El artículo 99 de la Constitución dice que “el Rey propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno, (...) que expondrá ante el Congreso el programa político del Gobierno”. Dejando a un lado que mal puede proponer un monarca que no ha escuchado a ERC, decisiva en la investidura, el texto máximo establece una continuidad entre la proposición regia y la exposición programática ante la cámara. No habla de trámites intermedios. Pues bien, Pedro Sánchez viaja a La Zarzuela y recibe la encomienda. El aspirante en funciones regresa a La Moncloa, fijando así la ubicación del poder auténtico, y abre un discurso que anula todas las previsiones constitucionales. “A partir de la próxima semana...”
Sánchez no anuncia la fecha de la investidura, ni se regocija por disponer de los apoyos que justifican su nominación. “A partir de la próxima semana” se reunirá con todos los presidentes autonómicos, entablará contacto con los grupos parlamentarios, hablará con el esotérico presidente de la Federación de Municipios y, en el ámbito de la conjetura, no cabe descartar que convoque al titular de la Liga de Fútbol o de la Conferencia de Rectores. El candidato elimina al rey de la ecuación, una tentación a la que han sucumbido todos sus predecesores en La Moncloa.
Solo el anuncio relámpago de un pacto cerrado, con las abstenciones de Ciudadanos o Esquerra, hubiera devuelto un mínimo de fe en las instituciones. El presidente procrastinador en funciones aparta al rey y vuelve a empezar, transmite la impresión de que tener un Gobierno es la menos urgente de las necesidades españolas. Al rehuir el mandato de someterse de inmediato a la cámara, no solo relativiza el proceso de investidura a riesgo de fractura. Dos meses después de las elecciones en que su avaricia lo llevó al fracaso, el presidente en funciones vuelve a apostar por la anarquía, cuando menos institucional.
