El Ibex ha caído esta semana nada menos que un 11,4%. Pero los inversores no se han asustado por la cumbre de la Moncloa entre los gobiernos de España y Cataluña -que Pablo Casado ha calificado de "escarnio", "mesa de claudicación" y "desfalco a la soberanía nacional"- sino por el miedo a los efectos del coronavirus que ha azotado a todas las bolsas.
Pero la política, insensible a esta alarma mundial (y al aviso de Bruselas sobre la economía), discute de la reunión entre Pedro Sánchez y varios ministros, por una parte, y Quim Torra, el vicepresidente, Pere Aragonés, y varios líderes independentistas, por la otra.
En un coloquio en Madrid el expresidente Aznar, con el que Pablo Casado parece cada día más próximo, ha sentenciado que la reunión se enmarca en "el proceso de desintegración del Estado que estamos viviendo, que le da la llave de la gobernabilidad a un condenado por sedición". Y remachó: "el efecto de la reunión es devastador". Pero este alarmismo fue relativizado por Felipe González. Tras señalar que "la descentralización se empieza a confundir con la centrifugación", el expresidente socialista, que no es un "fan" de Pedro Sánchez, contestó que "el miércoles hubo una reunión en la que no pasó nada, como no pasará nada en la próxima reunión de marzo".
Para Felipe lo de la Moncloa sólo fue no "una performance que anticipa la que se vivirá en las elecciones catalanas de otoño por la división independentista". Sobre la entrega a Junqueras, dijo que "no es verdad y si lo fuera la responsabilidad sería de los partidos de la centralidad", recordando que en 1980 a Adolfo Suárez le faltaban 14 votos para aprobar los presupuestos y que ese día faltaron al Pleno 16 diputados del PSOE. Punto y aparte". Añadió que la amnistía y la autodeterminación exigirían un cambio radical en la Constitución y que, en ese caso, él estaría en contra.
Sigamos. Cuando Felipe dice que "no pasó nada" se debe referir a nada grave o trascendente. Pero si pasaron cosas. La primera -por la que el PP no puede dejar de estar molesto- es que Pedro Sánchez dio un paso hacia una mayor margen de actuación. Así, el jueves con 168 votos a favor y la abstención de ERC se aprobó el techo de gasto del 2020 y del 2021, condición necesaria pero no suficiente para la aprobación de los presupuestos que darían al actual Gobierno más estabilidad.
En tiempos convulsos conviene ser prudente, pero tras la cumbre de la Moncloa el vaso puede estar más medio lleno que medio vacío. En el 2017 teníamos una Generalitat que proclamaba la independencia y un gobierno español que ponía en marcha los mecanismos (el 155 y la fiscalía) para abortar el proceso. El separatismo volvió a ganar después -diciembre del 2017- las elecciones catalanas y el Supremo ha dictado severas condenas de prisión. Pese a ello, ahora los dos gobiernos se reúnen en un clima "relajado" -gracias en parte a la astucia escenográfica de Iván Redondo- y acuerdan reuniones mensuales para intentar abordar el conflicto.
¿Qué escenario es preferible, el del 155 del otoño del 2017 o la actual tentativa desinflamatoria? Incluso los radicales Puigdemont y Torra han visto que de entrada no podían boicotear la negociación.
Pero yendo mas al fondo, el breve comunicado final es una discreta rectificación del independentismo ya que dice: "cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica". La frase no es nueva, pero se oficializa. Y que el independentismo abrace la seguridad jurídica es una forma no humillante de aceptar el imperio de la ley y de la Constitución. No existe seguridad jurídica extralegal.
Los críticos afirman que no hay una explícita aceptación de la Constitución y tienen razón. Pero entre las leyes de desconexión con España de setiembre del 2017 y el compromiso con la seguridad jurídica hay un gran paso. ¿Lo han dado porque la DUI perdió ante el 155? Sí, por eso es la enmascarada admisión de un fracaso.
Nada garantiza el futuro, pero es un paso. Posible porque el Gobierno de Madrid ni ha querido ni puede ganar por goleada. Nos movemos en un terreno algo pantanoso -para el constitucionalismo y para el independentismo- pero una travesía bien gestionada por el pantano puede ser un camino para la solución.
Felipe González le dijo a Aznar: "tenemos que quitarnos, todos, el cuchillo de la boca para poder hablar, porque si no, sólo se oirá el silbido de la navaja". Quizás el miércoles en la Moncloa se inició algo así. Lo negativo es que el líder del primer partido de la derecha cree todo lo contrario.
