El pasado 31 de marzo, en Madrid, tuvo lugar una multitudinaria manifestación organizada por las 123 plataformas de la España vaciada. Estas organizaciones proceden de 22 provincias y afectan a las comunidades autónomas de Aragón, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunitat Valenciana. El motivo de la manifestación no era otro que poner de relieve el gravísimo problema de la pérdida de población que padece el 70% del territorio español, en el que sólo vive el 10% de los habitantes del país. Se trata de un problema real que sitúa ante el peligro de su extinción al 80% de los municipios de menos de 1.000 habitantes. Los manifestantes también exigieron un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas, empresariales, sindicales y de representantes de la sociedad civil para abandonar el desequilibrio existente e ir tomando medidas tendentes para un reequilibrio territorial que ofrezca a todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, las mismas oportunidades vitales, con el fin de terminar con el éxodo rural que se inició a finales de la década de los cincuenta del pasado siglo y que se ha acentuado en estos últimos tiempos.

Estas organizaciones llevan más de veinte años insistiendo en el tema ante las autoridades de cada momento, y a todos los niveles, sin resultados prácticos, recibiendo sólo buenas palabras. Estaba claro que había que dar el paso, alcanzar una representación en el Congreso de los Diputados y, desde allí, exigir que se emprendan las medidas de repoblación necesarias para acabar con el abandono del mundo rural en el que nos encontramos. De lo anterior tomó buena nota un grupo de personas de Teruel que bajo el slogan «Teruel existe» hacía muchos años que trabajaban intensamente. Fue esa gente la que, ante la última convocatoria electoral a Cortes Generales, presentó las candidaturas de la Agrupación Electoral Teruel Existe al Congreso de los Diputados y al Senado. Para sorpresa general, dicha agrupación electoral recibió más votos que los dos partidos hegemónicos, consiguiendo una plaza en el Congreso y dos en el Senado.

Pero las sorpresas no acabaron ahí. El destino quiso que ese voto, único, del diputado por Teruel Existe resultara imprescindible para que el candidato designado por el Rey al objeto de formar Gobierno pudiera ser investido. Pero ese voto tenía un precio que el diputado turolense negoció con el Partido Socialista. Ese diputado, Tomás Guitarte Gimeno, nació en Cutanda-Calamocha, localidad que en la actualidad tiene 22 vecinos. Establecido en València, donde cursó la EGB y el BUP, estudió Arquitectura en la UPV, ejerciendo la profesión de arquitecto con despacho abierto en la propia ciudad de València. En ese acuerdo, que pretende acabar con el aislamiento que sufre Teruel, se incluía la ejecución de diferentes obras de carreteras como la autovía Teruel-Cuenca o la mejora de la línea férrea Sagunt-Teruel-Zaragoza-Bilbao, así como la paralización inmediata del cierre de las taquillas de venta de billetes de tren prevista en aquellas estaciones con un bajo número de viajeros, estableciéndose un plazo de seis meses para analizar en su totalidad el sistema del transporte por ferrocarril y las medidas a tomar.

Dichas medidas van a favorecer notablemente a las comarcas del Rincón de Ademuz y la Serranía, así como al puerto de Sagunt-València, al Corredor Mediterráneo, al área logística de Sagunt en particular y al área metropolitana de València en general. También deberán realizarse toda una batería de cambios en la legislación de orden fiscal, urbanístico, etc. adaptados al tamaño y naturaleza de estos municipios para favorecer el asentamiento de personas en los mismos a través de la creación de empleo. Y para sorpresa del diputado Guitarte -según él mismo ha declarado-, en lugar de crear un órgano administrativo competente en la materia a nivel de Secretaría de Estado o Ministerio, tal y como se había solicitado, la respuesta ha sido la creación de la Cuarta Vicepresidencia del Reto Demográfico. Una Vicepresidencia que nos atañe, pues en la Comunitat Valenciana el problema de la despoblación según el Comité Económico y Social afecta de lleno al interior de las provincias de Castelló y València. Las comarcas más afectadas son l’Alt Maestrat, els Ports, el Alto Mijares, el Rincón de Ademuz, los Serranos, el Valle de Ayora y la Canal de Navarrés. También lo están algunos municipios de la Vall d’Albaida, el Comptat y la Marina Alta. De los 545 municipios con los que cuenta la Comunitat Valenciana, un total de 224 cuentan con menos de 1.000 habitantes, de los que 24 tienen incluso menos de 100 vecinos, 124 entre 100 y 500, mientras que los 76 restantes alcanzan una horquilla demográfica de 500 a 1.000 habitantes. Para hacernos una idea de la magnitud del problema, baste con indicar que entre 1950 y 2019 la provincia de València duplicó su población mientras que en el mismo periodo la suma de la población de las comarcas de los Serranos y del Rincón de Ademuz se redujo a la mitad.

