Hace unos días se publicaba una noticia de las que me generan malestar como ciudadano europeo. El Estado español lleva abonados casi 40 millones de euros a la Unión Europea, como multa por el incumplimiento de la Directiva Europea de Depuración de aguas residuales (Directiva 91/271), debido a la falta de depuración en varios núcleos de población de nuestro país. Es una noticia indignante. La apuesta por la calidad del agua que nos ha venido impuesta, afortunadamente, desde Europa a través de su Directiva del Agua del año 2000, que tuvo un antecedente fundamental en esta Directiva de depuración de aguas residuales en núcleos urbanos. Gracias a las indicaciones contenidas en dicha directiva nuestras ciudades y entornos industriales han tenido que instalar estaciones de depuración para aplicar tratamientos que permitan devolver el agua usada en condiciones idóneas a ríos, humedales y mares. No obstante, esta directiva se quedó corta en la exigencia de tratamientos más avanzados de depuración para países como España, que debería tener en esas aguas regeneradas un caudal muy importante para satisfacer demandas agrarias y urbano-turísticas de agua en la actualidad y en el futuro. Algunas Comunidades Autónomas han llevado a cabo esa mejora de tratamientos en sus planes de saneamiento y depuración. Pero debería convertirse en una práctica habitual en todas ellas. La reutilización de aguas residuales se va a convertir en un recurso básico en el contexto actual de cambio climático. Por eso toca mejorar la calidad de la depuración para que su reutilización pueda ser en optimas condiciones y no genere rechazo especialmente para su uso en agricultura. Y lo primero, cumplir la Directiva para que no nos sigan sancionando.
