Para que los electores de Vox no se aburran en esta segunda campaña electoral, acostumbrados como están al discurso épico, los fuegos artificiales y a la política ficción, su líder nacional Santiago Abascal leyó el domingo pasado durante un mitin un listado con los nombres de los beneficiarios de las ayudas de alquiler en la última convocatoria aprobada por la Comunidad de Madrid. Todos extranjeros, en su opinión. Cada nombre ("perdonad si no lo pronuncio correctamente", sobreactuaba) era recibido por un abucheo del público enfervorecido. La leyenda urbana de que los inmigrantes se llevan todas las subvenciones en su máximo apogeo, no moleste usted con pequeños detalles como que la Comunidad de Madrid la gobierna la derecha desde hace lustros, y no es posible que a gestoras tan serias como Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes o Isabel Díaz Ayuso se les hayan colado todos esos foráneos captadores profesionales de ayudas sociales. O como que hay apellidos como Smith (pronunciado Esmiz) que cualquier profano atribuiría a un guiri cuando en realidad corresponde al patriota español, o si se prefiere, hispanoargentino, secretario general de Vox. Algo así le contestó en las redes sociales una chica a Abascal: que lleva un linaje impronunciable, pero más años cotizados que él, cosa nada difícil dada el magro currículum laboral del diputado. Les gusta mucho a los de la ultraderecha un bulo, y señalar a las potenciales víctimas de las turbas. Se pasan por el arco del triunfo la ley de Protección de Datos, y todas las demás leyes. Que la ley no te arruine un mitin, ni mucho menos un negocio.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, la hispanocubana Rocío Monasterio, es noticia estos días porque firmó presupuestos y certificaciones de obra como arquitecta sin tener el título. La precoz urbanista convertía fábricas en desuso en lofts coquetones que vendía su marido, el inmobiliario Iván Espinosa de los Monteros, hoy diputado en Cortes. Algunos han sido denunciados por los compradores al percatarse de que no podrán legalizarse jamás. Según informaciones de El País y eldiario.es, presentó con su nombre planos y proyectos que exigen el respaldo de un titulado cuando le faltaban seis años para colegiarse, lo que puede considerarse intrusismo profesional. Ella ha contestado que no recuerda si en ese momento, 2003, tenía o no el título. Como para acordarse de una minucia como la licenciatura, con lo ocupada que estaba. Ha atribuido la denuncia a venganzas de la prensa progre, pues en su despacho se acometían obras de interiorismo y arquitectura. Va ella a saber si firmó por error la demolición de una pared maestra, o el cambio de la tapicería de un sofá. La casa familiar de los Monasterio-Espinosa de los Monteros en la capital también tiene una historia fascinante. Ampliaron un chalet de una planta a cuatro sin permiso, e instalaron el despacho profesional de la diputada en el sótano, de forma igualmente fraudulenta. La vivienda, equipada con ascensor, gimnasio, garaje y una piscina con solarium en la terraza con jardín, nunca ha contado con licencia de ocupación, pese a lo cual intentaron venderla a algún incauto. Hace unos días el Ayuntamiento detuvo en el último minuto su desalojo, tras precintar el sótano por orden judicial, pues la pareja ha presentado un proyecto para legalizarlo que deberá ejecutar en un año. Ojalá lo resuelvan, porque si se tienen que ir de alquiler, ya saben que las ayudas públicas están copadas por extranjeros con mucho morro.
