Cuando uno mira la fotos de los campamentos de los que recogen la fresa en Huelva, solo puede preguntarse: ¿es necesario imponer esas miserables condiciones de vida a los trabajadores inmigrantes para que el cultivo de la fresa sea rentable? Si la respuesta es sí, entonces sería preciso negarse a plantar fresas. No a ese precio. Si la respuesta es que esa vergüenza no es necesaria, entonces es preciso preguntarse por qué se llega a esos extremos, carentes de toda sensibilidad hacia la dignidad del ser humano. Yo no compraría fresas si el precio a pagar fuera situar a seres humanos en condiciones que son peores que los barracones de un campo de refugiados. Eso es intolerable y como país no podemos soportar esa vergüenza. Ningún agricultor puede argumentar que sólo si mantiene esas condiciones su explotación puede prosperar. Los campesinos que yo conocí no eran negreros y estoy seguro de que hoy tampoco lo son. Los poderes públicos no pueden ser indiferentes a esto, tienen que identificar a los culpables y castigarlos. Un clamor debería llegar a la Junta de Andalucía y obligarle a tomar medidas.

Pues algo es claro. Las magníficas cajas de fresas que inundan nuestras tiendas durante una buena parte del año, no corresponden a explotaciones familiares. Conviene entonces distinguir el problema del campo respecto del problema de la industria alimenticia agraria. Una cosa es la producción agrícola con parámetros industriales y protegidos por una denominación de origen, y otra es la crisis de la España campesina y rural. Y es necesario distinguir este segundo problema del primero, porque es posible que la crisis de las explotaciones familiares de tantos miles de pequeños agricultores, sea parte del proceso inducido para reducir el campo a la condición de una explotación industrial más, altamente tecnificada, dotada de abundantes capitales y centrada en cultivos intensivos, masivos y estandarizados que saturan nuestros comercios.

Y es preciso distinguirlo porque, cuando el campo se reduzca a los kilómetros de invernaderos de plástico donde, sobre lechos de hormigón y capas de humus, regados por gotas de agua fertilizada y milimétricamente medida, se cultiven productos industriales insípidos para el consumo masivo, y todo lo demás sea un desierto, entonces ya será tarde para identificar el verdadero problema. Este, tal y como lo plantean los cientos de miles de agricultores que han alzado su voz a lo largo de estos días, consiste en que, de verdad, no pueden competir con este tipo de empresas agrarias capitalizadas, muchas de ellas en manos de multinacionales y que, justo por eso, no se ven amenazadas por el PAC ni presionan para mantener las subvenciones europeas. Como si fuera una cadena trófica inflexible, esas empresas venden a toda Europa con altos precios de mercado, mientras producen con bajos salarios en España. A la vez, permiten que se hundan todavía más los pequeños agricultores con importaciones masivas de otros productos procedentes de terceros países que, por supuesto, también están en manos de grandes compañías multinacionales, las únicas que pueden permitirse una comercialización transoceánica o transcontinental.

Situados en medio de esta cadena, somos devorados por una economía agraria también mundial. Y por eso los intereses de la agricultura no pueden considerarse como un continuo homogéneo. La industria agraria altamente capitalizada es una cosa. La pequeña explotación familiar es otra. Sus problemas son del todo diferentes. Los últimos tienen que ver con la cuestión del territorio y no pueden ser abordados sin soluciones integrales respecto del desequilibrio territorial, lo que ya es un problema inaplazable. Ese desequilibrio presenta una dificultad básica: la galopante concentración urbana que está conociendo España y la amenaza de desertización que se cierne sobre una buena parte del territorio.

Este es un problema mundial, pero lo específico de España reside en que la contraposición campo-ciudad se presenta con una radicalidad imponente. Cuando uno viaja por Alemania o Italia ve un continuo entre campo y ciudad, con transiciones y zonas intermedias. Pero aquí no es así. Entre campo y ciudad hay un abismo, como ve cualquiera que atraviese España en tren. La dispersión de pequeñas ciudades en otros países mantiene todavía una relación orgánica con el campo del entorno y aumenta el consumo de productos in situ. Esto no sucede entre nosotros. Para llegar a los lugares de consumo, los productos del campo de las pequeñas explotaciones dispersas se ven expuestos a condiciones drásticas y costosas de mediadores, agravadas por las dificultades de organización cooperativa.

Y sin embargo, el mundo del interior, que ha quedado al margen del proceso de concentración urbana, tiene un importante poder político, pues en realidad, aunque pierde población, no pierde su amplia representación política. Poco a poco se está dando cuenta de hasta qué punto la capacidad de presión política ha reducido la sensibilidad de los Gobiernos a los intereses urbanos y, en realidad, a los propios de las grandes concentraciones centrales vinculadas a los núcleos de poder administrativo. Así, todo el mundo ve cómo la población de Castilla resiste en Valladolid y cae en las restantes provincias, como también sucede en Sevilla, o en Zaragoza. Y ese país interior desertizado, sin el que España no puede entenderse, hunde las condiciones de vida de los agricultores.

Geoffrey Brian West es un físico teórico que trabaja en la aplicación de las proporciones de escala a los entes colectivos, intentado mostrar las leyes de escala que hay entre la forma y el tamaño de los organismos y la energía que consumen, todo presidido por la cantidad de entropía que producen. En su reciente libro "Scale, The Universal Laws of the Life", argumenta que la forma de la gran ciudad que la humanidad está promoviendo, impulsada por el capitalismo, es insostenible. Basta con recordar la desproporción de escala del consumo de energía por el hecho de vivir en la gran ciudad. Un ser humano normal, en condiciones biológicas básicas, consume 2000 kilocalorías, que equivale al consumo de 100 vatios. Pero en condiciones de vida propias de una megalópolis, con el nivel de vida de Estados Unidos, cada persona consume la energía equivalente a 10.000 vatios, que multiplica por cien el consumo básico humano. Esa es la energía que necesita una ballena azul, que pesa mil veces nuestro cuerpo. Por eso West propone que identifiquemos la fase verdaderamente peligrosa del Antropoceno en lo que él llama el Urbanoceno.

Este concepto llama la atención sobre el hecho de que ya hemos superado con creces la escala biológica que garantiza el futuro de la vida. Si imaginamos que los más de siete mil millones de seres humanos del planeta se mueven por la Tierra con los pesados cuerpos de las ballenas azules, nos daremos cuenta del aspecto siniestro de nuestra especie y de su incierto futuro si seguimos concentrándonos en grandes ciudades. Y ello nos sugiere que toda política ecológica que no detenga esta tendencia es pura hipocresía. Y por eso, el campo no puede ser abordado al margen de la política ecológica, que es sencillamente la única política que garantiza el futuro de la humanidad.

Eso implica transferir recursos a las pequeñas ciudades, a los pueblos, a las personas que viven en ellos. Y la solidaridad impone que se le transfieran desde los lugares en los que la escala de beneficios también se dispara. Un régimen fiscal específico, un tratamiento diferente de los autónomos rurales, una capitalización mediante crédito público, una autonomía energética limpia, una incentivación del cooperativismo, una mejora de la educación y de la sanidad, todo eso es necesario. Quien tenga en su labios la palabra España y no apueste por estas medidas, no hace sino seguir la enorme hipocresía que caracteriza a la política española desde siglos y que en el franquismo alcanzó el estatuto de completa desvergüenza y cinismo. La prueba de fuego de un político democrático es no ser heredero de esa maldita tradición.