Todo español tiene derecho a una vivienda digna, consagra la Constitución. Nuestro cuerpo, nuestra envoltura física, es nuestra casa, el lugar donde habitamos cada uno de nosotros del principio al fin. Cuando esa vivienda se resquebraja, no existe opción de adquirir una nueva y mudarse. Se podrán acometer arreglos y reformas, pero el inmueble asignado es inamovible. La dignidad de vivir incluye la dignidad de morir.
Acaba de abrirse en el congreso el debate acerca de una ley que regule la eutanasia, espinosa cuestión de carácter ético y moral que la sociedad española ha ido madurando con sosiego, según revelan las encuestas del CIS. Más de la mitad de los ciudadanos estarían de acuerdo con una ley que especificara claramente que toda persona mayor de edad que se encuentre en los supuestos de enfermedad grave o incurable, o incapacidad grave, crónica e invalidante causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables, tiene derecho a pedir una muerte digna y a que la sanidad pública se la garantice.
Obviamente se trata de un debate de fácil politización torticera, por cuanto conlleva una alta carga emocional. Hace falta consenso desde una serenidad que no se alcanza denunciando que lo que pretende la ley es eliminar estorbos para ahorrar en pensiones y en tratamientos médicos.
Quien ha visto sufrir de manera innumerable a un ser querido sometido a un sufrimiento irreversible e insoportable en fase terminal entiende mejor que nadie cuánto de suprema compasión tiene el gesto de proporcionar a tanto dolor una muerte digna.
