Cuando los periodistas no irritamos a nadie con nuestro trabajo, algo estamos haciendo mal. No es cierto que las libertades de expresión y de información estén a salvo en el mundo actual. El brutal asesinato del periodista saudí, Jamal Khashoggi en el consulado de su país en la cosmopolita ciudad de Estambul, ha sido el más escandaloso. Turquía sigue mirando al tendido mientras se tritura a periodistas en casa de Erdogan. Las cifras y los datos denuncian que la violencia persigue a la profesión periodística. La más peligrosa, en su ejercicio libre, entre las ocupaciones civiles conocidas.
Más víctimas. Un exsoldado acabó con la vida del informador eslovaco Ján Kuciak y su pareja Marina Kusnirova, por orden del empresario Marian Kocner. Poco después cayó el primer ministro Fico y todo su Gobierno. Por su implicación y posterior intento de entorpecer la investigación. Tras cinco años de reducción del número de periodistas asesinados, en 2018 se invirtió la tendencia con un incremento del 8%. 63 asesinatos frente a los 55 de 2017. La mayor parte -55 de ellos- formaron parte de acciones premeditadas. Va en aumento la privación de libertad de profesionales de la prensa con 348 encarcelados. Hay que añadir 60 secuestrados a estas cifras. El 11% más que en 2017. La información es mercancía peligrosa. El ejercicio del poder político y económico ha perdido la noción del límite. Los grupos de poder pasan a la acción. En la génesis de los atentados se aproximan los hechos a violencia de Estado, que afecta a democracias formales pertenecientes o alineadas con la aséptica Unión Europea. Donde son primordiales los derechos humanos y la defensa de la libertad de expresión.
Menos libertad. En nuestro entorno -País Valenciano y España- se percibe mayor presión sobre los medios de comunicación y sus servidores, los profesionales de la información. Vía subvenciones, prebendas, intromisiones y amenazas. También a los periodistas de opinión freelancers, que son independientes hasta del medio para el que trabajan. El periodista, sometido a la precariedad laboral y a la baja remuneración, sufre la dificultad de los blindajes informativos en grupos de presión, partidos políticos. En entidades y organismos oficiales. Donde están obligados a la transparencia por su naturaleza. A este bloqueo se unen las filias y las fobias de las fuentes informativas. Por motivos ideológicos e intereses económicos, con la proliferación de filtraciones y reparto selectivo de primicias informativas. Acompañados de duplicidades en puertas rotatorias y actividades paralelas incompatibles con la ética profesional.
Crisis periodística. La crisis maltesa es periodística. A primeros de diciembre de 2017, coincidí en La Valeta, Malta, cuando la opinión pública se rearmaba frente al poder establecido en el archipiélago, personificado en el primer ministro, Joseph Muscat. Ahora se ve obligado a dimitir precedido por la renuncia de su jefe de gabinete, Keith Schembri y dos de sus ministros, Konrad Mizzi, de Turismo y Chistian Cardona, de Economía. La crisis del Estado maltés obligará al adelanto electoral y abocará al cambio político que tanto teme el stablishment del país más pequeño de la Unión Europea. Todos los indicios llevan a que Schembri, persona de confianza del primer ministro, perpetró el asesinato de la periodista de investigación maltesa, Daphne Caruana Galizia, en connivencia con los intereses siniestros del magnate de los negocios Yorgen Fenech.
Antidemocracia. Explotó una bomba en el coche de Daphne Caruana cuando la periodista salía de su casa. Fue detonada desde el mar, a bordo de una embarcación con dos tripulantes. El precio, según el taxista-intermediario, tercero de los tres sicarios que participaron en el asesinato, fue de 150.000 euros. Todo indica que el potentado pagó para silenciar y liquidar a la reportera, cuando investigaba la relación de Fenech con trapicheos del petróleo libio y el tráfico de refugiados. Es el encausado y principal sospechoso de actividades mafiosas. En libertad bajo fianza mientras chantajea, con sus abogados, a las autoridades para ocultar las implicaciones del crimen. Con la amenaza de aportar documentación comprometedora para el gobierno maltés. Daphne Caruana presentía, antes de ser asesinada, el riesgo que corría su vida cuando escribió: «Si se silencia a los periodistas, queda muda la democracia».
Contra la sociedad. Los periodistas conocemos de primera mano los peligros que corremos cuando expresamos libremente nuestras opiniones. Es escasa la independencia que permite el sistema en el que nos desenvolvemos. Políticos y empresarios desconocen las condiciones en que trabajan los periodistas, sus principios deontológicos, el lenguaje y las reglas para trabajar con ellos. La Ley y los gobiernos han de garantizar los derechos que les asisten en el ejercicio de su labor como intermediarios entre los poderes establecidos y los ciudadanos. La sociedad ha de protegerse, al preservar las condiciones mínimas de transparencia y respeto para una profesión amenazada. Atacada con violencia para atemorizarla y que no llegue a cumplir su misión. En las democracias se debería levantar, en lugar visible -plazas y puertos- un monumento a la disensión y a la discrepancia.
