El Senado es una de esas instituciones que, como las diputaciones, se meten con facilidad en la lista de las cosas que habría que suprimir para reducir los costes de un Estado demasiado endeudado y poco eficiente. Una cámara que se limita a efectuar segundas lecturas de las leyes que aprueba el Congreso, pero que pierde el pulso con éste si hay discrepancias, y que no ha cumplido con su función de cámara de representación territorial más que el día en que el presidente Mariano Rajoy recurrió a ella para tramitar y aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y destituir a Carles Puigdemont y a todo su Govern, recuperando para el Estado las compencias ejercidas por la Generalitat de Cataluña tras la proclamación de la fallida república catalana.
Defensores de la permanencia de la Cámara Alta mantienen que los partidos ningunean al Senado porque sus líderes no están en él sino en el Congreso. En efecto, sólo un líder de un partido de ámbito nacional ejerció su jefatura desde el palacio de la calle Bailén de Madrid. Antonio Hernández Mancha fue el elegido por Manuel Fraga para sucederle en la presidencia de Alianza Popular en 1987, pero era senador y no diputado, lo que lastró su carrera política. Tuvo que promover una moción de censura contra Felipe González para darse a conocer y lograr un pase especial para la tribuna de oradores de la Cámara Baja. Perdió estrepitosamente y en enero de 1989 Fraga retomó la presidencia para dársela luego a José María Aznar. Desde entonces nadie ha intentado hacer política de primera fila desde el Senado. Y eso que el reglamento de la institución obliga a celebrar un debate anual entre el presidente del Gobierno y los de las comunidades autónomas, pero esa cita no está ni se la espera.
Viene todo esto a cuento de que el Senado revive después de décadas de languidez. El PSOE ha confiado a la joven jueza Pilar Llop la presidencia de la Cámara. Esta especialista en violencia de género lleva en la política solo desde 2015 y es una perfecta exponente de las generaciones más preparadas de la historia de España, ya que al margen de un curriculum impresionante que incluye hablar con fluidez inglés, alemán y francés, además de conocer el italiano y el búlgaro, quienes la tratan subrayan de ella que no descansará hasta convertir el Senado en un organismo vivo, alejado de la imagen de «cementerio de elefantes políticos» que hoy proyecta.
Precisamente dos de estos «elefantes», el socialista Joan Lerma y el popular Alberto Fabra, los dos únicos ex presidentes de la Generalitat Valenciana a quienes la Justicia no ha mordido en sus respectivas reputaciones, han hablado esta semana del Senado y de muchas otras cosas con el actual titular del cargo, Ximo Puig, a cuya llamada acudieron al Palau de la calle Caballeros para compartir mesa y mantel. Fue el martes, día 10, y una crema y una carne fueron la base del menú. En el PSPV bromean con que Puig, con unas relaciones casi inexistentes con la lideresa del PP Isabel Bonig, se entiende mejor con Fabra que incluso con su compañero de partido Joan Lerma, de quien fue jefe de gabinete cuando este ostentó la presidencia de la Generalitat.
El líder socialista había puesto sobre la mesa, en su discurso del día de la Constitución, celebrado en Alicante, la necesidad de profundizar en el camino hacia un Estado federal como fórmula para coser España, recoconer que es diversa, no uniforme, y para afrontrar problemas de encaje como el de Cataluña y otros que puedan venir. En ese modelo, que pasa por reconocer que hay nacionalidades y regiones (ya lo hace la Constitución), se aborda la diversidad como una riqueza, no como el lastre del que habla la ultraderecha, y el Senado adquiere un papel de espacio de diálogo y de debate que hoy está limitado a la Conferencia de Presidentes Autonómicos.
Muy bien le debieron hablar Lerma y Fabra a Puig de las posibilidades del Senado en un futuro próximo porque el presidente en ejercicio ha incluido la defensa de la Cámara Alta en la lista de propuestas que le trasladará a Pedro Sánchez cuando el inquilino de Moncloa le telefonee esta semana en el marco de los contactos para la investidura y la formación de nuevo Gobierno. Aunque Puig será el noveno presidente autonómico en la lista de marcación (se establece por orden de antigüedad de estatutos ), el líder socialista valenciano es el presidente regional del partido del puño y la rosa con más poder territorial, y Sánchez cuenta con él como un apoyo fundamental en la misión de resolver problemas, frente a quienes se empeñan en crearlos, como el aragonés Lambán o el manchego García Page, siempre dispuestos a torpedear cualquier proyecto de descompresión, máxime si lo protagoniza el reelegido líder catalán Miquel Iceta.
Así pues, los tres molt honorables Lerma, Fabra y Puig hablaron en el Palau de lo divino y, sobre todo, de lo humano: de un nuevo modelo de financiación autonómica que acabe con la discriminación de la Comunitat Valenciana; de la necesidad de que el Estado invierta en torno al 10 % de sus partidas presupuestarias en la Comunitat, como estaba previsto en los presupuestos fallidos para 2019; de la importancia del corredor mediterráneo como renovador de las infraestructuras y de la competitividad de una economía valenciana exportadora y abierta; y del Senado como necesario lugar de debate y encuentro de la España diversa del siglo XXI, la que habla lenguas diferentes y celebra distintas tradiciones y culturas. Esa será la respuesta de Puig a Sánchez cuando le llame por teléfono esta semana. Esa lista y dos apuntes extra: Una apuesta por un camino hacia un Estado federal que funciona en Alemania, en Estados Unidos o Canadá sin que el cielo se caiga sobre la cabeza de nadie; y un compromiso firme contra el cambio climático, el reto más importante de la Humanidad en este momento. Desde su baronía y su gobierno de coalición (en el que está Podemos), el presidente Puig tiene reconocido un papel en el tablero nacional. El enfrentamiento con Pedro Sánchez, a cuya caída contribuyó con su dimisión, parece superado. Aunque lo importante es lo que ese papel en el tablero español reporte para los valencianos.
Papeles para Gorgui
El héroe de Dénia, el senegalés Gorgui Lamine, ya está empadronado en Gandia, la ciudad en la que residía hasta ahora, y ha recibido la promesa del Gobierno de España de que recibirá los papeles del permiso de residencia para que pueda quedarse en el país sin temor a ser deportado. Gorgui salvó de una muerte segura a un vecino de Dénia atrapado en su discapacidad y en su piso en llamas encaramándose a su balcón y sacándolo al hombro hasta ponerlo fuera de peligro, una escena que ha conmovido a la sociedad española que ha tenido ocasión de contemplar las imágenes ofrecidas en primicia por Levante-EMV.
Gorgui tendrá lo que sin duda se ha ganado con su valentía y su generosidad. Pero hay muchos más Gorguis, personas que cruzaron el Mediterráneo o el estrecho de Gibraltar, en busca de una vida mejor, y a quienes la sociedad opulenta de la vieja Europa excluye y estigmatiza aunque se le llene la boca de solidaridad. El mismo Gobierno que se ofreció a acoger al Aquarius en el puerto de València está firmando denegaciones de asilo a sus náufragos. Pasadas la publicidad y las fotos bonitas se abren paso la dura realidad y el rechazo. ¿Hay que jugarse la vida una segunda vez para seguir viviendo?
