La discriminación que relega a las mujeres, se multiplica cuando hablamos de la mujer en los entornos rurales. Digo mujer en singular, porque pese a su diversidad es su condición de mujer, la razón de su discriminación. Y digo en los entornos rurales en plural, porque sean cuales sean las particularidades del mundo rural en el que viven, en todos ellos los indicadores de discriminación se disparan y se agravan, todavía más si la mujer es una persona migrante.
El desequilibrio se expande y se multiplica: tasas de desempleo más altas -por encima del 40%-, brecha salarial por encima de los 400 euros al mes, porcentajes inferiores de presencia en los órganos de decisión y/o responsabilidad, total asunción de las tareas de cuidados que redobla la adhesión al suelo pegajoso, indefensión ante la violencia por la mayor dependencia económica y los menores recursos de intervención, y por encima de todo la invisibilidad de las mujeres en un entorno predominantemente masculino y envejecido.
A todo ello se suma la desigualdad de algunas administraciones que marcan el horizonte del mundo rural. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) menciona la palabra mujer 7 veces en un documento de 205 páginas llamado «El futuro de la alimentación y la agricultura: Vías alternativas hacia 2050», olvidando así los desafíos pendientes que afronta respecto a la mujer en el horizonte agrícola y rural a corto y medio plazo.
Si atendemos a la vertiente europea, la Política Agraria Común (PAC) sigue sin contemplar la perspectiva de género en el programa que marca las directrices y la dotación presupuestaria para el sector, de manera que mantiene las reglas del juego que acrecientan la desigualdad entre hombres y mujeres, sin estrategias en favor de la titularidad compartida, sin criterios de valoración que tengan en cuenta la paridad ni las políticas de conciliación, sin reconocer las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en el mundo rural y apuntalando así su condición invisible.
Es esa invisibilidad, la que obliga a marcar un día en el calendario para abandonar las justificaciones y reconocerlas como víctimas de un sistema patriarcal, para avanzar en el empoderamiento emprendido por las federaciones y entidades de mujeres rurales y acompañarlo de políticas activas que refuercen el trabajo y agilicen las soluciones.
Una Ley de Estructuras Agrarias que avance en titularidad compartida, crear servicios de promoción y asistencia de las mujeres rurales, incluir en las ayudas criterios de paridad y presencia de mujeres en los órganos de decisión, fomentar redes de cooperación, coordinar políticas transversales contra la despoblación con una mejora significativa de los servicios y las comunicaciones, favorecer la formación explorar alternativas de financiación e independencia económica. Este conjunto de iniciativas, complementarias y no excluyentes, son solo algunas propuestas, pero dan buena muestra de los retos y del amplio campo de fórmulas para hacer frente a la desigualdad. Ante una discriminación múltiple, tenemos la obligación y la responsabilidad de multiplicar las respuestas.
