La página web de la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra S.A. asegura que «tiene por objetivo principal la promoción, apoyo y participación en actividades económicas, empresariales y sociales que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los municipios de la provincia de Valencia».

Sin embargo, la ciudadanía la conoce por el vergonzante Caso Alquería. Según la Fiscalía Anticorrupción, el expresidente de la Diputación, el por entonces socialista Jorge Rodríguez, creó «una estructura de gobierno paralela a la auténtica voluntad del consejo de administración». Con ella, destaca el Ministerio Público, se ejerce «un voluntarismo político de favorecer a los miembros del partido dominante en la Diputación de Valencia y afín al presidente de la misma».

Rodríguez, cuando dimitió arropado por muchos compañeros del PSPV en el patio del Palau de la Scala, aseveró: «podemos haber metido la pata, pero no la mano». ¡Tiene guasa! ¿Qué es entonces crear una administración paralela para enchufar a tus amigos por el módico precio de 60.000 euros anuales cada uno? ¿Eso cómo se llama? Sí, acaba por la letrita R.

Lamentablemente, como si de un dejà vu se tratase, los valencianos asistimos atónitos al saqueo de la empresa pública de la Diputación, que había cambiado de nombre, pero seguía en manos de corruptos. Antes, con el PP, se llamaba Imelsa. Su gerente decía que era «yonqui del dinero» y sus trapicheos nos dejaron uno de los momentos más representativos de la corrupción del PP, aquel en el que presidente de la Diputación, Alfonso Rus, contaba billetes: «Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas». Pelas de todos los valencianos. Esto también tiene nombre e igualmente acaba por R.

Después de este cúmulo de desvergüenza. Tras sufrir dos grandes casos de corrupción, la corporación provincial decidió transformar la empresa. Y ahí estamos ahora. Ciudadanos (Cs) se ha abstenido en el último paso del pleno para alcanzar la reconversión. Lo hemos hecho porque creemos que este proceso ha de contar con todas las garantías. Para que así sea, se ha de acreditar que la transformación tiene suficiente seguridad jurídica.

Es cierto que se han elaborado distintos informes, tal y como habíamos pedido, pero todavía hay extremos que no están del todo claros. El gobierno quería transformar la Sociedad Anónima en una Entidad Pública Empresarial Local de manera muy rápida y sin todas las garantías. Y Cs, como siempre, quiere estar muy seguro de lo que apoya.

Podemos parecer desconfiados o alarmistas. No es eso. Se trata de responsabilidad. Cuando sospechábamos que algo estaba pasando en Divalterra, cuando tuvimos indicios de que así era, cuando nos vimos obligados a ir con un notario porque se nos negaba la información…, entonces, también se nos tachó de exagerados. Hasta que una mañana de junio, la UDEF precintó Presidencia, Rodríguez salió esposado y la ciudadanía valenciana retrocedió en el tiempo cuando vio que sus gobernantes, de nuevo; aunque ahora de otro color, les habían fallado.

No quiero decir con esto que ahora se esté cometiendo alguna irregularidad, pero Cs no quiere fallar a ningún valenciano. Nuestra obligación es trabajar para que todas las decisiones que se tomen para la viabilidad de la empresa y sus trabajadores sean las correctas. Nuestro compromiso, que la ciudadanía valenciana nunca haya de volver al pasado.