08 de noviembre de 2019
08.11.2019

El debate sobre las "manadas"

08.11.2019 | 20:14
El debate sobre las "manadas"

Hace más de un año el gobierno puso en marcha una comisión de expertos para estudiar la posible revisión de los delitos sexuales, después de que fueran objeto de una profunda y razonable crítica. Sin embargo, quizás por la situación de desgobierno indefinido que vive el país o simplemente por aquello de «si quieres que algo no funcione, crea una comisión», lo bien cierto es que ningún resultado positivo se ha obtenido y ese tipo de sentencias siguen produciéndose de forma habitual, aunque no salgan en los medios de comunicación.

Quienes tuvimos el ánimo de ver el debate entre los cinco candidatos a las generales, pudimos comprobar que esta cuestión tuvo su espacio y sin duda será una prioridad que tendrá que afrontar el nuevo gobierno. Se ha convertido un tema de calado, que genera incomprensión y alarma social, como hemos podido ver tras la reciente sentencia de la «manada de Manresa».

Mucho se ha dicho y analizado sobre ese fallo judicial, pero equivocaríamos nuestro análisis si exclusivamente nos quedamos en la mera dialéctica sobre la correcta o incorrecta interpretación que los jueces hacen de los vigentes preceptos legales, confiando en que el Tribunal Supremo lo corregirá o tachando a los Juzgados de machistas. Por desgracia, con el Código Penal en la mano, sólo hay agresión sexual cuando concurre violencia o intimidación, aunque la víctima se encuentre en un estado de inconsciencia. Esto mismo ha indicado la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, pidiendo respeto a la decisión judicial de la Audiencia de Barcelona. Con ello quiero decir que la responsabilidad de que se sigan produciendo estas sentencias no es de los profesionales que aplican la ley, sino de aquellos políticos que ostentando el poder legislativo no acometen las reformas necesarias.

Pero es más, si uno analiza las diferentes penas de cárcel que en la actualidad se imponen tanto en el delito de agresión como en el de abuso, podemos concluir que la diferencia en años es mínima o poco significativa. De este modo, queda claro que las legítimas protestas que se producen contra ese articulado no se basan sólo en una cuestión cuantitativa de los años de condena, sino que persiguen la no revictimización de la agredida, la conformación de un ordenamiento jurídico sensible con las víctimas y consecuente con las nuevas formas de violencia, así como también, que se dé una respuesta contundente frente a aquellos que de forma repugnante menosprecian la dignidad y los derechos de la mujer. En definitiva, exigimos una legislación que afirme con rotundidad que en las relaciones sexuales sólo sí es sí.

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