La denuncia del Conseller de Educación, Cultura y Deportes, Vicent Marzà, ante la policía por insultos y amenazas, una de ellas haciendo referencia a su intervención en contra de Vox en Las Cortes Valencianas, es uno de los últimos síntomas de una ideología de odio que nunca debería permitirse en una democracia. Las amenazas, anónimas, las ha recibido en una red social. La práctica de extender el odio a través de las redes sociales desde un contexto ideológico y político muy concreto, como defiende Lasalle (2000), hace que el populismo avance gracias al uso de estrategias masivas de comunicación digital basadas en «una agresividad argumentativa y una dinámica de la viralización que adapta en clave postmoderna la violencia que el fascismo utilizaba en la calle durante el periodo de entreguerras». Su finalidad, argumenta, es el descrédito de la democracia, con la finalidad de asentar las bases para una dictadura, a través de la difamación o caricaturización de los/las defensores de la democracia y mintiendo deliberadamente generando debates inexistentes. El ciberpopulismo pone en peligro la democracia denuncia el Centro para el Futuro de la Democracia de la Universidad de Cambridge. Como ejemplo reciente tenemos los casos inexistentes de adoctrinamiento en la Comunidad de Madrid, con datos proporcionados por su presidenta, y aunque son incapaces de proporcionar un solo caso real, Vox sigue defendiendo que existen. Esta estrategia basada en la mentira ya dio resultado con los defensores del nazismo.

No debería sorprendernos lo que ocurre. La ausencia de un voto informado ha propiciado que la ultraderecha haya ocupado escaños en el lugar que debería ser el epicentro político de la defensa de la democracia, la misma democracia que erosionan con sus acciones. Por eso es necesaria una educación dialógica, crítica, que enseñe a contrastar, argumentar, analizar y reflexionar al estudiantado porque la información nos ayuda a ser menos vulnerables a la manipulación. Una educación unida al compromiso ciudadano y a la defensa de los valores públicos democráticos.

La ultraderecha española tiene modelos que le inspiran como la política educativa de Bolsonaro en Brasil que, tras ocupar la presidencia en 2018, tuvo como prioridad «expurgar la ideología de Paulo Freire». La pedagogía freireana es uno de los referentes internacionales de la teoría crítica educativa, y Freire el pedagogo con más impacto en la educación del siglo XX, que sigue nutriendo la vanguardia pedagógica del siglo XXI. En lugar de ser un referente educativo en Brasil, se ha fomentado la delación del profesorado crítico, el regreso a un currículum escolar autoritario y se ha combatido la «sexualización», que es como se denomina perversamente a la educación afectivo/sexual, confundiendo los criterios de rigor científico de los estudios de género validados en los foros científicos internacionales más prestigiosos. Y lo han hecho con barbaridades parecidas a las que hemos escuchado de Vox en relación al veto parental. Vox mintió cuando difundió videos que no eran ni tan siquiera españoles, confundiendo a la opinión pública y mintió mostrando una charla a padres y madres como si se estuviera impartiendo a escolares. Nadie que ocupe un escaño político debería mentir, esa manipulación perversa de la verdad, desacredita a quien la difunde para representar a la ciudadanía.

El Conseller señaló algunas cosas que, en su opinión, rompen España como que se señale con odio a quien piensa diferente, señalar al profesorado que enseña a pensar libremente a los niños y niñas o cuestionar al profesorado por no adoctrinar en los valores que defiende la ultraderecha. Como miles de profesores y profesoras también defiendo que la finalidad de la educación es ayudarnos a pensar, a ser más libres, a respetar a las demás personas aunque no piensen como nosotros.

A finales de enero una edil de Vox en el municipio murciano de Alhama, en su intervención en defensa del veto parental, dijo que «la libertad de cátedra es para los catedráticos», obviamente no es así, una sentencia de 1996 recoge que está condicionada por los planes de estudio. Pero además tenemos una normativa y una legislación europea, nacional y autonómica, y un articulado educativo, que incluye ese mismo derecho a pensar libremente y a que los niños y niñas se eduquen en igualdad, contra la Violencia de género, en el respeto a la identidad sexual diversa y en un contexto de educación para la paz y la sostenibilidad.

La implementación de esta legislación debería defendernos frente a las shitstorms o «tormentas de mierda», así se denominan literalmente, lanzadas por la ultraderecha a través de las redes sociales. España constitucionalmente es, además, un estado aconfesional en el que las opciones religiosas de los hombres y mujeres que representan a la ciudadanía, muy respetables en el ámbito personal, nunca deben intentar imponerse al resto de la ciudadanía.

Nadie que amenace anónimamente se merece nada más que nuestro desprecio. Y cualquier persona que sea amenazada como consecuencia de la difusión, mediática o no, de la ideología del odio merece nuestra solidaridad. Porque cuando se amenaza al Conseller de Educación por defender la libertad de pensamiento en la educación, se nos está amenazando a cada uno y a cada una de los profesores valencianos defensores de la democracia educativa y social.