Incluso el mundo que preconiza el expresidente uruguayo Pepe Mújica es imperfecto y necesita del vil metal, de relaciones económicas que proporcionen al individuo medios para su sustento. El mandatario sudamericano ha pasado por València como un terremoto, sacudiendo con su mensaje universal a la gente que ha acudido en masa a verle, escucharle, tocarle o hacerse un selfi. El premio de la Fundación por la Justicia y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados le ha proprocionado la posibilidad de cruzar el Atlántico para regalar los oídos y los ojos de cientos de valencianos y de miembros de la colonia latinoamericana que han ido a su encuentro y le ha permitido abonar la idea de que puede elegir estas tierras para pasar los últimos años de su vida.
«No hago apología de la pobreza, sino de vivir solo con lo que se necesite, sin joder a otro, y tener tiempo para lo que te dé la gana. A eso es a lo que llamo libertad». Esos son los principios de Mújica, que ha abogado en València por una longevidad para todos, y no solo para quienes puedan pagársela comprando órganos nuevos que alarguen su existencia, y también por el necesario respeto a cualquier forma de vida actual, para no perderla como fuente de conocimiento. La humanidad se enfrenta al peligro de un holocausto ecológico, y Mújica culpa de ello a la debilidad de la clase política, que no se enfrenta a los capitalistas y no toma «las decisiones que hay que tomar».
Uno diría, sin embargo, que València es tierra en la que el mensaje del ex presidente uruguayo ha calado hondo. Sólo en las últimas dos semanas, diferentes administraciones han dado muestras evidentes de que sus responsables sí saben enfrentarse a los intereses de los capitalistas, deteniendo una escalada de progreso incompatible con la sostenibilidad a la que obliga la crisis ambiental. Ni hotel de 15 plantas en la esquina Sur del barrio del Canyamelar; ni de 30 pisos junto a la antigua estación marítima, ni luz verde a más de cien licencias para nuevos hoteles repartidos por toda la ciudad. El parque acuático del que el propio alcalde Joan Ribó presumió como proyecto consumiría demasiada agua, según los informes municipales; la noria gigante que soñó con dar vueltas en la Marina no es allí bienvenida y busca otros parajes... Y así hasta el infinito. Pero no se trata solo de proyectos singulares, de excesos del capitalismo salvaje: el freno alcanza a miles de iniciativas de pequeños y medianos empresarios, de tiendas, bares, locales de ocio... Todo está parado, bloqueado en montañas de expedientes de licencias que las administraciones no son capaces de digerir por pura ineficacia mientras alimentan el espejismo de una gestión más ágil y, por supuesto electrónica, sin papeles.
Los empresarios y emprendedores viven una pesadilla permanente protagonizada por los gestores que deberían tener como la primera de sus misiones atender diligentemente a la sociedad que les ha elegido y costea sus retribuciones, tanto las de los políticos como las de los funcionarios. Para no caer en la injusticia, es necesario remarcar que el muro a los proyectos singulares es nuevo, levantado en tiempos políticos del Botànic, la Nau y el Rialto. El otro muro, el que bloquea y demora las licencias ordinarias de actividad, la resolución de pleitos o los expedientes de dependencia durante años, es estructural. Se diría que existe desde siempre, para vergüenza de las instituciones, incapaces de reorganizar sus servicios para dar prioridad a lo que está atascado. Años de ventanillas únicas, de brigadas móviles de funcionarios para atender áreas saturadas, de declaraciones y de promesas. Todo incumplido, estéril.
Claro que no es obligatorio dar luz verde a cualquier plan. Pero si la respuesta es inexistente o siempre negativa serán legión casos como el del industrial asturiano José Luis Valdés, que batalló 32 años con el Ayuntamiento de Ribadesella para construir un edificio y acaba de morirse con la satisfacción de haber visto su sueño cumplido. Detrás de cada iniciativa empresarial hay un interés económico, evidente y lícito, y también puestos de trabajo, que son la mejor herramienta para la igualdad y los derechos de la que puede disponer una persona hoy en día. Para que luego cada uno viva como desee, como dice Mújica, porque sin ingresos no hay igualdad, ni libertad. Y en enero pasado en la Comunitat Valenciana había 366.562 demandantes de empleo, 9.000 más que en diciembre de 2019. Los gestores de iniciativas públicas y privadas deberían clavar el dato con una chincheta y delante de sus ojos. Son los mismos que conceden valor a las cifras de inversión extranjera en la Comunitat Valenciana. Si el panorama fuera como el de las últimas semanas, los posibles inversores saldrían corriendo espantados hacia otros lugares. ¿Quién va a invertir un céntimo donde su capital no es bienvenido, donde no se respetan los plazos y donde el principal interés es que la responsabilidad institucional quede a cubierto, protegida de cualquier contingencia?
