06 de noviembre de 2019
06.11.2019

Federalismo o confederalismo. La cuestión de la soberanía

06.11.2019 | 19:55
Federalismo o confederalismo. La cuestión de la soberanía

A través de los medios de comunicación y de algunos actores políticos se habla con cierta intensidad, que varía en función de la cercanía de períodos electorales o de crisis políticas como la catalana, de un cambio de modelo en la estructura del Estado y en consecuencia de nuestra Constitución que nos convertiría en un país federal. Pero la cuestión no queda clara porque también hablan de Estado plurinacional, y porque su discurso hace pensar a menudo en la confederación, palabra parecida pero muy distinta en sus consecuencias. Los términos esbozados confunden al ciudadano medio, ajeno a estas cuestiones, lo que hace necesaria una explicación diáfana del modelo federal por parte de los políticos, los periodistas y los intelectuales, y lo más alejado posible de tertulias coloquiales con vecinos y amigos.

Importa especialmente, pues, distinguir y definir bien conceptos como federalismo y confederalismo ante las ambiguedades, algunas calculadas y destinadas a confundirnos. En demasiadas ocasiones cuando leemos u oímos hablar del término «federal», realmente percibimos que lo que se quiere transcribir, lo que subyace en realidad, es el término «confederal». Acaso una «sutileza» bien pensada por algunos importantes actores políticos que suele pasar desapercibida para la mayoría de la población. Además, por esa vía, lo que es una forma de organización del Estado termina convirtiéndose en ideología, en un motivo más de enfrentamiento entre los ciudadanos, algo que uno de los padres de la Constitución, Jordi Solé Tura, condenaba con rotundidad. Comentaremos ambos conceptos y especialmente lo que entendemos como fundamental: conocer donde reside la «soberanía», y por tanto, como consecuencia, en la capacidad de autodeterminación, si reside en la ciudadanía del Estado integrado en una Federación o en la propia Federación en su conjunto.

El especialista clásico en la materia, Francisco Pi y Margall, uno de los cuatro presidentes de la I República española, decía que en la «confederación» el pueblo de cada uno de los Estados confederados es soberano, con lo que, entre otros derechos, le otorga el de secesión; mientras que la «federación» contempla la unidad de los Estados federados en una soberanía unitaria, sin destruir la variedad cultural que cada uno aporta. Andrés de Blas, otro especialista y catedrático, sigue la misma senda afirmando que el Estado federal es el titular de la soberanía, por lo que el principio de autodeterminación y disgregación no está contemplado para ninguno de sus miembros; en la «confederación» sus partidarios justifican la secesión en la protección de derechos y libertades fundamentales, el supuesto expolio que puedan sufrir por el Estado central, o la rectificación de injusticias pretéritas, a lo que se añaden las actitudes oligárquicas de las nuevas elites políticas territoriales. En nuestros días, un buen ejemplo de lo que comentamos para la confederación es, con sus limitaciones, la Unión Europea, en la que confluyeron los países europeos por voluntad propia y de donde libremente se pueden marchar, como estamos comprobando con el traumático y estrepitoso Brexit, y como pretende ahora el independentismo catalán respecto de España.

Los nacionalismos periféricos españoles forzaron el Estado autonómico de 1978 introduciendo lo que, con el tiempo, se ha mostrado como un Caballo de Troya en los entresijos políticos de España: aquello que para unos era una solución al problema porque colmaba las aspiraciones autonómicas de dichos territorios, para otros no era más que la base, la cabeza de playa, para lo que vendría posteriormente. Es una realidad que entre el Estado de las Autonomías y el posible Estado Federal es difícil hallar grandes diferencias, hasta el punto de que hay países federales cuyos Estados miembros tienen menos competencias que nuestras Autonomías. Como apunta De Blas, y estamos comprobando en España, la eficacia de este tipo de Estados, autonómicos o federales, no es garantía de nada a la hora de contener tensiones disgregadoras. El que fuera presidente de Gobierno de la II República, Alejandro Lerroux, en su anticatalanismo, esgrimía «circunloquios confederales» para traer aquí el «rompecabezas austrohúngaro». Ortega y Gasset advertía en 1931 que un Estado unitario que se federaliza «camina hacia su dispersión». La soberanía -seguía- no es una competencia cualquiera, «es el origen de todo poder, de todo Estado, y en él, de toda ley»; y de su fundamento.

Nos encaminamos, si nada o nadie lo remedia, hacia una confederación por la vía de los hechos, con su correspondiente «autodeterminación». Porque, ¿acaso no vivimos ya en España un federalismo de facto con denominación interpuesta? Luis M. Linde ve la Constitución del 78, autonomista, «cercana al federalismo». Por el contrario, las veleidades que se permiten en España, por turnos, a ciertas autonomías son atajadas en países federales con rigor por los Tribunales, que es donde se dilucidan las diferencias de criterios en las democracias. Recuérdese el caso reciente de Baviera que intentó, durante unos días, algo parecido a lo que ocurre en España con Cataluña. Actuaron los tribunales alemanes y no se ha vuelto a oír nada del asunto.

Es evidente que no estamos ante una cuestión menor, pues de ella depende en gran medida el porvenir de nuestro país con esa división que a nadie beneficia. Hay demasiado en juego: nuestro bienestar social, la calidad democrática, etc. Necesitamos y queremos saber exactamente de qué nos hablan los políticos. Y para ello se necesita pedagogía, objetividad, tranquilidad y veracidad, algo que desgraciadamente nuestra sociedad actual demanda y no tiene en las dosis necesarias para la toma de decisiones en cuestiones tan fundamentales como las que hemos intentado aclarar.

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