"La base de la soberanía alimentaria es la preservación de la capacidad de producción agrícola. Sin embargo, la agricultura española está hoy debilitada. Aunque mantiene su posición de líder en la producción, tanto en términos de volumen como de valor, nuestra agricultura ha sufrido durante muchos años una "guerra de precios" y un ascenso que no satisface suficientemente las expectativas legítimas de los consumidores. Son estas dos desventajas las que deben ser remediadas. Por lo tanto, es esencial poner fin a esta "guerra de precios" que ha llevado al empobrecimiento de los productores y al debilitamiento de sectores enteros de la industria alimentaria. La política alimentaria del Gobierno también debe tener por objeto promover opciones alimentarias que preserven la salud de cada individuo y el capital común del medio ambiente. Por último, la política alimentaria debe ser un factor de reducción de las desigualdades sociales al permitir que todos tengan acceso a alimentos sanos, inocuos y sostenibles.”
Si esta introducción les resulta lógica y sensata imaginen una ley que se justifique con esos argumentos para proteger a las personas agricultoras, ganaderas y pescadoras de España. Este texto está extraído de ley por una agricultura y alimentación (nombre completo) del gobierno de Macron, aprobada el 1 de noviembre de 2018, unas premisas ante las que probablemente ningún partido en España podría oponerse.
Sin embargo, la aplicación de la ley está generando mucha controversia dado que uno de los principios fundamentales, que era proteger a los pequeños y medianos productores, no se está consiguiendo probablemente porque no se les escuchó lo suficiente a la hora de tomar las decisiones necesarias para traducir en medidas efectivas el respeto hacia su trabajo y que debían verse reflejadas en el establecimiento de unos precios mínimos que cubrieran el coste de producción.
Entré en Podemos por varias razones, una de las principales fue para combatir desde las instituciones con la misma voz a la que representé y para la que trabajé durante más de 15 años con las organizaciones sociales representantes de los pequeños agricultores, pescadores, ganaderos y pueblos indígenas del mundo entero que conformaron la que probablemente es la red de movimientos sociales más grande a nivel internacional, la que lucha por la soberanía alimentaria. Y si todos estos millones de individuos se unieron desde cada rincón del planeta fue precisamente para gritar basta, porque las políticas que se supone deben protegerles no hacen más que ahogarles cada vez más.
Este grito desesperado que también ha llegado a España y a la Comunitat Valenciana nos está pidiendo a la clase política que miremos al problema desde la raíz: el modelo caótico de libre mercado, que desprotege a nuestros trabajadores del sector primario, está provocando desde hace demasiado tiempo un nivel de perversiones que tienen como consecuencia primera el empobrecimiento de los pequeños y medianos productores de alimentos hasta el punto de no poder vivir de su trabajo, pero también la destrucción del planeta por un modelo de producción agroindustrial y muchos problemas de salud para la población por una mala calidad de los alimentos que nos ofrece la gran distribución.
La falta de políticas de apoyo y protección de la agricultura, la pesca y la ganadería tiene en todas partes las mismas repercusiones: el vaciamiento de nuestros pueblos y nuestras zonas rurales porque las personas productoras del sector primario no pueden vivir dignamente de su trabajo, motivo que les hace emigrar a las ciudades o a otros países. Con la crisis de precios está en juego no sólo el futuro de nuestra alimentación sino, también, el futuro del planeta. Porque con el vaciamiento de las zonas rurales y la concentración de la población en les ciudades, ¿quién producirá nuestra comida y quién gestionará nuestros bosques, nuestros pastos, nuestro paisaje?
La infraestructura agraria y de riego condensan siglos de ingeniería y tradición propia del País Valencià. La taronja y nuestros arrozales nos representan ante el mundo, a los valencianos, castellonenses, alicantinos y también a todos los españoles. Nuestra gastronomía y cultura popular deriva de aquellos productos propios que hemos sido capaces, como pueblo, de hacer brotar y después cosechar para poner sobre la mesa de nuestras familias, nuestros amigos y vecinos. Defender la soberanía productiva de elementos tan elementales como la alimentación es defender las bases de la propia soberanía de los pueblos de España, su patrimonio económico, cultural, ambiental y la diversidad del mismo.
Ese es el motivo por el que tantas personas luchadoras por la soberanía alimentaria nos reencontramos en Podemos desde sus inicios y hemos defendido en todos los niveles de las instituciones y de los gobiernos en los que hemos participado la defensa de los pequeños y medianos agricultores, ganaderos y pescadores para poder mantener un mundo rural vivo. Porque estamos convencidas de que es urgente y muy necesario aplicar medidas que lleven a un reparto justo de la riqueza en la cadena agroalimentaria, que ponga freno al enriquecimiento absoluto por parte de algunos actores, en particular de la gran distribución (también valencianos) y distribuidores del sector, y pague al que debiera ser el actor protagonista, el sector primario, un precio más que remunerativo por su trabajo.
