Arru, Edusi, Confianza. Tres planes de actuación con inversiones millonarias anunciadas a bombo y plantillo: 60 millones en 2015. Máxima prioridad de actuación después de trasladar a los ciudadanos de València y de toda España la batalla por la conservación del antiguo barrio de pescadores, el de la trama modernista que se asentó sobre la línea de barracas pasto de las llamas. Un monstruo político llamado Partido Popular, liderado por una tal GodzRita, iba a derribar el conjunto histórico para entregar sus solares a los especuladores inmobiliarios. Y después de casi cinco años de gobierno de la Nau, ahora Rialto, la decepción se respira en las calles del barrio. Se han ensanchado algunas aceras, complicando extraordinariamente la circulación y el aparcamiento de vecinos y visitantes. Pero aún no están las nuevas casas ni los equipamientos, ni los servicios. Y siguen la droga, la inseguridad, las chatarrerías y los problemas de convivencia.
El propio concejal encargado de la gestión de los fondos Edusi, Carlos Galiana (Compromís), confesaba en diciembre que la gestión municipal no había estado a la altura del reto y que hacían todo lo posible para no perder ocho millones de euros de aportación europea para el Cabanyal por no haber cumplido los plazos ni los compromisos. El último día de 2019 tenía que estar ejecutado al menos el 30 % de los proyectos consignados, y no se alcanzaba ni el 3 %. Claro, que la confesión estuvo acompañada de un señalamiento de culpa hacia los concejales de Podemos, partícipes del gobierno local entre 2015 y 2019 y desaparecidos del consistorio en mayo pasado tras una aportación para olvidar.
Era David contra Goliat, pero ganó el pequeño, aunque con ayuda de su primo de Zumosol. En 2009, el Gobierno de España presidido por José Luis Rodríguez Zapatero anulaba el plan urbanístico del Cabanyal que preveía la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el paseo marítimo y la rehabilitación del resto, a los dos lados del incompleto paseo al mar. Se recurrió a la figura del expolio y en aquel momento cambió el cuento. Los vecinos, agrupados en torno a Salvem el Cabanyal, y respaldados por partidos, entidades y asociaciones, empezaron a ganar terreno ante el ayuntamiento de Rita Barberá y la Generalitat de Francisco Camps. La defensa del barrio marinero se convirtió en una causa general. En 2010, en una manifestación contra los derribos de fincas, agentes de la Policía Local se llevan a rastras a una Mónica Oltra enfundada en un chándal naranja que da ya los primeros pasos como lideresa de Compromís, una escena que le proporcionó una ronda de entrevistas en televisiones nacionales.
En los años siguientes, el plan de Rita Barberá para el Cabanyal fue disipándose a medida que cobraba fuerza el movimiento rehabilitacionista, llegando a las elecciones de 2015 con el baúl cargado de esperanzas. La coalición Compromís-PSOE-Podemos (pacte de la Nau) prometió y prometió desde el mismo momento de la euforia de la victoria. Llegarían fondos de toda procedencia para convertir en poblado marítimo en un paraíso del siglo XXI. Encomendaron a un líder vecinal, el arquitecto Vicente Gallart, la gerencia de la oficina gestora del plan rehabilitador. Era como poner a las víctimas al frente del órgano de reparación de agravios. Pero la cosa no arrancaba. Por si fuera poco, la concejala de Patrimonio María Oliver (Podemos), abortó la instalación de un nuevo campus de la Universidad Europea de Valencia en el perímetro del Cabañal, junto al bulevar de Serrería, tras calificar la operación de especulativa. No solo no se han gestionado adecuada y eficazmente las inversiones. Es que se llegó a espantar a quienes querían aportar vida y regeneración al barrio.
Los comerciantes están desesperados, los vecinos, desmoralizados. De 48 proyectos con cargo a fondos Edusi se ha ejecutado uno. Del plan estatal Arru, dotado con 13,5 millones, entre ellos cinco aportados por el sector privado, ha salido el escaso músculo desplegado, con unas 500 viviendas en las que se ha intervenido total o parcialmente. El barrio atrae, sobre todo a los extranjeros, y el capital privado es el que invierte. Curiosamente, el plan Confianza que Francisco Camps alumbró a imagen y semejanza autonómica del plan E de Zapatero es el que ha sufragado, muchos años después de la desaparición política de su impulsor, la reurbanización de algunas calles y plazas, y 10 de los 19 proyectos previstos ya han sido ejecutados.
El equipo que dirigen Joan Ribó y la vicealcaldesa socialista Sandra Gómez, quien lleva ahora las riendas de Urbanismo, se crió y reside en el Cabañal, habrán de ponerse las pilas si no quieren caer con el barrio marinero en el mayor fiasco de la gestión del Pacte de la Nau, hoy del Rialto. Además de desplegar un plan de emergencia para acometer los proyectos y las obras pendientes deberían pensar en lo que ellos mismos estarían diciendo del gobierno local del PP si éste estuviera en trance de perder ocho millones de euros de fondos europeos para un proyecto señalado por ellos mismos como de máxima prioridad por no haber sido capaces de gestionarlo en tiempo y forma. Se les habría acabado la tinta o desgastado los dedos y la voz de protestar y denunciar. Es un acicate idóneo para acelerar.
Urbanismo de emergencia climática en Benimaclet
Asociaciones y colectivos se echan hoy a la calle en València para exigir al ayuntamiento la retirada del plan urbanístico que la primera promotora inmobiliaria de España, Metrovacesa, ha presentado para los solares libres del barrio en su fachada a la Ronda Norte. Desde hace un año, y a partir de un grupo afín a Podemos, se ha articulado un movimiento de oposición al plan que la crisis económica arrumbó hace una década y vuelve a salir a la luz con el propósito de completar el barrio con 1.300 viviendas y sus equipamientos. Los opositores defienden un Benimaclet libre de esas construcciones, un espacio piloto del nuevo urbanismo de emergencia climática, con huertos urbanos y abundantes zonas verdes que constituyan una transición entre la ciudad y la huerta del otro lado de la Ronda, animados por un reciente estudio de un profesor de la Universitat de València que concluye que con 400 nuevas viviendas sería suficiente.
El Ayuntamiento de València es el dueño y señor del diseño de los espacios, y puede decretar que las áreas pendientes de urbanizar en Benimaclet se conviertan en selva virgen. Pero sus decisiones tendrán consecuencias. Liberar de edificación los dos solares del antiguo patio de los Jesuitas costó años de pleitos (todos perdidos por el consistorio) y compensaciones edificatorias en otros puntos de la ciudad. Los derechos del urbanizador no desaparecerán porque sí, y su desclasificación consumirá fondos municipales o suelo en otros barrios, donde podrán preguntarse por qué en ellos sí se puede construir lo que otros no quieren.
