La impaciencia por recuperar la normalidad no debe de cegarnos y este tiempo de tribulación debemos convertirlo en tiempo de experiencia, proyección y previsión.

Aún latentes los últimos coletazos de la interminable crisis financiera-inmobiliaria que estalló en 2007, nos enfrentamos ahora, a un fenómeno del que no se tiene noticia previa, por cuanto que el mundo global en el que vivimos ha servido a la rápida propagación de la enfermedad y a su vez con la misma rapidez a la explosiva infección del sistema económico, que quedará irremediablemente desfigurado por la misma globalización que impulsaba a la nueva economía del siglo XXI.

Puede que no lo percibamos con inmediatez, pero la Europa y la España del día después, sin duda van a ser profundamente distintas en muchas cosas. Advierto, también, pues es mi hábitat, que en el mundo de la justicia no será distinto, aun cuando los operadores judiciales son los más lentos y menos permeables al cambio, por cuanto que su evolución siempre depende de una difícil y compleja labor de previsión legislativa. Pero la exigencia de la situación nos empujará, ante la necesidad, a romper muchas de las barreras del inmovilismo y a su vez obligará al Estado a legislar de forma urgente en pos de la agilización de los procedimientos judiciales y de la modernización de la planta judicial para poder atender aquellos casos que por su especialidad acabaran teniendo un protagonismo impuesto por la situación.

Es pues el momento, antes de que se acabe este confinamiento previsto por el estado de Alarma, de revisar nuestra legislación para actuar con urgencia en materias de afección segura. Los órdenes contencioso administrativo, laboral, civil, y muy especialmente el concursal (mercantil), deben de estar predispuestos a medidas urgentes para el día después.

Contando con la experiencia de la crisis recientemente vivida, que mostró en la práctica que los mecanismos concursales no sirvieron para salvar empresas, ya que la inmensa mayoría de los concursos judicializados acabaron en la liquidación de estas, la perdida de los puestos de trabajo de sus trabajadores y la inhabilitación para el ejercicio del comercio de muchos emprendedores que personalmente y con sus familias habían avalado sus negocios.

Entre todo lo que se va a llevar por delante la crisis no nos podemos permitir el lujo, otra vez, de perder una generación de autónomos, empresas y empresarios grandes y pequeños y emprendedores con talento, voluntad de esfuerzo, decisión y arrojo.

Sería conveniente abordar de forma inmediata, la potenciación de la planta judicial incrementando el número de juzgados de lo mercantil en toda la geografía española, reformando la ley concursal con medidas que se orienten hacia la agilidad de los procedimientos, la pervivencia de las empresas y la rehabilitación rápida de los empresarios, y entro otras medidas reformar los procedimientos de selección de los administradores concursales de una manera unificada y con la garantía en su designación de los estándares de trasparencia que hoy la sociedad reclama sometiéndolos a los principios de publicidad, mérito y capacidad, y siempre homogenizando, garantizando su retribución fiscalizándola públicamente.

De igual forma, las remoras a las que nos va a someter el maldito-virus, colapsarán los juzgados del orden social, los de familia, los juzgados de primera instancia, y los de lo contencioso administrativo, que verán incrementada su carga de trabajo con los todos los procedimientos resultado de la crisis sanitaria además de con las dilaciones y acumulación de trabajo de las causas en curso por el tiempo de confinamiento y paralización.

La evolución de los criterios prioritarios en cuanto a la necesidad de respuesta que la sociedad busca en la Justicia, con una administración judicial ya de por si sobrecargada y con déficits estructurales eternos, deberá encontrar la primacía de la simplificación, la concentración de esfuerzos, la utilización de los medios informáticos y conjugarlos con la activa colaboración de todos. Magistratura, Jueces, Fiscalía, Letrados de la administración y funcionarios de todo orden. Pero también, abogados, procuradores y graduados sociales, profesionales todos que tienen mucho que aportar, y son parte de la Justicia.

El Consejo General del Poder Judicial ya ha empezado de facto a organizar los equipos de trabajo necesarios en su seno y en los Tribunales Superiores de Justicia de todas las Comunidades Autónomas para esta reorganización de urgencia. Aprovechemos ese movimiento para que la sociedad civil, nuestros gobernantes y los legisladores activen el interruptor de la constante evolución de las estructuras de la justicia, el tercer poder, que desde la transición y durante todos estos años ha conservado el reconocimiento de su prestigio y la confianza del conjunto de los ciudadanos, pero curiosamente desde el descontento en las experiencias personales de la mayoría de sus usuarios.