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Julio Monreal

Lo que de verdad importa

En el otoño de 1957, la ciudad de València y una buena parte de su área metropolitana sufrieron una catastrófica riada provocada por lluvias torrenciales y una crecida histórica del río Turia, que atravesaba la capital por el centro. Después de enterrar a los muertos, retirar el barro de las calles y comenzar la ingente tarea de reconstruir casas, comercios e industrias afectadas, el gobierno franquista aprobó solo unos meses después, en julio de 1958, el plan para excavar un nuevo cauce para el río entre la Cassola del Repartiment (Quart de Poblet) y el mar a la altura de Pinedo. El nuevo cajero sería capaz de dar cabida a riadas de las que se produce una cada 500 años. Y la ciudad afrontó otros cambios en profundidad, como su red ferroviaria, la de carreteras y accesos; nacieron nuevos barrios con viviendas para los damnificados (Fuensanta, Isla Perdida...) y se liberó el viejo cauce del paso de agua, haciendo posible que 30 años después, ya con la democracia recuperada, ese canal sin destino se convirtiera en el elemento más singular de la capital, el Jardín del Turia, un parque de usos múltiples que se ha constituido en la auténtica arteria viaria, peatonal, ciclista, cultural, institucional, lúdica, ambiental y residencial de la ciudad que un dia ese mismo rio convirtió en un lodazal.

Como tras las inundaciones de 1957, el paso de la pandemia de la covid-19 abrirá la puerta a grandes cambios. Como entonces, ahora es el momento de honrar y enterrar a las víctimas y mantener limpias las calles, pero también hay que ponerse a pensar, a trabajar en la sociedad que se quiere para después del coronavirus. Esta primera epidemia global en un mundo que se comunica al instante lo primero que va a cambiar es la mirada de las instituciones, de la sociedad y de cada individuo hacia sus sistemas sanitarios. Incluso quienes vivían en la convicción de que disfrutaban del mejor servicio de atención a la salud del mundo, (España, por ejemplo, y no sin razón) se han visto desbordados por la magnitud del golpe. Artículos que hasta ahora tenían un valor nimio, como unos guantes de látex, una mascarilla o una botella de alcohol de 96º, se han convertido en productos de mercado negro por los que gobiernos nacionales y regionales de todo el mundo pelean en las lonjas internacionales a precios de oro.

Una cama en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ha adquirido un valor vital, nunca mejor dicho, y no tanto por su equipamiento, que desde luego que lo es, sino por su número. El servicio sanitario en general, medido en hospitales, camas, respiradores, botellas de oxígeno y todo lo que conlleva, alcanza su verdadera importancia, una dimensión desconocida, en una crisis como la actual, en la que se aceleran hospitales provisionales para descongestionar de pacientes leves los espacios en los que verdaderamente la vida y la muerte pelean cada segundo.

Pero este aprecio por un sistema de salud que proteja a la población, y en general por un Estado que garantice atención sanitaria, social o laboral de manera universal a sus residentes, no se ha dado siempre con la intensidad que se vive hoy y que cobrará más importancia en el futuro. Partidos políticos que hoy atizan al Gobierno de Pedro Sánchez por haber tardado demasiado en adoptar medidas preventivas o en comprar mascarillas o batas que los sanitarios necesitan para trabajar contra la pandemia no dudaron en aplicar severos recortes al sistema público de salud en España (algunos los cifran en 7.000 millones de euros) tras la crisis económica y financiera de 2008. Esos mismos látigos, erigidos hoy en Capitanes Aposteriori, eliminaron la universalidad de la atención sanitaria, obligando a recuperar la desaparecida beneficencia para atender a colectivos no cotizantes e inmigrantes, por ejemplo; ejecutaron despidos de personal interino y paralizaron actuaciones de reequipamiento sanitario en forma de nuevos hospitales, centros de especialidades y atención primaria.

No contentos con sus actuaciones en materia de sanidad, quienes hoy más vociferan ningunearon las normas de implantación de la cobertura por dependencia, aprobadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, cercenando la dotación presupuestaria hasta dejarla en torno al 10 % de la población con derecho. Aprobaron una reforma laboral que abarató el despido y estigmatizaron a quienes vivían de un subsidio, asociándolos en ocasiones a gandules.

Todos los colectivos más desfavorecidos pagaron la factura en sus carnes para que el presidente Mariano Rajoy pudiera decir con orgullo que había evitado el rescate de España por parte de las instituciones europeas, limitando la salvación a la banca, que consumió ingentes cantidades de dinero del Estado, aún no devueltas. Pero la gente, dicho sea en términos populistas, reaccionó y se echó a la calle contra aquel desmantelamiento del estado del bienestar. Fue el 15 M, las protestas de las plazas y los jardines, y el nacimiento de formaciones como Podemos y Compromís, que guardan relación directa con aquella desprotección tejida desde la cumbre, y con una calamitosa gestión de los recursos públicos.

Aún no se había recuperado el ritmo de los servicios públicos previo a la crisis cuando el coronavirus ha golpeado en los tobillos delgados de una sociedad estupefacta y asustada y de unas instituciones como la Generalitat Valenciana, mermada en su capacidad por una infrafinanciación que viene de lejos y que le ha impedido en los últimos años dotar con presupuestos adecuados las áreas que los partidos del Botànic II pretenden priorizar, como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la protección laboral.

Son precisamente las prioridades las que han dado un vuelco, dejando al descubierto lo que de verdad importa a los ciudadanos, a la sociedad, a las instituciones: la salud, la seguridad, el suministro de productos de primera necesidad, la cobertura social para autónomos y desempleados, la información veraz, las telecomunicaciones y un puñado de cosas más, muy pocas. Se da uno cuenta en el confinamiento de la cantidad de cosas prescindibles que rodean la vida ordinaria, y del auténtico tesoro que representa tener cubiertas las necesidades básicas.

Al lado del reto de superar la crisis del coronavirus en los hospitales, en las residencias de mayores y en los distintos espacios en los que se combate, hablar hoy de recuperar el peaje en las autopistas, de construir tal o cual puente o comprar nuevos autobuses para la EMT se antoja superfluo. El trabajo está en diseñar y crear una sanidad más resiliente; en recuperar un tejido investigador que se destruyó a partir de 2008 en España y que hoy se echa en falta; en repensar los geriátricos y garantizar el bienestar de sus usuarios; en mejorar las redes de telecomunicación que permitan la interconexión social y laboral...

La lista continúa, y en ella no puede faltar a escala valenciana, y también estatal, la redefinición del papel de la sanidad privada en la sociedad. Con demasiada frecuencia, las formaciones políticas conservadoras han adoptado medidas descaradamente favorecedoras de quienes trabajan la sanidad como un negocio. Y los partidos llamados progresistas han satanizado esa misma actividad del mismo modo y por las mismas razones que en los campos educativo y geriátrico, por ejemplo. La sanidad privada, mientras exista, ha de tener un papel, el que se decida, pero ha de ser consensuado, y no una guerra permanente. Sus hospitales, sus medios, su personal también son piezas en la lucha.

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