Pasan las semanas y el Govern de la Generalitat no resuelve uno de los asuntos políticos de más candente actualidad: la renovación de sus delegados en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia pese a que tres de los cuatro puestos a los que tiene derecho están libres por haberse extinguido ya el mandato de sus titulares.
La composición del consejo del puerto cobra en estos momentos una importancia capital por ser el órgano que ha de conducir la fase final de la ampliación Norte de su recinto y la adjudicación, si cabe, a la única oferta presentada para la gestión y explotación de la futura terminal, firmada por TIL-MSC. Y es que como afirma el naviero Vicente Boluda, opinión en la que coincide con los responsables de la administración portuaria, la ampliación Norte está realizada desde 2012, año en el que quedaron trazados los diques de su contorno, y lo que queda es rellenar los espacios e instalar los equipamientos de la que será la primera terminal automatizada del recinto.
La renovación de los consejeros de la Generalitat en la Autoridad Portuaria de Valencia ha enrarecido el clima de idilio que venían disfrutando las relaciones entre los empresarios y el gobierno autonómico que preside Ximo Puig. Hasta que expiró el mandato de sus delegados, los puestos en el órgano de administración estaban asignados a la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero; el naviero Vicente Boluda (también presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios-AVE); el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro; y el hoy comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Josep-Vicent Boira, designado cuando ostentaba el cargo de secretario autonómico de Infraestructuras a propuesta de Compromís. En la actualidad, sólo Navarro está en el ejercicio pleno de sus funciones, ya que su mandato no expira hasta diciembre de 2021. Los otros tres ya no tienen voto en el consejo, aunque han asistido a alguna de las últimas reuniones por cortesía y sólo con voz.
El Consell está demorando la renovación de sus delegados porque no encuentra la fórmula para cumplir su propósito de disponer plenamente de sus puestos y hacer que los empresarios a los que acoge en su lista, Boluda y Navarro, permanezcan en el órgano pero en representación de las organizaciones empresariales o los sectores relevantes en el ámbito portuario, que también tienen sillón en el consejo.
Navarro se ha mostrado dispuesto a aceptar esta nueva fórmula cuando acabe su actual mandato, pero Boluda no ha ocultado su indignación, llegando a asegurar ante los periodistas que si no lo quieren en el puerto de València puede irse a operar a cualquiera de los muchos en los que su grupo tiene sólida presencia.
El Consell de Puig quiere los puestos, pero no a costa de romper las inmejorables relaciones de los últimos años con los empresarios valencianos, con los que han ido de la mano en las manifestaciones en favor de una financiación autonómica justa hasta el punto de desatar las iras de la líder conservadora, Isabel Bonig. El PP ha llegado a cuestionar en el debate de presupuestos, y de manera singular, las ayudas del Consell para la renovación de la flota de Air Nostrum, una patada a Puig en el trasero del presidente de la aerolínea valenciana, Carlos Bertoméu, miembro activo de las organizaciones empresariales.
Y por si lograr el equilibrio no fuera complicado ya, los socios del PSPV-PSOE en el Botànic, Compromís y Unides Podem, quieren más trozo en la tarta portuaria. La coalición nacionalista reclama dos de los cuatro nombres en el consejo que acompañen al alcalde Joan Ribó en sus de momento solitarias prédicas contra la ampliación del recinto por el Norte. Y quiere dos nombres nuevos. Por su parte, los podemistas de Martínez Dalmau exigen una de las cuatro plazas en liza para llevar también al consejo su postura de rechazo al proyecto, respaldado muy mayoritariamente en el seno del órgano de administración por la presencia de los representantes del Estado, los empresarios y la Cámara de Comercio, los sindicatos y los sectores portuarios relevantes, además del respaldo del alcalde de Sagunto, el socialista Darío Moreno, que tiene asiento fijo en el consejo, a diferencia de la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, pese a que el puerto de la capital de la Safor también está gestionado por la Autoridad Portuaria de València.
Si la situación continúa igual de enconada que hasta ahora lo más probable es que Boluda y Rodríguez Piñero renueven cargo y Boira ceda su puesto a otra persona designada por Compromís, consejero o consejera que podría compartir la duración de su mandato de forma proporcional a su representación en las Corts. En cualquier caso, es evidente que tres sillas vacías de los delegados de la Generalitat en el puerto de València resultan una anomalía en el momento en que el recinto está resolviendo su futuro para los próximos 40 años, aunque el debate suscitado por los efectos ambientales de su ampliación vaya cediendo terreno a medida que pasan las semanas. El presidente de la Autoridad, Aurelio Martínez, seguro que toma buena nota de las alegaciones al proyecto, cuyo plazo de presentación finaliza la semana entrante, con el fin de mejorar tanto las potencialidades de la ampliación como el encaje de la misma en la ciudad que le da nombre y cobijo. El puerto no puede ni debe permitirse un crecimiento cuestionado por las instituciones y organizaciones que forman parte de su basamento. Y estas tendrán que poner más de su parte.
En favor de todas las Andorras de España
La democracia tiene todos los días oportunidades para demostrar su fortaleza. Aun está fresco el vergonzoso acoso al diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, por la decisión de su agrupación de electores de apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Tampoco se han apagado los ecos de la apuesta del presidente consistente en elevar a la categoría de Vicepresidencia el Ministerio de Transición Ecológica añadiendo a la cartera de Teresa Ribera el llamado reto demográfico, el de la despoblación y la España vaciada. Pues ahí estaban ayer miles de turolenses en las calles manifestándose por el inminente cierre de la central términa de carbón de la localidad de Andorra, extremadamente preocupados por el futuro de los 200 trabajadores directos y los miles de empleos indirectos e inducidos que genera la instalación en un espacio en el que apenas hay otra actividad. La propietaria de la central, Endesa, no había acometido en octubre las inversiones exigidas en la Directiva de Emisiones Industriales y promete la recolocación de sus empleados, acción que avanza a paso de tortuga. Hay muchas Andorras en España y todas necesitan lo mismo, un plan que inyecte vida en una tierra dura en la que las oportunidades escasean. La comarca de la central turolense dará la medida del compromiso del nuevo Gobierno con la España de la despoblación y de la desesperanza, la que se queda sin colegios y sanidad primaria porque ya no son rentables según las tablas de excel de las administraciones.
