Cuatro mil millones dice el Gobierno en funciones que va a poner encima de la mesa en los próximos años para que el corredor ferroviario mediterráneo sea una realidad en 2025. Así lo ha anunciado en la cumbre semestral de chequeo a las obras celebrada en Elx el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. El ministro José Luis Ábalos no pudo acudir a la capital del Baix Vinalopó por estar negociando la abstención de ERC a la investidura de Pedro Sánchez. Parece que el presidente en funciones se ha dado cuenta de que tenía que poner en la sartén a alguien de peso junto a la asturiana Adriana Lastra si es que quiere de verdad un pacto para evitar unas enésimas elecciones generales.
La frase de la jornada de chequeo, con más de 1.500 empresarios y agentes sociales presentes, es sin duda la del presidente de la Fundación ProAve Federico Félix: «El corredor mediterráneo está en marcha... fúnebre». El responsable de la entidad convocante de las citas semestrales, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) Vicente Boluda, no es tan sarcástico como Félix, pero se muestra también el malestar de su organización con la extremada lentitud con la que avanzan las obras, de imposible finalización en 2025, diga lo que diga el Gobierno.
El repaso a los trabajos del corredor realizado por los expertos delante de un repleto pabellón de la Institución Ferial Alicantina (IFA) resultó realmente desolador. Si el objetivo es que dentro de seis años esté acabada una plataforma con dos vías de ancho europeo para viajeros y otras dos para mercancías entre Algeciras y la frontera de Portbou, en Girona, resulta absolutamente imposible que en 2025 esté en servicio siquiera un tercio del trazado. Es cierto que el Ministerio de Fomento, en los últimos años, ha dado un impulso decisivo a los trabajos, espoleado por el movimiento Quiero Corredor, pero, como todo lo que no pasa por Madrid, el empeño en la doble plataforma ferroviaria no ha logrado traspasar la piel de la Administración Central del Estado. Como se pone de manifiesto una y otra vez en las citas semestrales que AVE organiza, el corredor mediterráneo es tan poco prioritario para las altas esferas como la consecución de un nuevo sistema de financiación autonómica que acabe con la discriminación de comunidades que también están a su vez concernidas por la red del arco litoral, como Cataluña, Murcia o la Comunitat Valenciana.
Resulta que en la España radial de 2021, el litoral mediterráneo de la península que concentra el 50 % de la población, el 50 % del Producto Interior Bruto (PIB) y otros elevados indicadores en relación con las cifras del Estado está condenado a llorar permanentemente para disponer de una red de comunicaciones que permita una movilidad sostenible a su población fija y flotante y una red de transporte ágil que coloque en el mercado europeo sus apreciados productos y servicios. Y no solo eso: el viaje en tren entre València y Barcelona es hoy un infierno, como ha subrayado el presidente de Mercadona, Juan Roig, y las soluciones parciales anunciadas se retrasan una y otra vez.
Por fortuna, los más importantes empresarios de las comunidades litorales, con la patronal española CEOE de Antonio Garamendi al frente, están dispuestos a mantener la presión por una causa que consideran justa. Y junto a ellos, muchos más, como pequeñas y medianas empresas, sindicatos como la UGT-PV de Ismael Sáez, clubes deportivos como el Levante UD de Quico Catalán o el Valencia Basket de Vicent Solá, o grupos de comunicación como la editora de Levante-EMV, Prensa Ibérica que preside Javier Moll.
Porque el corredor, como la necesidad de una financiación autonómica justa, ha rebasado el ámbito de los directamente interesados y se ha convertido en un tema de la agenda social global, un asunto que ha calado en la ciudadanía, que no entiende por qué se le escamotean una red adecuada de comunicaciones o unos fondos estatales suficientes para atender los servicios básicos como sanidad, educación o justicia, a quienes llevan décadas realizando aportaciones decisivas a la economía nacional.
Por desgracia, todavía hay quienes se resisten a sumarse a este empeño de todos por razones y estrategias electorales. La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, no se dejó ver por Elx para respaldar la reivindicación del corredor, ni tampoco el líder de Ciudadanos, Toni Cantó. Es cierto que los organizadores prefieren que sea la sociedad civil la que se concentre en apoyo de la red ferroviaria, pero nada impide a los líderes políticos que se sumen a esta iniciativa. La lideresa conservadora sí tuvo tiempo para apoyar con su presencia, el mismo día, la ruta del grial, el recorrido turístico que conecta el monasterio de San Juan de la Peña con la València del Santo Cáliz. Ojalá sirviera ese itinerario para exportar naranjas o transportar coches fabricados en Ford Almussafes! Pero no. Bonig está cabreada con el mundo empresarial valenciano desde que éste se implicó orgánicamente en reivindicaciones como el corredor o la financiación autonómica ante el Gobierno de Mariano Rajoy, y castiga con el látigo de su indiferencia todo lo que huela a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana que preside Salvador Navarro, ya sea un manifiesto o una cadena humana en demanda de la recepción de más fondos del Estado para la Comunitat . Inexplicable pero cierto y triste por proceder esa actitud de quien afirma estar ilusionada con gobernar la Generalitat Valenciana en 2023. Ella fue la consellera que desde el Govern presidido por Alberto Fabra validó la instalación del tercer raíl en la red ferroviaria para permitir el paso indistinto de convoyes de ancho ibérico y ancho internacional, un parche que aún hoy no se ha completado y que no está a la altura de una sociedad que necesita y reclama unas infraestructuras de primera división y no de desechos de tienta. Seguro que los organizadores de las cumbres semestrales están encantados de ver a Bonig en la próxima cita semestral. Sería todo un gesto de implicación por su parte con la sociedad de la que emana su liderazgo político. Aunque quizás para entonces ya no esté al frente de los conservadores valencianos y pueda ir como ciudadana de a pie.
Vicent Marzà da un paso adelante
Después de más de cuatro años de reclusión voluntaria entre los muros de la sede de la Conselleria de Cultura y Educación, el titular del departamento, el diputado por Castelló Vicent Marzá, ha salido a escena para hablar de política y dejar claro ante los suyos que está decidido y en condiciones de convertirse en un referente no ya de su partido, el Bloc Nacionalista Valencià, sino de la coalición Compromís que hoy lidera Mónica Oltra, perteneciente a la formación minoritaria del logo de la sonrisa naranja, Iniciativa del Poble Valencià. Esta misma semana que se cierra, Marzá ha comparecido en el Fórum Europa para expresar las bases de sus convicciones políticas y decir alto y claro que está a disposición de sus compañeros de Compromís para lo que estos le encomienden en el futuro. Lo que se interpreta a todas luces como la presentación pública de su candidatura (con un vacío casi total de Iniciativa) ha coincidido con el encargo que le ha hecho su partido, el Bloc, de que redacte y defienda la ponencia política, la más importante, en el congreso que se celebrará en junio. Este movimiento viene precedido por otros realizados por referentes del partido nacionalista, como Águeda Micó, quien en una entrevista publicada hace días por Levante-EMV defendía que son necesarios cambios en Compromís para resolver cuestiones organizativas que no funcionan, algo que dejó entrever también Marzá en su conferencia del martes pasado al hablar de que los partidos son instrumentos de cambio social, no fines en sí mismos. Las aguas van hacia convertir Compromís en un partido o que cada uno de los socios vaya por su lado.
