Por primera vez, nuestro ordenamiento jurídico reconocerá la figura del consumidor electrointensivo (CEI) con un estatuto propio dirigido a garantizar la competitividad de esta industria en el mercado global. Han sido meses de trabajo. Hemos consultado a las autoridades comunitarias para implementar medidas que garanticen la seguridad jurídica, llegando al máximo que ofrecen los marcos normativos, legislativos y presupuestarios vigentes; hemos atendido las recomendaciones de la CNMC y estamos revisando las propuestas de administraciones, asociaciones, empresas y sindicatos, con quienes hemos compartido un proceso de diálogo constructivo sobre el presente y el futuro de la industria. El resultado debe ser un estatuto realista que ofrece una respuesta estable y rigurosa, atendiendo a las necesidades de la industria y abandonando los años de inacción que, como única receta, ofrecía el neoliberalismo. Era necesario e inaplazable disponer de un instrumento eficaz, que se sumará a otras medidas impulsadas por el Ejecutivo, a la espera de que se desarrolle un marco homogéneo en el ámbito comunitario para el conjunto de la industria electrointensiva.
El estatuto define y certifica la condición de CEI; reconoce la especificidad de los sectores industriales con un elevado consumo de electricidad, ofrece medidas para mejorar su competitividad y establece compromisos y obligaciones. Asimismo, se configura como un marco de acompañamiento que también define compromisos. Tenemos la convicción de que es el mejor Estatuto posible, porque es un instrumento útil y equilibrado, da certidumbre y estabilidad a unas seiscientas empresas, principalmente de la cornisa cantábrica -que desempeñan un papel clave en la vertebración económica, social y territorial-, y está dotado de los mecanismos y salvaguardias adecuados para que los beneficios previstos reviertan en el conjunto de la sociedad y no originen ninguna carga económica apreciable sobre el resto de operadores económicos y, en particular, sobre los consumidores vulnerables.
El estatuto se enmarca en la batería de medidas que el Gobierno está impulsando en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, para cumplir con nuestros compromisos internacionales -tanto en el seno de la UE como con el Acuerdo de París-. Este proceso, la transición ecológica, abre un amplio abanico de oportunidades de negocio y empleo en terrenos como el de la generación renovable y permitirá consolidar precios de la electricidad más asequibles tanto para usuarios domésticos como industriales, especialmente en el ámbito electrointensivo.
De hecho, ya estamos viendo esta tendencia: España está registrando una evolución muy favorable del precio mayorista de electricidad, que se debe a factores propios del mercado, pero también a la acción del Gobierno en materia de energías renovables que, a día de hoy, constituyen la fuente de generación más barata. Según Eurostat, el precio final de la energía eléctrica para la industria se encuentra por debajo de países como Reino Unido, Irlanda, Alemania o Italia, sin contar el efecto de las medidas compensatorias que se incluyen en el Estatuto. Esta senda descendente se refleja en mercados futuros. Para 2020 y 2021 se observa una reducción de las diferencias con Francia y Alemania, y más allá de ese horizonte, las cotizaciones de futuros de energía pasan a estar por debajo de las cotizaciones que tendrán los competidores directos. Estamos, por tanto, ante un panorama favorable para que las medidas del Estatuto puedan apuntalar un elevado grado de competitividad del sector.
Abrimos una etapa que aportará amplias cuotas de certidumbre en un contexto de precios bajos y alineamiento con la lucha contra el calentamiento global. En este sentido, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 define nuestra hoja de ruta para lograr los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, penetración de energías renovables y eficiencia energética. Líneas de actuación muy claras que pretenden maximizar oportunidades y beneficios para la economía, el empleo, la salud y el medio ambiente, y minimizar costes, acompañando a los sectores más intensivos en CO2 en su adaptación progresiva, para avanzar hacia una economía más competitiva y resiliente.
El trámite de aprobación del Real Decreto está en marcha. Su desarrollo se asociará a la tramitación parlamentaria de los nuevos Presupuestos Generales del Estado donde deberán consignarse las partidas necesarias para financiarlo. Ya estamos trabajando para trasladar a los grupos políticos la importancia de sacar adelante este texto y de alcanzar un gran consenso en torno a la industria y al modelo de país que queremos.
