octubre), y contemplaba el peculiar insultómetro que se registra en las calles de València cada día de Sant Donís, pudo presenciar cómo una de los suyos, María José Catalá, llevaba la Senyera en la procesión cívica. Puede que la práctica de tan intensos diálogos fuera lo que abocara al líder popular a comprometerse con un nuevo sistema de financiación autonómica si gana las elecciones, algo que no habrá que creer, ni en palabras de unos ni en las de otros, hasta que la propuesta entre en el registro del Congreso. Es la promesa preferida del candidato en campaña y nunca se ve cumplida.
En el discurso de la diversidad y de la igualdad, Puig también tuvo un pasaje para sus socios de gobierno, Compromís y Unides Podem. De ese modo cabe interpretar la referencia a que hay que trabajar por la consolidación de la democracia, la cohesión social que no deje a nadie atrás y, muy especialmente, el «crecimiento innovador, sostenible y comprometido con la emergencia climática». Es en este crecimiento donde está la principal discrepancia botánica. Es ahí donde los socialistas, o al menos la mayoría, defienden que hay que empujar proyectos que creen riqueza y empleo frente a unos responsables de Compromís que han decidido marcar diferencias con sus rivales electorales en torno al medio ambiente. Tras cuatro años de gobierno compartido en los que la coalición liderada por Mónica Oltra intentó sin éxito dar el sorpasso a los del puño y la rosa, la formación de la sonrisa naranja ha decidido introducir cambios en su estrategia para obtener resultados diferentes: una apuesta verde sin concesiones, que lleva a una oposición frontal a la ampliación del puerto de València y otros proyectos como Intu Mediterráneo en Paterna, la cementera de Lafarge en Sagunt, y otros que vendrán. Y luego está la entrega de todo el poder de representación a la vicepresidenta de la Generalitat, convertida ya en virtual cantidata de la coalición a la Alcaldía de València en 2023, bendecida por el mismo Joan Ribó. «¿Crecer para qué?» es el nuevo paradigma de los naranjas y también de los morados (Íñigo Errejón incluido), para preocupación de empresarios e inversores que se las ven y se las desean cuando necesitan acercarse a los gobiernos del cambio para sacar adelante proyectos y licencias, unos gobiernos que se comportan a menudo como si no hubiera paro y como si toda actividad económica fuera sospechosa.
La batalla interna por la designación de los nuevos consejeros del Puerto de València en representación de la Generalitat está en ese marco. El PSPV-PSOE designó tres y Compromís, uno. Ahora, estos últimos quieren dos, la mitad, para oponerse desde dentro a la expansión del recinto.
Mucho se queja el presidente Puig de que Madrid practica el dumping fiscal, pero las empresas que eligen la capital del reino para instalar sus sedes no sólo se acogen al paraguas de impuestos más bajos, sino de una Administración que practica la estabilidad y la seguridad jurídicas y no el capricho o el interés político revestidos de un manto de sostenibilidad. Los presupuestos autonómicos, prorrogados o no, serán un infierno para el Botànic, con heridas abiertas en todo lo que huela a colaboración público-privada. Así lo entienden también los portavoces de las derechas, tanto Toni Cantó (Ciudadanos) como Isabel Bonig (PP). Esta última ha sido en el 9 d’Octubre víctima de la fotografía del nuevo poder popular. Pablo Casado tiene nuevos delegados territoriales, y así lo ha dejado bien claro en los salones y en las calles de València durante la fiesta de la Comunitat. Se llaman Belén Hoyo (sentada por delante de Bonig en el Saló de Corts), Carlos Mazón, César Sánchez, Vicente Betoret, Fernando de Rosa, María José Catalá y alguno o alguna más. Sólo la debacle que las encuestas pronostican para Ciudadanos, incluida la que Levante-EMV y otros medios valencianos de Prensa Ibérica publican hoy sobre intención de voto el próximo 10 de noviembre, puede maquillar el plomo que la lideresa popular lleva en las alas, por más que quienes tratan de gratificar servicios prestados se esfuercen en subrayar que hay paz con Génova. La única duda es ya cuál será el mes en el que la exalcaldesa de la Vall d’Uixó cede el testigo que no ha logrado sujetar con solvencia desde que las circunstancias la pusieron al timón de la nave popular en un mar embravecido por la corrupción y la iniquidad.
