A mediados del mes de septiembre del año 2016, en estas mismas páginas, me preguntaba si la clase política y los gobernantes escuchaban a la sociedad civil y, si lo hacían, en qué términos y con qué alcance. El escenario político de aquél momento, nos abocaba a las terceras elecciones nacionales, se debatía sobre la controvertida reforma educativa, y el modelo de financiación autonómica, y se celebraban en unos días las elecciones vascas y gallegas. Cada uno sacaremos nuestra propia comparativa de los tiempos. Pero no voy a hablar de política, ¿o sí?.
La naturaleza intrínseca de ambas, de la clase política que gobierna y de la sociedad civil, delimita con precisión sus funciones para la interrelación que debe existir entre las mismas. En el Tratado de la Unión Europea se contiene el mandato explícito a las instituciones para que den a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión, manteniendo un diálogo abierto, transparente y regular con la sociedad civil, esté ésta organizada o no. En los estados democráticos, como el nuestro, la sociedad civil debe plantear demandas sociales y vigilar la aplicación efectiva de los derechos otorgados, como dijo Jürgen Habermas. Cuando está organizada persigue un interés general y, actúa como mediadora entre los poderes públicos y los ciudadanos.
Hasta aquí todo claro para unos y para los otros, pero sin acción cualquier mandato, objetivo o declaración de intenciones, se convierte en papel mojado. Esta misma semana se han producido tres acontecimientos que nos ayudan a hacer nuestra propia valoración de en qué momento se encuentra la interrelación entre los que mandan y los que no, la sociedad civil.
El primero, relacionado con la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, que con motivo de su Asamblea General anual, el empresariado reflexionó de la mano de Felipe González, sobre el papel de la sociedad civil quien destacó que hoy más que nunca necesitamos una sociedad civil viva que con su actitud condicione el comportamiento político. Precisamente esta asociación recibía un premio por su campaña de concienciación «Quiero Corredor». El segundo, la celebración del I Congreso Nacional de Sociedad Civil, en el que durante dos días, y bajo la denominación «Repensar España», se han debatido y analizado los importantes temas que a todos nos afectan con el propósito de hacer una aportación de la sociedad civil destinada a los poderes públicos y el conjunto de la ciudanía. Y el tercero, que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, anunciaba que está en proceso el diseño del IV Plan de Gobierno Abierto de España que se prevé aprobar en el primer semestre de este año. Para ello, cuentan con la base de 130 propuestas de ciudadanos y organizaciones de sociedad civil, resultado de la consulta abierta a la ciudadanía el año pasado. No deja de ser llamativo que el 69 % de las propuestas se refiera a la mejora de la trasparencia y la rendición de cuentas en las administraciones públicas, y que el 23 % reclame el incremento de la participación ciudadana en la elaboración de normas y gestión pública.
La conclusión para mí es clara, la sociedad civil de nuestro país se ha fortalecido en estos últimos años, está viva y activa y es el núcleo de la reflexión y análisis de lo que queremos y necesitamos como sociedad, pero también es el motor de la acción que ya ha condicionado a los poderes públicos en algunos aspectos. Quedan más y en estos debe estar su empeño.