Esa es la magnitud del problema. Tengamos en cuenta, además, que el abandono del territorio entraña importantes riesgos en el equilibrio medioambiental, desde la aparición de plagas a los incendios forestales por abandono de los bosques pasando por los cambios en el régimen de lluvias, acentuando así los efectos del cambio climático en el que ya nos encontramos. Revertir esta grave situación no es fácil, ni mucho menos, puesto que existe un amplio espacio de nuestro territorio que no se ha podido subir al tren del desarrollo que se inició en el país con el Plan de Estabilización de 1957 y que, finalmente, permitió crear el estado de bienestar del que ahora disfrutamos. El éxodo a la ciudad fue en aquel entonces la única manera de mejorar las condiciones de vida y progresar, ya que en los pueblos no se creaba empleo; además de la carencia de instalaciones de uso público, simple y llanamente no había trabajo. Con el advenimiento de la democracia, los equipamientos municipales y las infraestructuras viarias, así como de suministro de agua potable, depuración de aguas residuales, telefonía móvil, banda ancha de internet, instalaciones culturales y/o deportivas, etc. han mejorado notablemente gracias a la acción de las diferentes administraciones, principalmente de las Diputaciones y la Generalitat en lo que afecta a los pequeños municipios. Pero el problema de la ausencia de puestos de trabajo sigue y, naturalmente, al no ofrecerse en el municipio oportunidades laborales los jóvenes tienen que marchar, generando a partir de ahí el problema demográfico. Es, por tanto, una necesidad imperiosa generar trabajo en estos municipios para fijar a la población y que no se vaya, procurando también atraer a más personas para revertir la situación creada en estos últimos años. Ese es el quid de la cuestión. Porque la existencia de infraestructuras, como es el caso de alguna de nuestras comarcas afectadas por el despoblamiento, es una condición necesaria para revertir la situación, pero no es suficiente. Y ahí es cuando hay que arbitrar toda una serie de medidas para favorecer el empleo a través de la ubicación de empresas, con medidas incentivadoras de tipo fiscal, que incluyan incluso la eliminación de determinados impuestos como el de sociedades o el de la renta de las personas físicas. Alemania ya lo está haciendo. Además, con la extensión prevista por el Gobierno de las redes de telefonía móvil para dar cobertura de acceso a Internet de hasta 30 megabits por segundo a todo el territorio también se facilitará el teletrabajo y la instalación de actividades empresariales. El interior no puede, una vez más, perder la oportunidad que brindan los cambios derivados del mundo digital y de la energía limpia. De ahí que se participe en estos cambios y se creen oportunidades de ocupación para sus vecinos.

En la misma medida para el reequilibrio territorial, se impone una descentralización de cualquier tipo de organismos, agencias, oficinas etc. de las todas administraciones. No es de recibo que las empresas públicas, agencias u oficinas estatales se concentren en Madrid o bien que las autonómicas estén casi todas en València. Otro tipo de iniciativas tendentes a facilitar la instalación de actividad económica requerirá un cambio en la legislación actual, adaptándola a las necesidades de una realidad muy diferente. Todas las administraciones van a tener que introducir cambios. Pero hay una última cuestión, y no por ser la última es la menos importante: hay que saber hacer llegar a la opinión pública este mensaje, que vivir en un pueblo no es algo negativo sino todo lo contrario, es vivir en contacto con la naturaleza, sin contaminación, con más calidad de vida y sin menoscabo para la realización tanto personal como profesional del individuo. Es decir, casi un lujo. En cualquier caso, en próximos artículos trataremos de desgranar las medidas mucho más concretas y vinculadas a nuestro territorio que se podrían y deberían poner en marcha.

Firman también Francisco García Calvo, Javier Manglano, Alejandro Marín y Enrique Sáez, del Grupo Visión Crítica