Parece que estos Reyes van a venir bien cargados para Pedro Sánchez, puesto que de no mediar sorpresa, el próximo día 7 de enero dejará de estar en funciones. Por el contrario, y si hacemos caso a lo que él nos auguró, el 95 por ciento de los españoles comenzaremos a sufrir de insomnio, al darnos cuenta de que vamos a tener un gobierno de inexpertos, con políticas populistas y graves discrepancias de fondo en el conflicto catalán. Es decir, vamos a dejar de dormir tranquilos por la noche, si es que lo veníamos haciendo últimamente.
Ante ese escenario inevitable, parece que sólo queda la resignación y confiar que el debate político deje de centrarse en Cataluña, afrontando otros muchos problemas que necesitan ser afrontados con urgencia. En clave valenciana, la financiación autonómica ha de ser una exigencia ineludible, donde el Gobierno de Puig y la sociedad civil valenciana tienen que empujar para resolver una discriminación económica que nos está llevando a la quiebra y a una merma insalvable en recursos y servicios públicos.
El informe que ha emitido recientemente la Sindicatura de Cuentas y que entregó a las Corts, nos habla de que la hipoteca del Consell suma ya 53.045 millones de euros con un déficit disparado. A esto debemos unir el incremento de un 30% de las pérdidas de las empresas públicas; caos en la gestión de la Consellería de Sanidad; impago de subvenciones a la industria o la pesca; retraso en la liquidación de las ayudas para dependencia, mayores o personas en riesgo de exclusión social; así como la injustificada supresión de ayudas destinadas a la discapacidad y sus centros especiales de empleo.
Toda esta situación tiene como resultado dos cuestiones. Por un lado, el propio desequilibrio financiero que conlleva tener una deuda que representa el 42,2% de nuestro PIB, es decir, que cada valenciano y valenciana debemos 9.577 euros. Pero al mismo tiempo, y quizás lo más preocupante, es que se está produciendo una situación laxitud en la gestión de lo público. El Consell trabaja con una previsión de ingresos irreal, lo que le permite seguir comprometiéndose presupuestariamente en nuevos proyectos y chiringuitos, sin darse cuenta de que existen determinados ámbitos que por su importancia necesitan de estabilidad y adecuada financiación. Lo que vengo a decir es que cuando uno tiene que apretarse el cinturón, lo hace con cabeza y pensando que parcelas como sanidad, educación, igualdad, dependencia o discapacidad son irrenunciables y no pueden someterse a ningún tipo de arbitrariedad o recortes, ya vengan del Gobierno central o del Botànic.
