Sin duda vivimos tiempos difíciles para todos; tiempos de dolor y de inseguridad, ante el ataque y la amenaza de un nuevo enemigo que nos exige actuar con inteligencia, dando un paso atrás en nuestras costumbres y modo de vida para proteger con sentido cívico el bien común de la salud de todos. Son tiempos también de equilibrio personal, de paciencia en las relaciones con los más cercanos, especialmente los mayores, de gran imaginación con los más pequeños y de profundo reconocimiento y apoyo a quienes desde las responsabilidades públicas y de gobierno gestionan la respuesta a esta crisis, con especial consideración de todos los sanitarios. A unos y otros, mi solidaridad.

Pero, afortunadamente, este tiempo de recogimiento y de soledad es una gran oportunidad también para la reflexión, para refrescar en nuestra memoria viejas batallas que dieron sentido a la vida de varias generaciones de españoles, comprometidos tanto con la construcción de una sociedad democrática, como con la definición de un modelo social avanzado que se conoce como Estado de bienestar y que hoy constituye el instrumento central en la lucha contra el COVID-19.

Estoy seguro de que muchos trabajadores que entonces lucharon contra el aumento de la siniestralidad laboral, favorecida por reformas laborales que propiciaban la precariedad en el empleo, y que tantos sanitarios y ciudadanos que enarbolaron la bandera de la defensa del sistema público de salud, frente a las políticas privatizadoras, recordarán la frase que da título a este artículo y que repetimos tantas veces como una idea solidaria, cuya certeza y trascendencia hoy podemos comprobar. La historia nos dio la razón y hoy podemos encarar el reto de la lucha contra el coronavirus con la esperanza de vencerle, gracias al desarrollo entre todos de un sistema sanitario que debemos cuidar y mejorar como un verdadero tesoro también para las generaciones venideras.

Y es que la realidad de los sistemas públicos sanitarios y de seguridad social, no sólo la componen las instituciones que los conforman, los recursos humanos que los gestionan y el ideal de cobertura asistencial y prestacional establecido; sino que también forman parte de esa realidad las ideas que todos ellos objetivan. Es decir, el Sistema Público y la Seguridad Social, como respuesta organizada frente a las necesidades sociales, también están impregnados de un aparato ideológico. Y en estos momentos tan difíciles como los actuales, conviene no olvidar cuáles son las ideas-fuerza que fundamentan el andamiaje político-jurídico de nuestros sistemas públicos de Salud y Seguridad Social; lo que, además, nos permitirá apreciar con rigor la coherencia de la declaración del estado de alarma en nuestro país y de las medidas establecidas por el Gobierno para proteger la salud y seguridad de todos los ciudadanos.

La persona como individualidad y la sociedad en su conjunto han protagonizado desde siempre una lucha por su seguridad. O lo que es lo mismo, el hombre y la sociedad han vivido siempre atemorizados por la inseguridad. Ello permite decir que la razón seguridad-inseguridad se presenta allí donde hay naturaleza humana, incluso podría decirse donde hay naturaleza viva. Así las cosas, cabe concluir que dado que el hombre pierde la seguridad "socialmente", también "socialmente" debe recuperarla; lo que no sólo responde a una cierta justicia compensatoria, sino que es lo único que se puede hacer. O con otras palabras, cuando se agudizan las relaciones de antagonismo, hay que potenciar las relaciones de solidaridad en beneficio del bien común, en nuestro caso, hoy, la salud de todos.

La expresión política de esta solidaridad la compendia el régimen intervencionista del Estado - del que son ejemplos notables el Sistema Sanitario Público y la Seguridad Social - que impone un principio que no se realiza espontáneamente y que exige la contribución obligatoria de todos en proporción a los recursos de cada uno. Y en una situación de crisis sanitaria sin precedentes y de tan enorme magnitud como la que vivimos, esa necesaria intervención del Estado justifica la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública con todos los recursos sanitarios públicos y privados existentes en el país (RD 463/2020).

Nadie puede dudar hoy que esta intervención del Estado es absolutamente necesaria en el campo de la protección del derecho a la salud, aunque ello exija aplicar medidas temporales de confinamiento obligatorio y, por tanto, restrictivas del derecho a la libertad de movimientos. En el dilema concreto de esta crisis sanitaria, la defensa del bien común de la salud exige el sacrificio solidario personal, además, como ejercicio de responsabilidad. Y no olvidemos que el ejercicio de la libertad crece y se desarrolla cuando aumenta la seguridad de la persona frente al riesgo de la enfermedad. Pero que el objetivo del bien común, nunca nos haga perder el sentido común.