Para bien o para mal, se esté o no conforme con las Comunidades Autónomas (CCAA) actuales, se piense que el Estado debe recuperar algunas competencias o «sensu contrario» se apueste por profundizar en la descentralización, la semana que acabamos de pasar es el principio del final del «Café para todos» que proviene de los tiempos de UCD. Ignoro las consecuencias y la factibilidad de la deconstrucción que podríamos discutir si conociéramos la alternativa que se propone desde La Moncloa.
Sánchez y Montero, ignoro con que grado de intencionalidad, han dados dos pasos coordinados incompatibles con los principios con los que hasta ahora se ha regido el estado autonómico. El primero se dio el lunes en Barcelona con el documento «Agenda para el Reencuentro» cuyo punto 8 de las medidas ofrecidas por el gobierno es explícito:
Asunto nº 8: Autonomía financiera y tributaria de Cataluña. Estatus: SI. El Gobierno de España estudiará los planteamientos tributarios de la Generalitat en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de cara a la elaboración del nuevo Sistema de Financiación Autonómica.
El segundo paso se produjo el viernes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ofició una inocua reunión, en la que la discusión de unas décimas de déficit ocultó las consecuencias sobre el futuro a medio-largo plazo de la organización territorial del Resto de España. Insistir que todos estamos a la espera de alguna propuesta que complemente el movimiento de Sánchez respecto a Cataluña, que inevitablemente ser incompatible con el actual funcionamiento de las CCAA del régimen general.
A pesar de todo el morbo mediático desatado durante la semana alrededor de la reunión del viernes, el conjunto de los responsables de Hacienda de las CCAA se portaron de forma poco menos que programada y disciplinada: se alegraron que se les permita un mayor déficit (lo que significa que el gobierno les prestara dinero sin tener que pedirlo) se les devolverá el IVA mediante el FLA, un préstamo más en este océano de ingeniería financiera que ahora llaman extra-FLA; cada uno voto de acuerdo con el carnet que llevaba en su bolsillo (socialistas a favor y el resto en contra) y se puso de manifiesto que, en efecto, el CPFF es una liturgia del «café para todos» con las comunidades forales disfrutando de un sistema realmente excepcional (algo hubo que hacer en su momento ante los métodos de ETA, asumidos por una gran parte de Euskadi y alrededores) con una Cataluña más fuera que dentro del CPFF. Por parte valenciana, sin duda quien peor ha gestionado durante años, el café para todos, recoger la flacidez del arrebato de nuestro conseller que antes de viajar a Madrid sacó vibrantes notas de prensa: «El consenso alcanzado con los grupos parlamentarios y los agentes económico-sociales me da una gran fuerza para llevar nuestra reivindicación al CPFF». «Exigiremos medidas transitorias para paliar la infrafinanciación mientras no se apruebe la reforma del modelo, complementadas con déficit asimétrico hasta corregir el desequilibrio financiero».
Nada de nada fue el resultado. La épica del pobre en toda negociación es de vuelo corto, especialmente cuando los números del agravio se están usando con promiscuidad para enemistarse: con la Comunidad de Madrid por antipatriótica, con Cantabría por estar mejor financiada, con la responsabilidad de Montoro perdida en la bruma de los tiempos, con la valoración nuestra pasada corrupción doméstica, efecto del descontrolado café para todos, ena deuda valenciana cuyo valoración depende de las necesidades argumentales del Consell en cada momento.
El café que ahora se acaba no tiene que ser necesariamente un drama. Fue sembrado sin mucha reflexión en el verano de 1980, cando el ciclo presidencial de Adolfo Suárez languidecía. En aquel contexto de crisis, que desembocaría en la dimisión del presidente y el intento de golpe de Estado, Suárez se dirigió al jefe de la oposición -Felipe González- para proponerle un pacto: acordar cómo institucionalizar la autonomía andaluza (un desafío que acabaría siendo un mecanismo electoral en favor del PSOE, pero que entonces alteraba el despliegue del modelo consensuado en la Constitución) y pactar la estructura del Estado de las autonomías. Textualmente: «Sobre el tapete, el tema autonómico es café para todos»; «Sería muy difícil, por no decir imposible, explicar cómo unos pueblos tienen más derechos que otros pueblos». ¿Objetivo? Homogeneización.
El problema de la articulación de un Estado plurinacional, tan complejo, se reconduciría a través de una fórmula administrativa. Hacía sólo tres años el jefe del Estado había firmado el decreto de restablecimiento de la Generalitat. Una filigrana jurídica, ya que todavía no había Constitución y sí reconocimiento del autogobierno, aunque el uso de la palabra nación se pospuso. Un año después, se afrontó: nación, según la Constitución, sólo una. Una vez constituidos los gobiernos autonómicos, que ya negociaban transferencias (competencias/ financiación) por cierto de forma realmente patética e ineficaz, por parte de los valencianos el despliegue en marcha sirvió para desgastar más y más a Suárez. Tras el 23-F, los nacionalistas, que ya ejercían poder regional, no fueron invitados a elaborar la respuesta del Estado, el repliegue del modelo surgió del acuerdo entre UCD y PSOE. La LOAPA intento reconducir el Estado autonómico pero quien sabía ya anunció «La articulación final del sistema autonómico tendrá que ser responsabilidad última del Tribunal Constitucional (TC)».
Pasaron por la Moncloa Calvo Sotelo, Felipe Gonzalez y Jose M. Aznar y el siguiente José Luis Rodríguez Zapatero prometió lo que prometió en 2003, abriendo un nuevo y compulsivo proceso de emulación («No vamos a ser menos») atrapado ahora por una crisis económica cuya brutal magnitud no previó. En junio del 2010, 32 años después de la aprobación de la Constitución, el TC señaló cuáles eran sus límites y el sistema autonómico se atascó. Los dos modelos de financiación autonómica (2003 y 2009) no se ajustaron, porque no podían, con tanta aspiración dispar de las CCAA. El café se hizo amargo y hoy en 2020 España sabe que deberá ser replanteada.
