Parecía que no iba a llegar nunca pero después de casi 40 años a partir de mañana los usuarios de la AP-7 dejaremos de pagar peajes. Se consigue así una reivindicación histórica en nuestra Comunitat donde numerosos colectivos entendían que hace ya mucho se había pagado y con creces la inversión privada que en su día permitió la construcción de esta infraestructura. Por cierto, antes de entrar en otras consideraciones, quiero destacar de forma muy especial y al margen del debate del peaje, la enorme contribución que esta autopista ha supuesto para el desarrollo de todo el arco Mediterráneo en general y de nuestras tres provincias en particular. Ahora que tanto se habla del corredor ferroviario y de lo que podría suponer en el futuro, sería injusto no reconocer lo que ha supuesto, supone y supondrá ese eje viario para la movilidad de vecinos, turistas y transportistas.
Otro debate que no conviene orillar es el del modelo de construcción y mantenimiento de infraestructuras teniendo en cuenta lo limitado de los recursos públicos y, por tanto, hast a qué punto y en qué condiciones se debe contar con la iniciativa privada. Igualmente interesante es la discusión sobre quién debe sufragar esos costes, si todos los ciudadanos o solo sus usuarios. Y es que nadie se confunda porque el dejar de pagar peajes no quiere decir ni mucho menos que cada uno de nosotros no vayamos a aportar parte de nuestro dinero a esa red para su ampliación, mejora y conservación a través de nuestra contribución a los fondos del Estado vía impuestos. A todo esto añadamos que son muchos los ayuntamientos que desde mañana dejarán de ingresar grandes partidas que hasta ahora les llegaban por el pago del IBI a cargo de la concesionaria al pasar la AP-7 por sus términos municipales o las incertidumbres laborales para muchos de los trabajadores que hasta ahora tenía Abertis.
Parece evidente que la eliminación de los peajes provocará un incremento del tráfico y número de usuarios algo que preocupa especialmente en algunas zonas como Benidorm donde su prestigiosa y potente patronal hostelera viene advirtiendo del caos que puede darse en sus accesos por lo que reclamaba que se mantuviera una especie de peaje blando bonificando a residentes y transportistas. No es la única incógnita a despejar ante el nuevo escenario. Por eso parece sensato el estudio de demanda que han anunciado el Ministro José Luis Ábalos y el Conseller Arcadi España para, una vez observada la reordenación del tráfico, poder impulsar decisiones que a buen seguro serán imprescindibles como ampliación de carriles en zonas saturadas, obras de refuerzo del firme o nuevos accesos en Vinaròs, Oliva o Altea, entre otros.
En cualquier caso y a pesar de todas estas cuestiones, lo más importante es que la medida hace justicia y será muy positiva en líneas generales. Para empezar, acaba con buena parte del aislamiento de algunas comarcas como la Safor o las Marinas donde, al margen de no tener tren, muchos se veían obligados a pagar para llegar seguros y a tiempo a sus casas o destinos. El gobierno ha cifrado en 230 millones de euros de ahorro para los usuarios de la AP-7 solo en nuestra Comunitat. Entre los beneficiados, los primeros somos los propios vecinos que hemos padecido esa lacra para poder acudir a nuestro trabajo o desplazarnos por nuestra propia tierra. Pero esta medida también beneficia y mucho a nuestra economía en general con todo el transporte nacional e internacional que se canaliza por esta carretera y de forma muy especial a nuestro turismo que será, a partir de ahora, algo más atractivo y competitivo si se sabe aprovechar la oportunidad.
Por cierto, me cuenta una amiga que son varios los aspirantes a la Dirección General de À Punt que van diciendo en público y en privado que se han presentado por responsabilidad ante el temor que nadie lo hiciera. Al final han sido 9. Vaya ojo. Qué Dios les conserve la vista y les haga acertar más en caso de ser el elegido si es que alguno lo es porque ya hay quién apunta que el proceso pudiera quedar desierto.
