El documento “Coalición progresista: un acuerdo para España” (accesible mediante internet), que sirve de base para este comentario, recoge el acuerdo PSOE-Podemos (explícito) y con las restantes fuerzas que han apoyado la investidura (incierto), para la actuación del gobierno español. En Educación se plantea un listado de propuestas muy amplio, además de otras para Universidades. Analizarlas excedería con mucho las posibilidades de un artículo. Nos centraremos en las dos más globales: la implantación de una nueva ley de educación, derogando la LOMCE y el incremento hasta el 5 % del PIB destinado a Educación de aquí al 2025. En otro momento comentaremos otras medidas que merecen ser tratadas.
Más allá de la buena voluntad que se presume que avalan estas propuestas, lo preocupante se da cuando se analiza el escenario global en que puede actuar el gobierno; nos parece que nuevamente estamos poniendo el carro delante de los bueyes.
La situación actual está dominada por la inestabilidad en cuanto a la concepción del Estado. En el capítulo 9 del citado documento, se trata la “Cohesión y eficiencia: actualización del Estado Autonómico” (págs. 41-43). Si se lee en detalle este apartado, se adelanta que se revisará y negociará la reestructuración de competencias y el reparto económico territorial. En lo escrito hay señales que puedan preocupar, como la bilateralidad aceptada para temas que deberían tratarse con el conjunto de representantes del Estado. Además, en los hechos observados hasta el momento se advierte la misma tendencia que se ha dado en nuestra democracia en la relación entre partidos nacionales y nacionalistas: hay que contentar al que más se queja. Por eso, ahora ya se están organizando otros territorios para quejarse. De momento País Vasco y Cataluña son los que más ruido hacen y han conseguido -y parece que conseguirán- mejores réditos por su vocacional disconformidad.
La actualización del Estado Autonómico creemos que es previa a cualquier medida de calado que se requiera adoptar en Educación (también en otros ámbitos). Esta situación implica que haya indicios que no pueden promover el optimismo en el conjunto del país.
Una nueva Ley de Educación es necesario que se dé en un marco de consenso: el famoso pacto social, de Estado, por la educación. Pero este pacto es secundario al reclamado. Si no tenemos clara la estructura y funcionalidad del Estado, todos los cambios legislativos en educación tendrán el mismo valor que los ya experimentados en la etapa democrática: serán propuestas cortoplacistas que tienen prevista su defunción temprana ya al nacer. En el momento en que cambie el gobierno español, la derogación de esta novedad será sustituida por otra propuesta temporal. En este caso, queda únicamente el recuerdo de quien gobierna: escribir tristemente un nombre en la historia, tras la Ley Wert quedará la Ley Celaá. La realidad es que en Educación hay muchas competencias transferidas a las autonomías. Tan sólo se comparte el 65% del currículum. A estas diferencias se añaden las que se esgrimen en virtud de componentes lingüísticos. Así, es inexacto referirse al sistema educativo español. Lo más realista es hacerlo respecto a los 17+1 sistemas educativos que se dan en España.
En este contexto, podemos identificar a partir de los estudios de investigación evaluativa, la existencia de la España Norte y la Sur en Educación. A ella nos hemos referido en diversas ocasiones, y es especialmente evidente al analizar los resultados del denostado informe PISA. Este Norte/Sur, además se relaciona estrechamente con variables socioeconómicas muy claras. En el Norte, en general, se observa mayor nivel de rendimiento medido por pruebas externas, menor nivel de desempleo y un sector económico más evolucionado hacia lo industrial y lo tecnológico, incluso en la agricultura/ganadería. En el Sur, menor nivel de logro en las pruebas, más desempleo y un sector económico, diversificado, pero que se apoya preferentemente en la hostelería y el turismo. El título para esta foto podría ser: “la España de las desigualdades”.
Las diferencias antes señaladas (económicas, logros educativos, curriculares) conviven con diferencias en la financiación educativa real, y en la percepción de la ciudadanía respecto a las prioridades que da el gobierno español a las diversas CCAA. El clima generado entre ellas no es el más adecuado para buscar un consenso en torno a una ley de educación, ni para esperar facilidades para un acuerdo entre gobierno y oposición.
Por ello, un cambio de Ley, si no se consensua entre la mayor parte de formaciones políticas y todas las CCAA, tan sólo producirá desorientación y malestar en el sistema y la ley durará poco tiempo.
A falta de obstáculos, el incremento del capital destinado a Educación hasta llegar al 5% del PIB en 2025 (si hasta ahí llegara este gobierno), podría servir para confirmar o incrementar las diferencias, en lugar de paliarlas o disminuirlas. Hay muchos estudios que indican que las escuelas, en muchas ocasiones, más que paliar las desigualdades, las confirman o las agrandan. Esta puede ser la consecuencia si no se actúa razonablemente ordenando el territorio, los modos de distribución entre CCAA y se estudian los motivos de las desigualdades, previamente a poner en marcha una nueva Ley o a ir incrementando capital, sin adoptar un verdadero pacto de solidaridad nacional.
