Simplificar es sencillo pero suele conducir a error. Y si la simplificación establece dicotomías y términos antagónicos, cae con frecuencia en argumentos inservibles. Hablamos de lo público y lo privado y de lo privado y lo social. Cuando la derecha llega a gobernar, con el argumento de la mejora de la gestión, a menudo pretende privatizar y suele ocurrir que esa supuesta mejora de la gestión, esconde intenciones de convertir servicios públicos en puro negocio para algunos. Cuando es la izquierda quien gobierna, la tendencia siempre suele ser la contraria: se retorna al servicio público a toda costa, y coste, como si eso, por sí mismo, fuera la garantía de una mejor gestión y un mejor servicio al ciudadano.
Desde el punto de vista de la Fundación Novaterra, en tanto que entidad de naturaleza social, estos planteamientos conducen a unas dicotomías de vaivén que no producen ningún avance por ser absolutamente estériles. Respecto al primer planteamiento, enarbolado por los paladines de la privatización, muy poco tenemos que decir al respecto puesto que se descalifica de modo flagrante. Baste con pensar en acciones como la venta de parques públicos completos de viviendas de propiedad pública a fondos buitre y otros desmanes. Estamos radicalmente en contra de este tipo de privatizaciones que esconden intenciones aviesas de hacer negocio con lo público.
Respecto al segundo planteamiento, hay que decir que el estado y las administraciones públicas, en todos sus niveles tienen, entre otras obligaciones, la de trabajar por la cohesión social, al tiempo que deben planificar políticas que salven las fracturas de una sociedad en la que el mercado ejerce su dictado creando pobreza y generando desigualdad entre los ciudadanos. Ésta es una de sus principales obligaciones: la planificación con la que han de programar actuaciones orientadas a una mayor justicia social. El estado, además, debe garantizar los derechos básicos de las personas y tiene la responsabilidad de la planificación al actuar sobre las desigualdades y promover la cohesión social. Pero junto a dicha responsabilidad ¿hemos de considerar al estado como único responsable y único actor posible en acciones de mejora orientadas al beneficio de personas y grupos sociales? Nosotros entendemos que no.
Con frecuencia oímos discursos sobre la Responsabilidad Social Corporativa o sobre la responsabilidad personal, que se promueven incluso con leyes publicadas desde gobiernos, ministerios y conselleries. Es evidente, por tanto, que las propias instancias gubernamentales no quieren estar solas en el quehacer social, ya que invitan a otros actores sociales a entrar en acción y a sumarse a tareas de reparación y promoción de personas y grupos sociales desfavorecidos y en desventaja. Desde aquí afirmamos que no todo lo que no es público es negocio, así como que no todo lo que dice ser entidad social es por definición promocional. Y queremos dar razón ideológica que, en la sociedad, ni todo debe ser estado ni todo debe ser mercado. La iniciativa social no es negocio sino que su acción apunta a resolver problemas de personas y grupos sin buscar beneficio económico.
La iniciativa social, ejercida bien por una entidad, asociación, fundación, o bien ejercida por una empresa que bien puede ser de carácter social y que nace para resolver un problema social, es sociedad civil comprometida y en marcha. Esa iniciativa civil es fértil en ideas, ágil en la generación de respuestas y añade a la acción social, junto a profesionales con alto nivel de profesionalidad, la implicación y el protagonismo de personas voluntarias que se movilizan y comprometen en una acción solidaria de gratuidad.
Junto a lo anterior, defendemos que la sociedad civil debe estar vertebrada porque, si el espacio entre el estado y el individuo es un desierto, si ese espacio es tierra quemada de una sociedad invertebrada, somos presa fácil de cualquier autoritarismo del signo que sea. Entendemos que la sociedad debe estar organizada, que la sociedad civil debe estar articulada como expresión de una ciudadanía consciente y solidaria, tejiendo con su actuación soluciones y propuestas en una acción concertada con las administraciones públicas. Esta idea responde al derecho y al deber de la asunción universal de responsabilidades, porque todos somos responsables de todos y porque las desigualdades sociales no solo son responsabilidad del Estado, ni tampoco por tanto debe ser el Estado el único encargado de resolverlas.
Desde la Fundación Novaterra (www.novaterra.org.es) apostamos decididamente por la articulación de la sociedad civil, por su vertebración, lo que comporta una apuesta importante por la generación, ampliación y fortalecimiento de entidades y organizaciones del Tercer Sector del que formamos parte activa, de modo que sean capaces de integrar ciudadanía organizada con fines solidarios y promocionales. Y apostamos igualmente por una acción concertada entre la iniciativa de las administraciones públicas y la iniciativa social ciudadana non profit, de modo que entre una y otra construyamos y presentemos un frente común de acciones y programas con los que seamos más eficaces y eficientes en la apasionante tarea de servir a personas y grupos socialmente necesitados de promoción. Y todo ello por una simple cuestión de justicia, de responsabilidad compartida y de sentido común.
