Tras lustros publicando los lunes, uno se acostumbra al vacío que supone escribir en la víspera de un domingo electoral, llegando a la conclusión de que conviene centrarse en aquellos temas que ni siquiera la expresión democrática de las urnas va a poder solucionar en el corto plazo.
La reflexión que sigue sobre el atasco catalán parte de la convicción que estamos en una situación paralizante y que, en este día después, en España hay que mover ficha con urgencia en busca de una nueva «conllevanza» orteguiana para la era de la digitalización y de la crisis climática. Estamos ante un problema español y europeo, en el que además de los propios catalanes, los valencianos y los isleños somos los más afectados.
Hemos oído hasta la saciedad que resolver la situación de Cataluña pasa por sacar el actual conflicto de los tribunales para llevarlo a la discusión política, pero poco se ha dicho sobre las temas que puedan ser objeto de dialogo, cuando todo parece reducirse a un output de tipo binario: independencia sí o sí o mantenimiento del actual estado de las cosas. Afortunadamente, este país no un erial intelectual y contamos con personas que silenciosa y rigurosamente buscan caminos para abrir una discusión política entre españoles. Una aportación de hace escasos días proviene de Antonio Bayona, letrado mayor del Parlament de Catalunya entre julio de 2012 y junio de 2018, que tuvo un inevitable papel en algunas de las etapas del procés. El autor no es ingenuo y sabe que cualquier propuesta de estas características para unos será ridícula y mientras otros la entenderán como la cesión a un chantaje político.
Bayona razona que por el momento hay que descartar tanto reformas del Estatuto como de la Constitución, por lo que se plantea si con estas restricciones existe margen suficiente para elaborar una propuesta ambiciosa por otras vías, con acuerdos políticos articulados mediante los instrumentos jurídicos adecuados. Aunque parezca que no exista demasiado recorrido para esta opción, el jurista razona que la Constitución es más abierta y flexible de lo que parece en materia de autonomía territorial y por ello propone intentarlo. Dejando para los juristas los instrumentos que podrían implementarlos, tres son los contenidos materiales que emergen de este análisis: financiación, reparto de competencias y reconocimiento de una posición singular en los aspectos más relevantes relacionados con la identidad nacional.
Como toda reflexión procedente de una Cataluña cada vez más estresada, esta propuesta también tiende a reducir el actual problema a Cataluña vs. resto de España (realmente se habla de Cataluña vs. España, término que tiendo a evitar ya que suena a oxímoron) dando por supuesta una gran homogeneidad de este resto de España, cosa que no es cierta, pero que ahora cabe soslayar ante la imperiosa necesidad de afrontar el problema catalán.
Sin quitar importancia alguna a los dos últimos elementos: reparto competencial define el contenido material del autogobierno y al reconocimiento de la identidad nacional catalana («En cualquier caso, y en el momento en que nos encontramos, no parece realista pensar que una oferta para salir del círculo vicioso en el que estamos pueda tener recorrido sin asumir sin complejos la realidad plurinacional de España; una realidad que, aunque muchos no quieran verlo, ya está reflejada en la Constitución, sin perjuicio de que ello no se haya podido traducir siempre en un reconocimiento claro e inequívoco del juego que puede tener el principio de diferenciación o de asimetría territorial. Hoy, más que nunca, éste es un aspecto esencial y debería ser centro de atención prioritario») estos son días en los que la financiación autonómica (realmente la falta de) ocupa y preocupa en la Comunitat Valenciana.
Para comentar y solidarizarse desde València con el primer contenido planteado, esto es, un radical cambio en el sistema de financiación autonómica, hay que meditar sobre el espeluznante dato, conocido esta semana, que indica que la Generalitat puede cerrar el ejercicio 2019 con un déficit del 1,8 % de nuestro PIB y que ha preparado para 2020, un año más, unos presupuestos basados en 1.350 millones de ingresos fake, virtuales o simplemente mentirosos, a cuenta de un nuevo modelo de financiación autonómica. No voy a insistir más en la posibilidad de devolver ordenadamente al Estado ciertas transferencias (nada que ver con la visión de Vox, una coletilla que ahora estamos obligados a añadir quienes desde una visión progresista, pretendemos reformar el actual sistema autonómico) para saber de una vez por todas como podemos mantener con menos riesgos financieros el estado del bienestar de los españoles.
La línea de pensamiento de Bayona sobre la financiación le lleva a proponer, entre otras cosas juiciosas: la reformulación del propio sistema aprovechando que es una materia en gran parte desconstitucionalizada y diferida a una ley orgánica (que podría contemplar incluso variables dentro del llamado sistema común de financiación) así como una incoherencia que estamos viviendo en carne propia consistente en que muchas competencias autonómicas, sobre todo las que implican un mayor impacto social, guardan estrecha relación con la disponibilidad y la gestión de unos recursos que se integran en aquellos presupuestos. Habría que reflexionar sobre las incoherencias que esto supone y asumir las consecuencias lógicas de asociar la distribución y gestión territorial de estos recursos con la titularidad formal de las competencias.
Desde el desconocimiento de lo jurídico, celebrar esperanzado que quien lo conoce bien, tenga la valentía intelectual de exponer la posibilidad de «construir una propuesta articulada, sólida y coherente para propiciar un cambio sustancial respecto de la situación actual. Es necesario insistir en que hay recorrido para la política, mucho más de lo que pueda parecer a simple vista, aunque sólo sea para encontrar una solución provisional». Son deseos propios del día después.
