Hace apenas un par de inviernos una mujer de ochenta y un años murió tras un incendio en su domicilio de la localidad catalana de Reus. Por lo visto, una vela que había encendido para iluminarse prendió el colchón de la habitación en la que dormía. En el momento del suceso la víctima estaba sola en casa, aunque compartía techo con una nieta. A ambas les habían cortado la luz en septiembre por falta de pago y, pese a que les correspondía una ayuda social en concepto de electricidad, no habían llegado a tramitarla. Los encargados de la investigación se decantaron por la teoría del infortunado accidente, desconociéndose en aquel momento si la anciana se durmió sin apagar la llama o si, tal vez de regreso de una visita al lavabo en mitad de la noche, se cayó con tan mala suerte de provocar el percance.
Durante la misma semana, mientras tomaba un café a primera hora, presencié la entrevista que un reportero estaba realizando a otra señora mayor, titular de una pensión no contributiva que, mientras se envolvía en una gruesa manta de lana, relataba al joven periodista las penurias de su realidad diaria, en ese caso agravadas por la ola de frío que estaban padeciendo en tierras peninsulares. Sus exiguos ingresos de apenas seiscientos euros no le alcanzan para hacer frente al suministro eléctrico, de modo que, cuando pulsaba los interruptores, no se producía respuesta alguna. No tenía luz. Tampoco calefacción, lo que le había ocasionado un principio de pulmonía que se estaba supervisando por su médico de cabecera.
Sentada en un sillón junto a una mesa camilla, rodeada de fotos familiares colgadas de las paredes, con el cabello blanco y unas ansias extraordinarias de vomitar su desdicha, respondió con firmeza a las preguntas de su interlocutor. Y, tras despedirla desde el estudio, no sin antes brindarle un apoyo tan sincero como estéril, los responsables del programa televisivo en cuestión dieron paso a la cobertura de una cumbre de dirigentes políticos donde, espectacular banquete mediante, se preveía abordar, entre otros asuntos, el de la sangrante pobreza energética, que se describe teóricamente como "aquella situación en la que los ingresos son nulos o escasos para pagar la energía suficiente para la satisfacción de las necesidades domésticas". Otra de sus acepciones, por cierto, alude a "cuando se destinan por obligación una parte excesiva de los ingresos a pagar la factura energética de la vivienda".
Obviamente, no nos hallamos ante un fenómeno exclusivo de nuestro país, como tampoco lo son sus consecuencias respecto a la exclusión social y el deterioro de las condiciones de vida de millones (repito, millones) de personas. En toda Europa se ha instaurado igualmente esta tragedia, cada vez más creciente y menos silenciosa, de no poder encender ni un solo aparato eléctrico por miedo a lo que después refleje la factura, suponiendo que todavía las compañías del sector no hayan procedido a cortarle al usuario el suministro por falta de pago. De poco o nada han servido aquellos llamamientos del Comité Económico y Social Europeo para "proteger a los ciudadanos frente a la pobreza energética e impedir su exclusión social", así como para "tomar medidas para garantizar a cualquier persona en Europa un acceso fiable a la energía a precios razonables, porque la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas".
Cuando estas líneas vean la luz, nuestro planeta continuará sufriendo una de las peores olas de frío en décadas. Miles de hombres, mujeres y niños se expondrán a soportar temperaturas inhumanas. Algunos se quedarán por el camino. Otros, en medio de un helador océano. Otros, abandonados en los campos de refugiados. Otros muchos, olvidados en nuestras propias ciudades. Y todos se convertirán en víctimas inocentes de una pobreza, además de energética, ética. Una pobreza de dimensiones insoportables. ¿Hasta cuándo?
