Soy psicóloga sanitaria, feminista, militante de izquierdas e integrante del Front Abolicionista-PV. En el año 1995, siendo presidente Felipe González gracias al apoyo de CIU y PNV tras rechazar el apoyo de IU, y siendo ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, cambia el Código Penal de 1973, vigente hasta entonces, para despenalizar la Tercería Locativa, que es la figura jurídica que hace referencia al lugar que se proporciona para la realización de la actividad sexual de la persona prostituída. Hasta 1995 había responsabilidad penal en forma de prisión menor y multas económicas para el dueño del local en el que se ejerciera la prostitución, pero a partir de 1995 se abrió la veda para que unos cuantos hombres abyectos se enriquecieran aprovechándose de la situación de desamparo socioeconómico de muchas mujeres, y curiosamente coincidió con un enorme recorte presupuestario del gasto en Asuntos Sociales que cuenta en sus memorias Cristina Alberdi, por entonces ministra de un Ministerio sin apenas recursos, e imposibilitado de diseñar políticas que pudieran sacar del desamparo precisamente a ese colectivo de mujeres vulnerables. A sus socios conservadores les pareció bien.

En 1996 hay un cambio de gobierno y el ministro de Interior de Aznar, Mayor Oreja, considera y registra como entidades de Utilidad Pública a dos asociaciones que equiparan prostitución y trabajo, y prostituídas y trabajadoras sexuales, son Sida Studi en 1997 y Apdha en 1999; curiosamente Apramp, una asociación cuyo objetivo era y es la atención sanitaria, la formación y la reinserción de las mujeres prostituídas desde 1989, no es considerada de Utilidad Pública.

También es curioso que durante los dos mandatos de Aznar asuntos sociales siga desmantelándose y comparta ministerio con Trabajo, y que el número de mujeres prostituídas y de locales aumente exponencialmente.

De 2011 a 2015 el ministro de Interior de Rajoy, Fernández Díaz, considera también entidades de Interés Público a otras dos asociaciones regulacionistas, Hetaira en 2013 y Cats en 2015, y por fin a Apramp en 2016. El desmantelamiento es total en recursos sociales y encontramos el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, con recortes criminales y viéndose empujadas a ganarse la vida en situación de prostitución a ni se sabe cuántas mujeres, sufriendo imposiciones sexuales y enriqueciendo a escoria.

La prostitución como recurso de supervivencia tiene gravísimas secuelas para la salud integral de las mujeres, pero eso nunca es denunciado por quienes equiparan prostitución y trabajo.