El sortilegio, "lo volveremos a hacer", con que los condenados en el juicio de las Salesas recibieron la sentencia, ha hecho fortuna, hasta el punto de que una marca de cava lo ha incorporado a medias a su anuncio navideño. Pero no acaba ahí la cosa. Socialistas y republicanos catalanes están en ello, en volverlo a hacer, a punto de anunciar un acuerdo para la abstención de unos que permitiría desbloquear la investidura del otro.

Los secesionistas de ERC, a un paso de tener la llave de la estabilidad de España, se reunieron en cónclave y con 558 votos a favor (con 20 en contra y 19 en blanco) avalaron la estrategia secesionista, consistente en organizar un referéndum (con consulta pactada o sin acuerdo con el Estado) y la movilización constante en la calle. Llegados aquí, el líder ocasional de los republicanos catalanes, alzó la voz y, enardecido, clamó: "Amnistía, autodeterminación y república".

Hay precedentes del hechizo que militariza a los socialistas, cuando se trata de los republicanos catalanes. Entre 2003 y 2010, los acuerdos entre PSC, ERC y IC alumbraron sendos tripartitos que sostuvieron a dos presidentes socialistas (Maragall y Montilla) en el gobierno de la Generalitat, con los republicanos como árbitros de la situación. Con posterioridad, han pactado acuerdos que les permiten gobernar 40 municipios catalanes. Nada nuevo, por consiguiente.

Hace diez años, cuando se tenía que decidir nada menos que el modelo de financiación autonómica, los republicanos catalanes con un paso por delante del resto de las Comunidades Autónomas. Algo así está sucediendo ahora, con la investidura colgando de un hilo. La inminencia por llegar a un acuerdo, cuyos detalles se desconocen, nos retrotraen a lo que pasó cuando había que decidir nada menos que el modelo.

Veamos. Viernes, 10 Julio de 2009. En Madrid, 36 grados. Cuando el coche del Consejero de Hacienda de una de las CCAA atraviesa la Plaza de Cuzco, la radio abre los informativos con la negociación del mal sistema de financiación autonómico (que tienen actualmente las CCAA españolas y del que todas ellas reniegan). La vicepresidenta Fernández de la Vega, insistía en que el acuerdo "ya casi se toca con los dedos". Pero faltaba la última palabra, la de ERC. Justamente, como ahora.

Aquel pacto se hizo para satisfacer a la Generalidad de Cataluña, presidida entonces por José Montilla, y fue diseñado en buena medida por el consejero socialista de Economía y Hacienda, Antoni Castells. A la escucha, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Elena Salgado en el Ministerio de Hacienda.

Cuando llegó el momento de debatir ese modelo, diseñado en beneficio de Cataluña y en detrimento de Madrid, el Ministerio de Hacienda no acababa de remitir a los Consejeros de Hacienda de las demás CCAA la documentación que contenía normas y fórmulas para calcular lo que debía recibir cada Comunidad. Complejos mecanismos y sus consecuencias. De manera que el espeso aislamiento estudiar el modelo (de una complejidad maleada), que se había cocinado en los fogones de una antigua fábrica de lámparas, en la calle Nicaragua, entonces sede del PSC.

Pasaba el tiempo y no llegaba nada. El resto de CC.AA supo que la documentación no se remitía porque tenía que aprobarla antes el Consejo Político de ERC, socio de los socialistas.

Efectivamente, la dirección de Esquerra Republicana de Catalunya, por boca de su secretario general, Joan Ridao, en una comparecencia sin preguntas, lo anticipó "quedan aspectos relevantes por concretar que ahora impiden el acuerdo, la última propuesta transmitida por el gobierno español al de la Generalitat sigue siendo insuficiente, aunque se han producido avances significativos y la negociación sigue abierta". ¿Les suena?

ERC ya había trasladado al gobierno catalán "la necesidad situar a Cataluña cinco puntos por encima de la media del conjunto de las comunidades autónomas en recursos per cápita".

La posición definitiva de los republicanos quedaba pendiente de una ejecutiva extraordinaria sobre el modelo de financiación, convocada para el domingo 12. Una vez que dieron el visto bueno, se envió la documentación a las 17 CCAA, acuciadas por disponer de recursos para satisfacer las demandas de sus ciudadanos.

Zapatero había ido al tuétano de la cuestión: "Estoy convencido de que será un acuerdo satisfactorio para Cataluña que va a tener bastantes más recursos porque su población ha crecido mucho y su financiación per cápita estará en términos muy racionales, de modo que mejorará posiciones en relación con una posición relativa que no era la adecuada".

El 16 de julio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el nuevo modelo de financiación. A juicio del resto de las CCAA, estaba plagado de trampas y topes arbitrarios que perjudicaban a Madrid, el pagano sempiterno, y beneficiaban a Cataluña y a Andalucía (para que el entonces todopoderoso PSOE andaluz lo bendijese).

El Partido Popular lo rechazó, si bien aceptó la cantidad que el Gobierno les asignase; el PSOE se contentó con atender las exigencias de la fratría y ERC bendijo una clave del sistema, el índice de capacidad fiscal per cápita ajustado, cuyo truco estribaba en que Cataluña se beneficiaba de él, recibiendo al máximo los recursos del Fondo de Competitividad, mientras que se limitaban los de Madrid, con un tope decididamente inventado.

Un sistema oscuro, incomprensible, con fondos y fórmulas muy complejas para evitar descubrir artificios que, quienes los tenían que conocer, los detectaron inmediatamente. Otro tejemaneje, para mayor desconcierto.

Algo así está sucediendo ahora, con la investidura colgando de un hilo. De modo que no es nuevo y tiene precedentes. Pero la cuestión que flamea es el tránsito a la salvación individual, la de cada uno. ¿A quien le importa la colectiva? Desde la cárcel, el líder espiritual de los republicanos ha dicho: "La secesión es irreversible y un nuevo referéndum inevitable. Lo volveremos hacer, de hecho".

¿Se entiende o no se entiende?