Uno de los primeros pasos del Gobierno ha sido pactar una subida del salario mínimo de un 5,5%, hasta 950 euros. Es un alza valiosa ya que el IPC previsto ronda el 1% y sumada al 22,3% del 2019 y al 8% del 2017, condición del PSOE para aprobar el techo de gasto de Rajoy, compensará a los trabajadores peor pagados, los más castigados por la crisis y la desigualdad. En cuatro años el salario mínimo habrá subido un 44%.
No está nada mal y desde la perspectiva social es algo muy justificado y que entronca con el programa de los partidos que sustentan al Gobierno. ¿Lo es también desde el punto de vista económico?
Muchos economistas argumentan que el salario mínimo acaba perjudicando a las empresas menos competitivas y dañando el empleo. Pero en casi todas las economías avanzadas -incluyendo los Estados Unidos- el salario mínimo se ha impuesto porque se sabe que el equilibrio social es una condición necesaria para el crecimiento. La clave está en lograr que los incrementos de este salario no tengan costes negativos (pérdidas de empleo) superiores a los beneficios de la equidad social y el aumento del poder de compra de un sector relevante de la población, en España dos millones de asalariados.
Subir el salario mínimo, que además tira al alza el de los convenios, en una recesión puede ser pues un grave error. Por el contrario, aumentarlo en época de bonanza y poca inflación combate la desigualdad y favorece la economía al incrementar el consumo de los trabajadores. Es lo que ha pasado en España los últimos años -tras la devaluación salarial obligada por la crisis- y es lo que explica, en parte, que estemos creciendo más que la media de la zona euro.
¿Es excesivo el 5,5% para este año? Es cierto que la creación de empleo fue menor en el 2019, pero era lógico tras varios años en los que se creaban medio millón de empleos y la tasa de paro cayó del 27% al 14%. Lo notable es la resiliencia del empleo pese a que el crecimiento del PIB ha bajado del 4% al 2%. Por eso habría sido arriesgado elevar el salario mínimo a 1.000 euros, como exigían los sindicatos y como la propia CEOE acepta para los convenios.
Pero lo más relevante, y positivo, es que esta subida no ha sido dictada desde el Ejecutivo, sino que se ha consensuado con patronales y sindicatos. El pacto indica que -contabilizando pros y contras- los empresarios la creen asumible. Y el acuerdo con los interlocutores sociales -que no debe ser un dogma porque el Gobierno es el último responsable- es muy conveniente en un momento de grandes incógnitas y desaceleración en toda Europa. Además es sensato que el pacto sea por un año, lo que permite más flexibilidad ante el futuro pues nadie puede asegurar cómo estará la economía mundial a principios del 2021.
Pero, hoy por hoy y adaptándolo al poder de compra, el salario mínimo español es razonable, según los datos de Eurostat, ya que está bastante por debajo del Alemania, Holanda, Francia, Gran Bretaña e incluso Irlanda, pero por encima de Eslovenia, Polonia, Portugal y otros. Por otra parte, teniendo en cuenta la incertidumbre internacional y la voluntad de derogar o revisar la reforma laboral, sería bueno que este objetivo se lograra a través de la negociación y el pacto de empresarios y sindicatos. No fuera a ser que una reversión total de la reforma acarreara efectos contrarios a la fuerte creación de empleo desde el 2014. Y la reforma laboral -con sus aciertos y sus indudables excesos- la hizo Rajoy, pero bastantes de sus ideas son las que prevalecen en los países más prósperos de la UE.
Además, a un Gobierno que por lo visto tendrá que gobernar con una gran crispación política con la derecha, le convendría mucho la negociación, el pacto y las mínimas tensiones en el frente económico y social. Con el pacto del salario mínimo -en el que empresarios y sindicatos han tenido que dejar bastantes pelos en la gatera- se ha dado un primer paso en esa dirección que debería tener continuidad.
Pero hay sectores -no sólo la agricultura- que insisten en los efectos negativos del alza del salario mínimo y las cotizaciones sociales sobre sus empresas. Es un peligro a tener en cuenta y el economista José Carlos Díaz ha lanzado una idea audaz pero interesante que podría mitigar el problema: que el salario mínimo no sea único sino que se pacte y adapte en las CC. AA. pues el tejido empresarial de la España vaciada puede tener más dificultades para digerir subidas que Cataluña, Madrid o el País Vasco. Subir el mínimo para aumentar la prosperidad debe dañar lo menos posible.
